POR REDACCIÓN LA HORA
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El Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lograron la captura de tres exdiputados y presentaron siete solicitudes para retirar la inmunidad de igual número de congresistas por supuestas contrataciones irregulares en el Organismo Legislativo, entre 2014 y 2015.
Esta mañana, la Policía Nacional Civil (PNC) detuvo a los exdiputados Luis Mijangos, Alfredo Rabbé y Edgar Cristiani, por los delitos de abuso de autoridad y peculado por sustracción.
Además, se interpusieron solicitudes de antejuicio contra los diputados: Luis Rabbé, Arístides Crespo, César Fajardo, Julio César López Villatoro, Manuel García Chutá, Carlos López y Selvin García, todos miembros de la Junta Directiva del Legislativo del 2015.
La fiscal general, Thelma Aldana, explicó en una conferencia de prensa que entre 2014 y 2015 los miembros de la Junta Directiva del Congreso contrataron a un gran número de personas de forma ilegal.
“Esta forma de contratación irregular para los miembros de la Junta Directiva se convirtió en una práctica habitual y aceptada, a pesar de su evidente ilegalidad, no solo por el completo irrespeto a las formas del proceso de contratación, sino por la no presencia de las personas contratadas en la sede del Congreso, lugar asignado para la prestación del servicio”, indicó Aldana.
La Fiscalía identificó dos modalidades de contrataciones. La primera consistía en contratar personal de forma arbitraria, en irrespeto a las normas de contratación y nombramiento del Organismo Legislativo. De acuerdo con las evidencias recopiladas, dijo la jefa del MP, los miembros de la Junta Directiva se coludieron para repartirse un alto número de plazas laborales.
La segunda modalidad se trata de la creación de plazas fantasma: contrataciones de personal que no se presentaba a laborar, pues tenían puestos en otras instituciones del Estado o empresas privadas.
Los supuestos empleados de los sindicados llegaban a ganar hasta Q15 mil por servicios de asistencia y consultoría, entre otros, pese a que muchos no tenían el grado educativo necesario para desempeñar tales tareas, indicó Aldana.
El jefe de la CICIG, Iván Velásquez, declaró que hubo un manejo “descarado” de la nómina de personal, y explicó que Rabbé, como presidente del Congreso, autorizó la contratación de 21 asistentes, cuando solo tenía «escritorio» para cuatro.
Velásquez señaló que esta situación debe ser un llamado de atención a toda la sociedad de que hay que volver a los cauces de la legalidad, que no hay ninguna permisibilidad para la corrupción, anotó.
Como parte de las investigaciones por este caso, miembros de la Fiscalía Especial contra la Impunidad secuestraron documentos del Departamento de Recursos Humanos del Legislativo, tras recibir la autorización del presidente Mario Taracena.
A LA EXPECTATIVA
Esta mañana, el Juzgado Décimo de Primera Instancia Penal dio a conocer el motivo de detención a los exdiputados capturados y programó la audiencia de primera declaración para este viernes. Los sindicados deberán permanecer en la carceleta de la Torre de Tribunales hasta entonces.
En tanto, los antejuicios contra los siete congresistas sospechosos de corrupción deberán ser conocidos por la Corte Suprema de Justicia.
Las autoridades no descartaron que existan más capturas por este caso.
RABBÉ HABLA EN LA RADIO
Luis Rabbé, expresidente del Congreso, emitió un mensaje en Radio Sonora, en el que advirtió que “ya inició el ataque final para silenciarme”.
«La estrategia de las filtraciones de audios o de algún tipo de informaciones judiciales forman parte del plan para influenciar a un sector del público para que así cuando un caso jurídico llegue a un tribunal el asunto se encuentre tan prejuzgado que ya no se modificará la sentencia del juzgado», indicó.
