En Guatemala, la condición de las niñas y adolescentes que por violencia sexual se convierten en madres no cambia después del nacimiento del bebé, según la directora del Observatorio de Salud Reproductiva (Osar), Mirna Montenegro.
“Como país o como Estado les ofrecemos poco, las condiciones de vida son de mucha pobreza, de vulnerabilidad”, señaló.
Solo de enero a octubre de este año nacieron 57 mil 163 bebés de niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años de edad. Como comparación, la cifra supera a los habitantes de San Pedro Ayampuc.
Del total, 1,824 fueron niñas entre 10 y 14 años y 55,339 de adolescentes entre los 15 y 19 años. Se toman estas edades ya que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) lo estipula de esta manera.
Las niñas madres deben resignarse a un cambio de vida drástico y que, probablemente, ni la justicia ni los programas estatales las alcanzarán.
PROGRAMA CON POCA COBERTURA
El Ministerio de Desarrollo Social (Mides) tiene dentro de su programación el Programa Vida. Consiste en la entrega de un estipendio a las madres menores de 14 años.
De acuerdo con el vocero de la cartera, Walter Gómez, la remuneración es de Q1,500 al mes si se cumplieron ciertas condiciones, las cuales son que la niña embarazada acuda a los chequeos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social o bien que su hijo o hija asista a las citas respectivas.
Hasta ahora solo 154 niñas integran el programa (8.44 por ciento de las niñas entre 10 y 14 años que tuvieron un nacimiento).
Vuelve el show de Luces Campero en el Campo Marte. Aquí te compartimos algunas recomendaciones: https://t.co/3CnprOnluV
— Diario La Hora (@lahoragt) December 10, 2022
Montenegro apuntó que el programa existe desde 2017 y que anualmente se agregan entre 2 mil y 2,200 casos nuevos a judicializarse.
Para integrar el programa el caso de la niña en cuestión debe ser menor a 14 años, el caso debe haber sido conocido por un juzgado, ser guatemalteca, no haber contraído matrimonio o vivir con la pareja y tener titular asignado por juez (madre, padre o responsable).
Gómez indicó que siempre y cuando estos se cumplan las niñas ingresan por la condición de vulnerabilidad. Señaló que dejan de integrar el programa al cumplir la mayoría de edad y que no hay ningún mecanismo de verificación sobre el uso del estipendio, más se les brindan algunas recomendaciones.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) informó que en noviembre el costo de la canasta básica fue Q3,618.58.
Es decir, que el aporte del Mides a las niñas que forman parte del programa, cubre menos de la mitad de lo necesario para el consumo de una canasta básica para una familia promedio de cinco integrantes.
PANORAMA HOSTIL
Las niñas se enfrentan a un panorama hostil donde son vulnerables, detalló la doctora. Montenegro, quien explicó que “hemos visto cuando una niña que fue víctima de violencia sexual los hombres a su alrededor piensan que por haber sido víctima una vez cualquiera de ellos puede violentar a la niña”.
Esto lo catalogó como un “fenómeno” que aún hay que estudiar, añadió: “lo hemos visto en Petén, lo hemos visto en Baja Verapaz”.
En ese sentido, la doctora concluyó que en los casos que brindan acompañamiento han observado que las niñas a quienes “les va mejor” es donde el bebé es cuidado por la abuela.
En otras palabras, donde el bebé de la niña madre pasa a tomar el lugar de ser su hermano protegido y cuidados por la misma madre.
Además, deben enfrentar el riesgo de muerte neonatal. Esto se relaciona con el embarazo temprano, de acuerdo con la descripción de Montenegro “a veces las niñas no pueden darle de mamar a los bebés porque no hay desarrollo de glándulas mamarias”.
Y sumado a eso la desnutrición que la niña madre probablemente enfrenta.
