Javier Monterroso
Está claro que en todo el mundo se vive lo que los autores llaman una “crisis de la representación política”, esta crisis es provocada por la insatisfacción que sienten los ciudadanos debido a que la clase política lejos de velar por los intereses de toda la población, ha utilizado los cargos de elección popular para enriquecerse por medio de la corrupción, lo que conlleva en la mayoría de los casos, además, una incapacidad manifiesta del Estado para satisfacer las necesidades sociales.
Sin duda Guatemala pasa por una etapa terminal de esta crisis de representación, y las manifestaciones del 15 y 20 de septiembre son un reflejo de la misma, una buena parte de la población ya no cree en los políticos, no se sienten representados por ellos y lejos de admirarlos y agradecerles su labor quieren defenestrarlos.
¿Qué fue lo que hicieron los políticos para llegar a esta crisis? El Congreso de la República es, sin duda, el epicentro de la crisis política, décadas de funcionamiento oscuro, pactos colectivos abusivos que beneficiaron indebidamente a los trabajadores, negociación de proyectos de construcción a cambio de dinero, chantaje permanente al Ejecutivo para obtener plazas, plazas fantasma de trabajadores inexistentes cuyo pago ficticio caía en las manos de los mismos diputados, contratación de parientes, amantes, etc. Con contadas excepciones el 90% de los partidos políticos y diputados comete esas prácticas cotidianamente.
Y la gota que derramó el vaso fue, sin duda, la aprobación el día 13 de septiembre de este año de los decretos 14 y 15-2017 por medio de los cuales 112 diputados intentaron garantizar impunidad en los delitos electorales, pero además en su afán de lograr impunidad para ellos y los familiares del presidente Jimmy Morales (quien también fue parte del pacto), cometieron la terrible imprudencia de modificar los artículos 50 y 51 del Código Penal, abriendo con ello la posibilidad de que cientos de personas condenadas por delitos graves como extorsión, violación, narcotráfico, robo agravado, delitos de corrupción, delitos contra la administración de justicia y otros más pudieran pagar para salir de la cárcel lo que hubiera afectado no solamente la credibilidad del Sistema de Justicia sino que incluso hubiera generado un mensaje nefasto a la población afectando con ello el orden social.
¿Cuáles son los mecanismos de salida a una crisis de esta magnitud? Los expertos dicen que es entonces cuando el Sistema de Justicia debe limpiar a la clase política, juzgando a los políticos por sus delitos cometidos y haciendo prevalecer el sentido de justicia y legalidad, si esto no sucede el sistema jurídico, político y social estaría en riesgo de romperse pues los mismos llamados a hacerlo respetar lo rompieron. Por eso rechazamos el diálogo con la clase política y exigimos depuración.
