POR JOSÉ PABLO DEL ÁGUILA
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El Ministerio Público (MP) coordinó esta mañana la captura de tres personas a quienes se les sindica de actos de corrupción en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sin embargo, por una aparente fuga de información, los sindicados lograron evadir la orden de detención, informó la Fiscalía.
Las personas que ahora se encuentran prófugas, según la Fiscalía, son: Silva Madrid Romero, sindicada de asociación ilícita, lavado de dinero y tráfico de influencias; Carlos Humberto González Castellanos, sindicado de peculado, asociación ilícita y fraude, y Juan Carlos Fernández Valle, sindicado de lavado de dinero u otros activos. ´
El MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) emitieron un comunicado en el que indican que, según consta en actas, las personas a las que se buscaba capturar “ya habían sido notificadas previamente de los operativos (que se realizarían hoy para ejecutar su captura) mediante llamadas telefónicas realizadas el día (sic) jueves 12 de abril”.
El comunicado indica que, incluso, al allanar uno de los domicilios, se encontraba el abogado defensor de uno de los sindicados a la espera de las autoridades policiales.
Juan Francisco Sandoval, jefe de la FECI, atribuyó esta fuga de información a que, recientemente, la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) instruyó a los jueces para que todas las capturas las coordinen con la Policía Nacional Civil (PNC) por medio de un sistema de comunicación electrónico.
De momento, la Fiscalía desconoce el paradero de los sindicados.
“SISTEMA NO ES PÚBLICO”
Sin embargo, al ser consultada, la magistrada de la Cámara Penal, Delia Dávila, aseguró que este sistema de comunicación electrónica no es público y los únicos que tienen acceso a este es el juez que gira la orden de detención y la sección de capturas de la PNC.
La magistrada indicó que este sistema se implementó a raíz que en mayo del año pasado se coordinó la captura del exviceministro de Economía y Comercio Exterior, Enrique Lacs Palomo, con una orden de detención falsa. Por este motivo, se buscó un método de comunicación entre los jueces y la PNC más seguro.
“El sistema no es público, nadie sabe de las órdenes de captura, más que juez y el encargado de la sección de capturas (de la PNC). Si hay fuga de información es porque alguna de las personas que tuvieran conocimiento quieran decirlo (filtrar información de la captura), pero no es información pública», dijo Dávila.
Las órdenes de captura fueron giradas por el juez suplente del Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal, Gustavo Peinado.
En tanto, el presidente de la Cámara Penal, Josué Felipe Baquiax, aseguró que ninguno de los magistrados que integran Cámara Penal tiene acceso a información sobre un proceso penal.
Mingob inicia investigación interna
El viceministro de gobernación, Kamilo Rivera, dijo que se inició un proceso de investigación a lo interno de la Policía Nacional Civil (PNC) para determinar si existió una fuga de información en la institución. Agregó que el Ministerio Público (MP) y Organismo Judicial (OJ) también deben investigar si a lo interno de esas instituciones existe una fuga de información.
“La garantía que da el Ministerio de Gobernación es la confidencialidad de la información porque es un mandato legal, estamos conscientes de los delitos que se pueden incurrir. Considero que todas las instituciones que estaban involucradas debemos hacer una autoevaluación”, dijo Rivera.