DESNUTRICIÓN EN CIFRAS
Hasta octubre, el tablero situacional de desnutrición aguda registraba 46 casos de menores de 5 años fallecidos por desnutrición aguda, en tanto el número de casos acumulados hasta esa fecha asciende a los 16,611 en todo el país
Los casos confirmados por departamento corresponden a nueve en Alta Verapaz, seis en Huehuetenango, seis en Chiquimula, seis en Escuintla y cinco en Guatemala.
Por género, 23 casos corresponden a hombres y la misma cantidad a mujeres. Por grupos de edad, se identificaron 17 casos en el grupo de edad de 12 a 24 meses. Le siguieron 11 registrados en el grupo de 6 a 12 meses y 10 casos en el rango de 0 a 6 meses, de acuerdo con el informe de la Mesa Técnica de análisis de morbilidad y mortalidad por desnutrición aguda.
RUTA DE ABORDAJE
La Secretaría contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVET) coordina una ruta de abordaje para la detección de estos casos.
La mayoría de estos se detectan en un centro asistencial del MSPAS, son remitidos a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para protección y asistencia legal. Se debe acudir al Ministerio Público (MP) a denunciar el delito, la entidad investigará el caso y hará una persecución penal.
El MSPAS presenta informe mensual de los casos detectados a la SVET, Ministerio de Educación, Mides y MP con información del Registro Nacional de las Personas (Renap).
El rol del Mineduc en esta ruta es garantizar que la niña no abandone estudios o que pase a integrar los programas alternativos de educación. Si el titular y la menor aplican, el Mides evalúa el caso para que pase a integrar el Programa Vida o algún otro que desarrolle la cartera.
Varios legisladores han sido sancionados por el gobierno estadounidense. Conózcalos aquí: https://t.co/tN0a9FkSwI
— Diario La Hora (@lahoragt) December 11, 2022
NIÑAS MADRES ANTE LA JUSTICIA
La PGN debe velar por el bienestar de la menor, que en algunos casos fue violentada por su padre o padrastro.
Montenegro relató “niñas cuyo violador puede ser su papá en el 30 por ciento de los casos, niñas cuyo violador puede ser su padrastro hemos encontrado bastante el tema de padrastros como violadores de las niñas, abuelos, vecinos alguien que tiene una relación con la niña y una relación de poder.”
El delito tipificado es violencia sexual y este tiene agravación de pena si se usa violencia física o psicológica, si se causa embarazo, si se utilizan sustancias estupefacientes y si el abusador tiene poder sobre ella. En otras palabras, si es su padre, tío, abuelo, padrastro u otro parentesco, director o incluso un funcionario público en funciones.
Siempre que la víctima sea menor a los 14 años se comete este delito y la pena será de seis a doce años y de entre ocho a veinte años si el delito tiene agravación de pena.
“El tema de violencia sexual maneja violencia física porque no se puede comparar la fuerza física de una niña de 10 años con la de un hombre o joven adulto. Se maneja violencia psicológica” la cual detalló Montenegro como amenazas del abusador. “Hay un temor, un miedo, hay culpa también”, relató.
Como declaró la directora, el MP tiene tres meses para investigar el caso “pero lo que nosotros hemos visto es que no ha sido una prioridad para el MP la violencia contra las niñas”.
Sectores y analistas explicaron las implicaciones que podría tener esta medida. ⬇️#PorSiNoLoVio https://t.co/ys420lljKx
— Diario La Hora (@lahoragt) December 11, 2022
Mencionó que es común que al girar la orden de captura el agresor no pueda ser localizado, incluso comentó de casos en los que después de cuatro años se requiere la detención.
Luego, al pasar los años las niñas ya mayores son llamadas a audiencia, sin embargo, para ellas es difícil revivir la experiencia para que el culpable vaya a un centro de privación de libertad.
Incluso, mencionó que, en algunos casos por el estigma, religión y cultura las niñas se casan o “lo perdonan” y el caso se desestima ante el ente investigador.
