En la foto la Jefa y Fiscal General del Ministerio Público, María Consuelo Porras y el Fiscal General venezolano, Tarek William Saab. Foto: Alejandro Ramírez

Analistas consultados por La Hora indicaron que existen similitudes en la situación que se vive tanto en Guatemala como en Venezuela, tras el reciente anuncio del Ministerio Público de ese país de investigar las elecciones primarias de oposición, efectuadas el pasado domingo 22 de octubre.

En Guatemala, tras la primera ronda de las elecciones generales 2023, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) inició una pesquisa en contra del partido político Movimiento Semilla, por supuestamente haber utilizado en su formación actas que incluían firmas falsas, entre otros aspectos.

Eso generó en el país una serie de acciones del órgano encargado de la persecución penal en contra del proceso electoral, las cuales incluyen varios allanamientos a instalaciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y finalmente el secuestro de las actas 4 y 8 originales, en las cuales descansa la pureza de los comicios.

Mientras tanto, el Fiscal General venezolano, Tarek William Saab, informó el pasado miércoles 25 de octubre que se considera que hubo «fraude» en las denominadas «Primarias» de la oposición en el país por supuestas «irregularidades» en el proceso.

En un comunicado que figura en el sitio web de la Fiscalía de Venezuela se lee que: «Saab también indicó que dar a conocer cifras falsas de participación en un evento electoral que no es auditable; sin garantías de seguridad del voto, constituye un fraude a la Constitución y a todos los que participaron de buena fe en esa elección«.

Según los analistas consultados, la situación de ambas naciones refleja la instrumentalización de la justicia en procesos propios de la materia electoral, así como el poder del Organismo Ejecutivo, y las acciones para desestabilizar a la democracia.

ROSAL: CREDIBILIDAD DE EVENTO

El analista político Renzo Rosal dijo que con este tipo de acciones se busca restarle credibilidad a los resultados electorales, es decir, que «el gobierno chavista dice lo mismo que se ha mencionado en Guatemala con los comicios, al aseverar que hubo fraude».

Aseguró que, dadas las condiciones, «llámesele robo de votos o cualquier anomalía electoral, este tipo de comportamiento es común en regímenes autoritarios, como es el caso de Nicaragua, que es el más próximo».

Rosal calificó como «inaceptable» este tipo de práctica. Además, aseveró que esto no tiene nada que ver con algún tema de ideologías, sino que regímenes autoritarios, o bien, de países que van en esa vía, como es el caso de Guatemala».

También dijo que en ambos casos, las autoridades encargadas de las investigaciones penales buscan cualquier situación que se pueda «investir como una conducta penalizada».

WONG: MUESTRA DE PODER

Para Jorge Wong, analista político, las acciones de la Fiscalía venezolana son «medidas desesperadas», como en el caso del MP, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), pues cree que si se tenía dudas del proceso electoral, «lo mejor era hacerlo por la vía correcta, aunque esto representara más tiempo».

«A mis amigos, todos. A mis enemigos, la ley«, remarcó el entrevistado, al detallar que tanto en Venezuela, como en Guatemala, la Presidencia tiene todos los medios para hacer cualquier cosa.

El analista afirmó que existe una diferencia en la situación generada por las investigaciones al proceso electoral, tanto en Guatemala como en Venezuela, la cual consiste en los tiempos de las pesquisas. Sin embargo, destacó que en ambos casos es notoria la «intervención de la Fiscalía» en término de los resultados.

Finalmente, explicó que con la calificación de los delitos, «lo que se está haciendo es evitar la decisión popular«, así como «obstaculizar, alargar o empantanar» un proceso democrático.

ORTIZ: JUSTICIA INSTRUMENTALIZADA

Según Edgar Ortiz, de la Fundación Libertad y Desarrollo, la situación en ambos países es «paralela» en tres aspectos:

«Va ligado a la manifestación más burda de la instrumentalización de la justicia, para desacreditar a la oposición, o de los resultados de una elección«.

El argumento de fraude, «situación que en Guatemala no se ha probado«.

El pronunciamiento de «soberanía«, así como una prohibición que en 2015 la Contraloría venezolana emitió en contra de Carolina Machado, candidata opositora, para optar a cargos públicos por más de 10 años.

PROCESOS

En Venezuela, luego de la elección primaria de la oposición, en la cual la Comisión Nacional de Primarias señaló como ganadora a Carolina Camacho, la Fiscalía anunció el inicio de una investigación por los delitos de usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, legitimación de capitales y asociación para delinquir, según consta en la nota oficial de la entidad.

Mientras que en Guatemala, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) ha adelantado una investigación que se mantiene bajo reserva.

En tanto, la Fiscalía de Delitos Administrativos pidió el retiro del antejuicio de los magistrados del TSE en dos ocasiones, mientras que la Fiscalía de Delitos Electorales lo requirió en una ocasión. La Corte Suprema de Justicia (CSJ) tiene pendiente conocer las peticiones.

DIFERENCIAS INSTITUCIONALES

La Comisión Nacional de Primarias en Venezuela es un órgano creado por la oposición de ese país, como un ente rector encargado de que la Elección Primaria se desarrolle de manera transparente, organizada y segura. Dicha institución no es del Estado.

Según la Fiscalía venezolana, ese hecho justifica la investigación por usurpación de funciones electorales, usurpación de identidad, entre los otros delitos que se señalan.

En tanto, el TSE, en Guatemala, es la máxima autoridad en materia electoral. Es independiente y por consiguiente no supeditado a ningún organismo del Estado, como lo establecen la Constitución Política de la República de Guatemala y la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que también es de rango constitucional.

Cristobal Véliz
Periodista de vocación. Amante de las leyes y del Estado de derecho. Experiencia de más de 10 años en la cobertura de los procesos de postulación y nombramientos de funcionarios públicos.
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