POR MARIELA CASTAÑÓN
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El 3 de septiembre de 2014 la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) desarticularon una red de corrupción en Presidios, que involucraba a reos y exautoridades. A casi tres años de este hecho, representantes de la sociedad civil consideran que la corrupción en el sistema carcelario y los problemas persisten, por la ausencia de atención integral por parte del Estado.
Eleonora Muralles, directora de la Fundación y Amigos contra la Delincuencia y el Secuestro (FADS), considera que la situación de las cárceles no ha cambiado.
A criterio de Muralles, la desarticulación de la banda liderada por Lima fue un “golpe fuerte”, pero el reo continuó delinquiendo hasta que murió, mientras tanto, ha habido varios cambios de directores en el Sistema Penitenciario (SP).
“Estos golpes son muy importantes, el problema es que la corrupción está generalizada, principalmente dentro de las cárceles y no se ha logrado recuperar el control por parte del Estado”, lamentó la Directora de FADS.
Según Muralles hay una debilidad institucional “fuerte” que no permite que los golpes a esas estructuras permitan cambios en las cárceles.
TODO EL ESTADO
Por otro lado, Zoel Franco, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala (ICCPG), destacó que los cambios para el sistema carcelario representan un desafío para el nuevo director del SP, Juvell De León, pero que también debe atender la Presidencia de la República.
“Es una tarea que no le compete únicamente a él –De León– sino es de manera intersectorial, con el apoyo del Ministerio de Gobernación (Mingob) y de la Presidencia de la República”, reiteró.
Por su parte, Muralles coincidió en que la atención en las cárceles es un tema de Estado, donde convergen diferentes instituciones y la misma sociedad.
La entrevistada ejemplificó la situación del préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que está detenido y en espera de aprobación por parte del Congreso de la República. El dinero serviría para la creación de infraestructura carcelaria.
La profesional detalló que aunque se crea que no es necesario invertir en las cárceles, sí lo es, porque con infraestructura se puede mantener el control de las prisiones, también con clasificación de reos y promoción de programas de reinserción y rehabilitación.
EL CASO DE 2014
El 3 de septiembre de 2014, la FECI y la CICIG develaron la forma cómo delinquía la estructura presuntamente liderada por Byron Lima.
El reo habría cobrado hasta US $7 mil por trasladar a reclusos a diferentes cárceles del país. Estas acciones supuestamente las realizó en contubernio con Édgar Camargo y Eddy Fisher, exdirector y exsubidirector del SP, respectivamente. Otras personas también fueron sindicadas en este caso.
