Autor: Antony Froylan López Hernández
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Estamos a las puertas de las elecciones generales de 2027 y desde hace varios meses ha resurgido con fuerza un discurso que Guatemala ya conoce bien: la mano dura contra la inseguridad.
Roberto Arzú, uno de los precandidatos presidenciales con mayor exposición mediática, ha insistido en que la solución pasa por sacar al Ejército a las calles, militarizar las cárceles y reinstaurar la pena de muerte para que, en sus palabras, los extorsionistas y los mareros “no tengan dónde esconderse”.
Zury Ríos, hija del general Efraín Ríos Montt, retoma la retórica de orden y control castrense que caracterizó a su padre y ha propuesto replicar en Guatemala las estrategias de seguridad que Nayib Bukele aplicó en El Salvador. No son los únicos: entre distintas figuras y partidos que ya se perfilan para 2027, varios convergen con matices, en la misma fórmula de cárceles de máxima seguridad y estados de excepción.
Es una narrativa atractiva, sobre todo para un país cansado de la violencia cotidiana. Pero antes de llegar a las urnas, vale la pena hacernos una pregunta que no suele acompañar a estas propuestas: ¿qué implica, realmente, para la población guatemalteca entregarle a alguien el poder de “resolver” la inseguridad sin límites de por medio? Porque de cara al futuro que estas elecciones van a definir, la pregunta no es solo qué tan rápido baja una cifra de homicidios, sino qué tan fácil es recuperar un derecho una vez que el Estado decide que ya no es prioridad.
A lo largo de nuestra historia, el Estado ha tratado los derechos de la población como concesiones revocables cada vez que la inseguridad aprieta, justificando sus violaciones a cambio de mantener el “orden social”. Los discursos populistas de los políticos y de los gobiernos que apelan a la seguridad de Guatemala terminan, una y otra vez, sacrificando los derechos y las libertades de la misma población a la que dicen proteger.
El ejemplo más claro es el genocidio maya, cometido entre 1981 y 1983 bajo los gobiernos de Romeo Lucas García y Efraín Ríos Montt; justificado desde la Doctrina de Seguridad Nacional que el Ejército implementó durante buena parte del Conflicto Armado Interno. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), en su informe “Memoria del Silencio” de 1999, señaló con contundencia la participación del Estado en actos de violencia política, crímenes de lesa humanidad y genocidio contra el pueblo maya.
No es un episodio cerrado en el pasado. Entre diciembre de 2025 y abril de 2026, Guatemala ya vivió cuatro episodios distintos de restricción de derechos constitucionales: un estado de prevención en Sololá, un estado de sitio nacional y dos estados de prevención adicionales, lo que sugiere que la excepción, lejos de ser un recurso raro, se ha consolidado como un mecanismo recurrente de control social.
¿Por qué, entonces, sigue siendo tan popular esta narrativa?
Si ya hemos escuchado este tipo de discursos y hemos visto sus resultados tan devastadores, ¿por qué siguen siendo tan populares entre la población?
El discurso de mano dura se vuelve popular no porque la gente ignore su historial, sino porque el cerebro y la política premian lo que se siente ya, no lo que cuesta después. Un toque de queda vacía la calle esa misma noche; los presos inocentes; la censura o las instituciones erosionadas aparecen meses o años más tarde, de forma difusa y sin nombre propio.
Esa misma lógica termina borrando la memoria: hace que la mayoría de nuestros abuelos recuerden el orden de la dictadura y no la represión que lo sostenía, mientras sus nietos heredan, sin haberla vivido, una nostalgia por ese mismo pasado.
Para buena parte de la juventud guatemalteca, ese reclamo no nace solo de una memoria distorsionada, sino de una biografía real: somos, a la vez, quienes más sufrimos la violencia y a quienes más reclutan las pandillas. Pedir mano dura no necesariamente nace de la ignorancia: es una respuesta lógica a un daño que sentimos a diario en nuestros territorios cuando nadie nos ha ofrecido todavía una alternativa viable. Las encuestas del Latinobarómetro son claras al respecto: los jóvenes de 16 a 25 años muestran más apertura a un gobierno autoritario (20%) que los mayores de 61 años (13%). No es un dato menor para quienes, como yo, formamos parte de esa generación.
Esa es justamente la necesidad que países como El Salvador parecen cubrir, y en la que buena parte de estas narrativas sustentan hoy su razón de ser: la caída de homicidios de 38 a 1.9 por cada 100,000 habitantes circula en redes con cifras contundentes, mientras que las más de 7,000 personas liberadas tras ser detenidas por error casi no tienen cobertura. Es el mismo sesgo de lo visible sobre lo invisible que opera en la memoria individual, ahora amplificado por cómo circula la información.
Todo esto converge, al final, en una trampa política: cuando los principales precandidatos para 2027 ofrecen la misma fórmula de cárceles y estados de excepción, el guatemalteco no elige entre seguridad con derechos y seguridad sin derechos, porque la primera opción simplemente no aparece en la boleta. Nadie exige mano dura porque prefiera perder sus derechos: la exige porque, generación tras generación, es lo único que le han ofrecido. Por eso la popularidad de este discurso no prueba que haya que elegir entre libertad y seguridad; prueba una deuda pendiente, la de un Estado que nunca demostró que podía dar las dos cosas a la vez.
El Estado de Guatemala no tiene que elegir entre proteger a su gente y respetar los derechos humanos, porque tiene la obligación de hacer ambas cosas. No es un favor que un candidato nos conceda si gana; es la razón de ser de cualquier Estado, la que sostiene el pacto que nos gobierna desde su origen.
A las juventudes, mayoría demográfica del país y quienes heredaremos lo que se decida en 2027, nos toca ser la generación que exige esa doble obligación en lugar de resignarnos a ella. Buena parte de nuestra generación está dispuesta, según las encuestas, a ceder libertades y derechos a cambio de una promesa de orden, y por eso mismo defenderlas no puede darse por sentado: hay que actuar, y no olvidar cuántas vidas costaron los logros sociales que hoy damos por hechos.
Como advirtió Benjamin Franklin hace más de dos siglos: “Quienes renuncian a la libertad esencial para obtener una pequeña seguridad temporal no merecen ni libertad ni seguridad.” Guatemala ya pagó ese precio una vez. No tenemos por qué volver a pagarlo.
