![Manifestaciones pacíficas Sololá](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2023/10/F89SxWLWIAA2DiH.jpg?w=696&h=0&crop=1)
La Cámara de Comercio de Guatemala (CCG) pidió el «cese inmediato» de los bloqueos en carreteras, los cuales calificó como «acciones abusivas e ilegales«. Además, destacó la situación que, según una nota de prensa, se vive en Sololá.
De acuerdo con el comunicado de la Cámara, «vecinos y comerciantes de Sololá, están secuestrados y amenazados«.
Además, se detalló que este viernes 27 de octubre suman más de 25 días de bloqueos en carreteras, de acuerdo con los reportes de autoridades.
Durante ese tiempo, los afectados «no han podido transitar libremente, violentándose sus derechos fundamentales de acceso a salud, educación, trabajo y libre locomoción«.
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RECHAZO A MEDIDAS
De acuerdo con el comunicado, la Cámara de Comercio indicó: «expresamos nuestro absoluto rechazo a estas acciones que grupos de personas vienen desarrollando ilegalmente, bajo el argumento del derecho de manifestación«.
Además, explicó que «es insostenible e inhumano que esto continúe así, están acabando social y económicamente a Sololá«.
📢 Con acciones abusivas e ilegales, continúan los bloqueos de carreteras y la exigencia de no apertura de comercios en Sololá. pic.twitter.com/cq6N4vLByl
— Cámara de Comercio de Guatemala (@CamComercioGT) October 27, 2023
HECHOS
El pasado lunes 23 de octubre, el alcalde de la municipalidad indígena de Sololá, Misrahí Xoquic, anunció que iniciaría una nueva serie de bloqueos, esto para solicitar la renuncia de la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras; el Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la agente fiscal Cinthia Monterroso y la del Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana.
Desde el lunes 2 de octubre último, diversas carreteras del país fueron bloqueadas, de manera paralela al desarrollo de las manifestaciones pacíficas con las cuales miles de ciudadanos buscan proteger la democracia.
Esto derivado de las acciones del MP en contra del proceso electoral, que incluyen un allanamiento en la sede central del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el pasado 29 y 30 de septiembre, y el secuestro de las actas electorales 4 y 8 originales, las cuales resguardan la pureza de los comicios.