La súbita destitución ayer del ministro de Gobernación Francisco Rivas es un evidente acto de “represalia equivalente”, término que define exactamente el “toma y daca” o su equivalente en inglés, “tit for tat”, lo que evidencia los niveles que ha alcanzado el ya tristemente célebre Pacto de Corruptos que no tiene entre sus consideraciones andarse por las ramas, ni con decisiones razonadas y elaboradas, sino que simplemente impulsivas e irreflexivas.
El ministro Rivas llegó con el más pleno respaldo de la Embajada de Estados Unidos, misma situación que se daba con el también defenestrado superintendente de Administración Tributaria, Juan Francisco Solórzano Foppa y curiosamente ambos fueron funcionarios del Ministerio Público antes de llegar a los puestos de los que fueron removidos abruptamente por el gobierno del presidente Jimmy Morales. En el caso de Rivas la decisión es obvia represalia por la captura del exministro de la Defensa, Williams Mansilla, acusado por haber autorizado el “bono” que elevaba los ingresos del mandatario a casi los 200 mil quetzales al mes, eso sin incluir los regalos que le hace la SAAS para cubrir todos sus gastos personales.
Obviamente al gobierno le caló hondo la detención de Mansilla porque se refiere exactamente al bono otorgado al Presidente, lo que generó enorme malestar, tanto como para tomar precipitadamente la decisión de “aceptar la renuncia” que Rivas había presentado cuando el gobernante declaró persona no grata al comisionado de la CICIG, Iván Velásquez. Minutos antes de que se anunciara tal “aceptación”, Rivas había ofrecido una conferencia de prensa hablando de las cuestiones bajo su responsabilidad como encargado de la seguridad ciudadana y el combate a la corrupción, sin imaginar siquiera que en esos momentos se estaba montando la conferencia de prensa en la que el vocero de la Presidencia anunciaba que le daban las gracias por los servicios prestados.
Es evidente que cada vez se marcan más las diferencias entre los entes a cargo de las investigaciones criminales y quienes cierran filas en el Pacto de Corruptos. La sindicación el jueves del diputado Alejos como parte de los negocios que se hacían en la SAT es un duro golpe para uno de los operadores de dicho pacto y a ello se sumó ayer la captura del exjefe castrense por un favor escandaloso que hizo al gobernante.
Mala señal cuando las más altas autoridades de un país optan por la política de toma y daca, lo que confirma escasa capacidad para tomar decisiones de Estado justamente cuando el país se encuentra en una verdadera encrucijada.
