En esta pandemia han muerto muchas personas -más de las que se contabilizan oficialmente porque son muchos los que no acuden a los desvencijados hospitales nacionales en busca de atención- y si bien es cierto que en todo el mundo la letalidad del virus es alta, en nuestro país tenemos que sumar a ese factor la ausencia de un eficiente sistema de salud que pueda ayudar a salvar vidas en peligro. En la mayoría de países se ve que los pacientes que no superan la prueba han pasado hasta tres semanas en las unidades de cuidados intensivos porque hay equipos e insumos para ventilarlos artificialmente y para atender las otras dolencias que son complicaciones colaterales de la enfermedad.
En Guatemala, en lo que al sistema de salud estatal se refiere, el abandono que ha sufrido toda la red hospitalaria como consecuencia de años de saqueo inmisericorde tiene efectos terribles porque se carece de personal y equipo para librar esas luchas contra la muerte que se derivan de la propagación del virus que puede contagiar a tanta gente, de manera leve o asintomática para la mayoría, pero que puede generar complicaciones muy serias en algunos de los pacientes, especialmente pero no de manera exclusiva a los de la tercera edad y quienes tienen condiciones especiales como presión alta, diabetes, obesidad o problemas cardíacos.
Todas las vidas humanas son valiosas y por todas las que llegan a estar en riesgo se debería de librar batallas intensas para lograr su recuperación. Cualquier muerte que se produce en el sistema hospitalario debe acongojarnos y recordarnos que la tolerancia al saqueo que se ha hecho del sistema de salud tiene consecuencias fatales. Hemos dicho infinidad de veces que la corrupción tiene un alto costo en términos de vidas humanas, sobre todo en situaciones relacionadas con la salud pública y la seguridad ciudadana.
Lamentamos mucho la muerte del doctor Jorge Villavicencio ocurrida en el hospital en el que trabajó casi toda su vida y que dirigió por muchos años, primero como Director y luego como Ministro de Salud Pública. Entendemos que sus colegas hicieron todos los esfuerzos por salvarlo y hemos publicado la resolución de la Jueza Erika Aifán quien ordenó el traslado a su residencia para ser atendido por el coronavirus, orden que fue expresamente ignorada por el Sistema Penitenciario.
Tristemente su muerte viene a corroborar que lo ocurrido con el sistema de salud tiene un precio que se paga en vidas humanas y eso debe abrirnos a todos los ojos para entender el problema que causa día a día tantas muertes en Guatemala.
