Desde que la pareja de Miguel Martínez, el expresidente Alejandro Giammattei dejara el cargo el pasado 14 de enero, las denuncias de presuntas irregularidades han aumentado, sin que a la fecha, las autoridades del Ministerio Público (MP) hayan dado a conocer si se efectúa alguna investigación de oficio.
El 17 de enero, tres días después de dejar el cargo, Estados Unidos le retiró la visa al exgobernante guatemalteco por su «participación en corrupción significativa», ya que habría aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas durante su mandato, acciones que socavaron el Estado de Derecho y la transparencia del Gobierno, puntualizó el Departamento de Estado.
Anteriormente, el Departamento del Tesoro había sancionado a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno, por presuntas irregularidades en la compra de vacunas Sputnik V. Ni una ni la otra son investigadas por las autoridades guatemaltecas.
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En el caso de las vacunas, el MP respondió que hasta que el Gobierno de EE. UU. presentara una denuncia podrían iniciar alguna pesquisa. Anteriormente, en una entrevista concedida a La Hora, el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, confirmó que ninguna fiscalía investiga a Martínez.
Aunque el problema con la fallida compra de escaleras eléctricas, ya había salido a la luz antes de que Giammattei dejara el cargo, hasta el momento, el MP ha llegado a efectuar algunas diligencias, sin que se conozcan resultados de estas.
La ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Jazmín de la Vega, también denunció irregularidades en la firma de contratos; por ejemplo, inconsistencias en la construcción del puente Belice II e incumplimiento de trabajos en las garitas de la autopista Palín-Escuintla.
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Respecto a estas, De la Vega explicó que las autoridades del Gobierno pasado contrataron a la empresa Moca por casi Q1 millón para retirar las garitas de la Autopista, a pesar de que la concesión de esa ruta estuvo a cargo de la empresa Marhnos y que el procedimiento de concesión no se había finiquitado.
Además, la empresa Moca, según De la Vega, no terminó los trabajos que le correspondía hacer en la autopista.
ESCUELAS «BICENTENARIO»
Adicionalmente, a los casos mencionados con anterioridad, el pasado 26 de febrero la viceministra de Comunicaciones, Paola Constantino, denunció en el Congreso de la República, irregularidades en la construcción de las escuelas bicentenario, proyecto estelar del presidente Giammattei.
Una revisión que hizo La Hora de los 13 proyectos reveló que el CIV ya desembolsó al menos Q484.1 millones en estos, casi el total de los Q541.7 millones que fue el monto firmado en los contratos firmados. No obstante, solo una escuela está en funcionamiento, otras tres lo hacen de forma parcial y la construcción del resto se encuentra paralizada; en siete de estas, incluso, ya se pagó por encima de lo originalmente adjudicado.
En seguimiento al tema, Prensa Libre publicó este lunes 18 de marzo que la única que está 100 por ciento finalizada y en funciones, la de Villa Nueva, ya se encuentra deteriorada.
Constantino reveló en la citación que tuvo en el Congreso con diputados de la bancada VOS, que alrededor de la adjudicación de estos proyectos pudo haber operado una estructura que se habría puesto de acuerdo para comprar el material prefabricado a una sola empresa, de origen mexicano, de nombre FAMI, que no aparece registrada como proveedora del Estado, lo que sería «ilegal».
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BUFETE
Otra denuncia pública que se hizo recientemente, el pasado 7 de marzo, fue la que dio a conocer el secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, acerca de la contratación de un bufete de abogados en Estados Unidos con el objetivo de perseguir políticamente a opositores del anterior gobierno que permanecen en el exilio en aquel país.
La denuncia, además del anterior gobernante, incluye a la fiscal general, María Consuelo Porras, y al secretario general del MP, Ángel Pineda, por el posible uso de fondos públicos «para la persecución política», de la exfiscal Thelma Aldana y el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad en Guatemala, Juan Francisco Sandoval.
La denuncia fue presentada ante la Contraloría General de Cuentas que hasta el momento no ha brindado información alguna al respecto.
