Pedro Pablo Marroquín Pérez
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@ppmp82
Los avances que se pudieron dar desde el 2015 a la fecha en materia de investigación fueron posibles porque el Ministerio Público (MP) dejó de ver la corrupción como parte normal de la cooptación y Thelma Aldana decidió apoyar a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en el esfuerzo que inició Iván Velásquez por enfrentar judicialmente los poderes paralelos que han tenido secuestrado al Estado y cuyos orígenes se remontan casi que hasta nuestra Independencia.
En el proceso se fueron sumando algunos jueces, que agobiados por la cooptación, vieron en la independencia judicial y en la aplicación de la ley el camino del cambio si de verdad queremos tener un Estado de Derecho en el que la certeza sea más que una palabra usada a conveniencia. Hasta la misma Contraloría, que no logra liberarse del secuestro, ha hecho cosas que antes no realizaba porque se les elegía con esa condición.
Las investigaciones eran un primer paso, pero era necesario que los guatemaltecos hiciéramos lo apropiado para poder realizar los necesarios ajustes al Sistema porque los vicios que hoy nos tienen en problemas siguen intactos y los negocios y el tráfico de influencias persisten aunque cambian de manos de tiempo en tiempo y de actores.
Pero estamos a punto de que todo quede en nada porque el Padrino del Sistema, el alcalde Álvaro Arzú, responsable de la exacerbación que se dio de septiembre a la fecha, incluso con llamados a la violencia, está a punto de quedar liberado de responsabilidad en esta primera fase y al lograrlo, tendrá motivos suficientes para seguir batallando para consolidar la Dictadura de la Corrupción que opera en el país y que a él se le atribuye en buena parte.
Una jueza con antecedentes muy particulares recomendó no retirar la inmunidad al Alcalde y una Sala de Apelaciones que es afín a Blanca Stalling y que ya favoreció a Arzú en una oportunidad, decidirá el futuro del Alcalde, de facto Presidente gracias a los auspicios de Jimmy Morales.
La Corte de Constitucionalidad (CC), con tal de quedar bien se disparó una resolución increíble en torno al financiamiento electoral ilícito, diciendo que es peor la cooptación que se da con el dinero del narcotráfico que la que se queda con dinero obtenido de manera lícita. Eso es como decir que un asesinato perpetrado con arma no registrada es peor que el que se realiza con un arma que dejó rastro en el Digecam, aunque al final del día son asesinatos por igual y que el arma no esté registrada será motivo de otro delito, como también lo es el narcotráfico u otras formas de crimen organizado.
Pero tras esa orden que se le dio al Congreso para que modificara el segundo párrafo del artículo que trata el delito de financiamiento electoral, el Legislativo se dispone a ello y por eso, Arzú Jr. dijo ayer que en realidad lo que falló el 13 de septiembre, Día de la Infamia, fue la forma en la que se recetaron impunidad, pero que ahora la CC les da la razón.
Siempre he creído que las opciones de cualquier ciudadano que deba reconocer un error tipificado como delito, no pasan por fomentar mayor impunidad aunque sea ordenada por una Corte al Congreso para cumplir con el principio de legalidad, sino que pasaba por el proceso de aceptación y por eso hice referencia a la famosa iniciativa “Ley de Aceptación de Cargos” con sus contemplaciones originales pues estimo que todos podemos equivocarnos aunque tenemos la obligación de rectificar de forma adecuada y asumiendo las consecuencias necesarias.
He de advertir pues que la dictadura de la corrupción está a punto de consumar su continuidad sin mayores contratiempos y emborrachados de poder, no cesarán los intentos por expulsar a Velásquez y sentar en el MP a un operario de la Dictadura de la Corrupción.
