Claudia Escobar. PhD.
claudiaescobarm@alumni.harvard.edu
Los signos de debilidad institucional en Guatemala están llevando al país camino a la anarquía. Los ejemplos sobran en los tres organismos del Estado, pero en estos momentos los ojos están puestos en el Congreso.
En un régimen democrático republicano, el Congreso representa a los ciudadanos. Esto implica que los diputados son los encargados de legislar en beneficio de la población. Sin embargo, en Guatemala, los señores congresistas, salvo raras excepciones, utilizan su mandato para hacer negocios y aprovechan sus contactos para ejercer el tráfico de influencias, en todas las dependencias del Estado. Creen que con dinero pueden comprar voluntades y no son capaces de escuchar la voz del pueblo. Hasta hace pocos meses se creían sultanes, que estaban por arriba de la ley. Ahora vemos cómo muchos de ellos enfrentan procesos penales por sus acciones delictivas y eso los tiene muy inquietos.
El pretender someter a la ministra de Salud, Lucrecia Hernández, a una absurda interpelación, los ha retratado de cuerpo entero, pues atacan a una funcionaria que está haciendo bien su trabajo, nadando contra corriente en un ambiente hostil a la transparencia y la gestión efectiva. Además, de forma acelerada proponen leyes que garanticen la impunidad de sus fechorías, como la iniciativa que busca exonerarlos a ellos y a sus secuaces de cualquier responsabilidad penal; así como la que limita la presión preventiva. Estas son propuestas descaradas que promueven mayor impunidad.
Los guatemaltecos tenemos que estar muy atentos a la labor de los congresistas, recordemos cómo a través de promulgación de leyes y decretos antidemocráticos, los pueblos han perdido sus derechos. En nuestro propio continente tenemos los casos de Venezuela o Nicaragua que nos demuestran que los gobiernos autoritarios se imponen cuando los ciudadanos no están atentos al quehacer del Legislativo.
Recientemente, en un interesante conversatorio en el Aspen Institute, la admirable Juez de la Corte Suprema de Justicia, Sonia Sotomayor expresó que: “Los políticos harán, lo que los ciudadanos les permitan hacer. Si queremos que las cosas cambien debemos actuar juntos como una comunidad.” Esto se aplica como anillo al dedo a nuestra realidad.
Mientras que las mafias en el país se organizan para debilitar las instituciones y atacar cualquier esfuerzo de construir un verdadero Estado de Derecho, los demás estamos distraídos, divididos y enfrascados en las heridas de un pasado sangriento que no termina de sanar.
Somos un país pequeño, con una población totalmente heterogénea. Pero en estos momentos debemos esforzarnos por unirnos en un objetivo común: enfrentarnos abiertamente a la corrupción, que es promovida por quienes viven del crimen organizado y buscan impunidad. Esto requiere de un Sistema de Justicia que sea independiente, capaz de juzgar de forma totalmente imparcial; en el que los jueces sean nombrados por sus méritos y sus competencias. La Constitución actual es una camisa de fuerza que no permite fortalecer la judicatura.
Desde el mes de noviembre del 2016, los diputados han encontrado la forma de posponer la aprobación de la reforma constitucional, que persigue una transformación profunda del Sistema de Justicia. Existe un movimiento “Alianza por las reformas” que debe ser ampliado y respaldado por la academia, la iniciativa privada, los grupos indígenas, las iglesias, etc., por todos los grupos y sectores que quieren verdaderamente vivir bajo un régimen de legalidad. Los congresistas entorpecen la reforma constitucional porque los guatemaltecos no somos capaces de sumar esfuerzos en un objetivo común que ponga al Congreso contra las cuerdas.