FRUSTRADA COMPRA
Otro caso de posibles ilegalidades, o al menos irregularidades, que tienen que ver con el pasado gobierno o sus aliados es la construcción de la nueva sede de la Asociación Nacional de Municipalidades (ANAM) que, aunque se vendió como el nuevo inmueble donde sería la sede de dicha asociación, en realidad nunca se adquirió y hasta hoy el propietario es una sociedad anónima.
Para adquirir el edificio, que se encuentra en la zona 13 capitalina, cada municipalidad hizo un desembolso de Q15 mil con el fin de completar Q5.1 millones que costaría un terreno de 40 manzanas donde se construiría el edificio que Giammattei les ofreció a los alcaldes que se financiaría con fondos públicos.
El ofrecimiento del edificio, junto con el manejo de los programas sociales a discreción, habrían sido parte del plan que el anterior gobierno tenía para retener el poder. En teoría contaban con el apoyo de al menos 200 alcaldes quienes conseguirían cinco mil votos cada uno para completar más de un millón para que Manuel Conde fuera electo presidente y contar con mayoría en el Congreso.
La estrategia les funcionó parcialmente. Vamos ganó casi el 40% de las alcaldías y fue el partido con más diputados electos -39, en total-; sin embargo, no les alcanzó para ganar la elección presidencial.
SOSPECHAS DESDE ANTES
Pero desde antes del 14 de enero, también habían surgido denuncias sobre posibles irregularidades, tanto públicas como en medios de comunicación.
La Hora, por ejemplo, publicó cómo a empresas señaladas de tener vínculos con Miguel Martínez se les favoreció con la adjudicación de contratos millonarios, como nunca, precisamente en los cuatro años de gobierno de Giammattei.
La constructora Aspetro recibió contratos por Q2 mil 14 millones en los cuatro años, el cuádruple de lo que recibió en el cuatrienio anterior -Q534 millones- y 819 por ciento más que lo que recibió de 2012 a 2016.
Similar situación ocurrió con la farmacéutica La Botica, que multiplicó sus ingresos en el gobierno de Giammattei. Del 2020 al 2023, según el sitio Guatecompras, se le adjudicaron contratos por Q547.9 millones.
De este monto, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y el Ministerio de Salud le hicieron adjudicaciones por Q540.1 millones, el 75 por ciento de las cuales las hizo el Seguro Social.
Desde 2015 (año en que le aparecen adjudicaciones en Guatecompras) hasta 2019, La Botica había obtenido Q16.7 millones por concursos de todas las instituciones de Estado.
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AEROPUERTO DE ESCUINTLA
Asimismo, levantaron sospechas los contratos adjudicados a una decena de empresas para la remodelación del aeródromo San José, en Escuintla. En total, se han dado contratos por arriba de los Q610 millones.
Giammattei había ofrecido convertir al aeródromo en un aeropuerto de carga. Su periodo de gobierno terminó y no se conocieron los avances.
SU AMIGA
María Consuelo Porras fue electa fiscal general en mayo de 2018 por el expresidente Jimmy Morales. Cuatro años después, Giammattei la reeligió después de una polémica porque no había sido elegida para la terna final por la comisión de postulación.
No fue incluida, sino hasta que la Corte de Constitucionalidad, prácticamente, obligara a los comisionados a hacerlo.
Antes, Giammattei la había calificado de su «amiga», en el momento en que aseguró que Porras había hecho cambios radicales en el MP.
SIN RESPUESTA
En diferentes ocasiones, La Hora ha consultado al MP, sin éxito, si existen pesquisas por señalamientos que han ocurrido en contra de la administración anterior. En el caso de la compra de las vacunas Sputnik V, se limitó a decir que podrían comenzar alguna pesquisa solo si Estados Unidos lo denunciara; es decir, que no investigarían de oficio.
Para este artículo se pidió al equipo de comunicación del MP, información de si había alguna investigación sobre las gradas eléctricas del aeropuerto, de las escuelas bicentenario, por las garitas de peaje o del supuesto edificio nuevo de la ANAM. Un delegado de la oficina ofreció responder a las inquietudes, pero hasta el cierre de la nota no había respondido.
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