Factor Méndez Doninelli
Cuando se trata de crisis de Estado, social y política como la que tenemos en el país, la situación se complica y las posibles soluciones resultan peliagudas, insuficientes y difíciles de articular.
Eso ocurre en Guatemala, la crisis de Estado ahora debida a decisiones ilegales e impopulares del Ejecutivo secundadas por el Legislativo, han creado condiciones para que el descontento popular crezca, porque la gente percibe un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad, situación que está haciendo olas y que amenaza con desbordarse.
Las minorías impunes y corruptas, incrustadas en los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo, Judicial y algunas Municipalidades, persisten en la sandez de frenar el combate a la corrupción e impunidad, de obstaculizar la justicia y de proteger intereses particulares espurios y perversos.
Es indignante que diputados corruptos y ladrones protejan al presidente Jimmy Morales, contra quien el Ministerio Público (MP) ha solicitado un nuevo antejuicio por presunto enriquecimiento ilícito al recibir un sobresueldo mensual de Q50,000.00, otorgado por el Ministerio de la Defensa Nacional. Sobre ese mismo caso, la Contraloría General de Cuentas (CGC) denunció al exministro de la Defensa, general Williams Mancilla.
Además, se ha presentado solicitud de antejuicio contra el expresidente y actual Alcalde de ciudad Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, por usar fondos municipales para pagar campañas electorales y plazas fantasma que pagaban salarios del presupuesto de la Municipalidad capitalina. Por estos hechos ilícitos, también fueron capturados abogados y operadores políticos. Estos negocios fueron realizados por Arzú Irigoyen y la red que encabezaba el reo Byron Lima Oliva, fallecido en 2016 resultado de un ataque armado adentro de la prisión.
Arzú alega que la acusación en su contra es una revancha política, por haber impedido un “golpe de Estado” contra el presidente Morales. Lo cierto es que esta situación aumenta la incertidumbre.
Tales condiciones, más las debilidades estructurales históricas, la frágil institucionalidad, el retraso en la aplicación de justicia, el fortalecimiento de las redes de impunidad y corrupción, el desatino y desfachatez de la clase política, agudizan la crisis sistémica del Estado, que ahora se encuentra en punto de no retorno.
En las últimas semanas, diversas expresiones sociales coinciden con el planteamiento que he venido insistiendo desde la crisis de 2015, en el sentido que una salida a la delicada situación nacional, es convocar a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) que discuta, formule y apruebe un nuevo pacto social y que entre otros asuntos, impulse una reforma profunda al sistema electoral y de partidos políticos.
Esta propuesta ciudadana crece, por considerar que es una solución viable para atender los graves problemas históricos y estructurales sin resolver, que hasta hoy contribuyen al deterioro de la gobernabilidad y de las condiciones económicas y sociales de la población.
Tal solución no es fácil, debido a que dicha convocatoria debe hacerla el Congreso Nacional, integrado en su mayoría por diputados opuestos a las reformas y defensores de la corrupción e impunidad.
Entonces, ¿qué hacer? Por ahora, la tarea ciudadana es no aflojar las exigencias por depurar el Legislativo, insistir en los antejuicios contra el presidente Morales, el alcalde Arzú, los 107 diputados que apoyaron el pacto de corruptos, empujar las reformas a la Ley electoral y partidos políticos y la convocatoria a la ANC.
