La magistrada de la Corte de Constitucionalidad (CC), Dina Josefina Ochoa Escribá, en diciembre de 2023 solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares derivado de amenazas en contra de su vida e integridad física por sus votos en las polémicas resoluciones que la más alta Corte de Guatemala emitió tras las ilegalidades que un grupo quiso perpetrar contra las atropelladas elecciones generales 2023, que le dieron la victoria al presidente Bernardo Arévalo.
La solicitud de Ochoa se originó en medio de la crisis democrática que azotó al país centroamericano por la judicialización de los resultados electorales y el caso contra del partido Movimiento Semilla que el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras abrió y generó protestas a nivel nacional, así como sanciones internacionales y pronunciamientos que tildaron al ente investigador de intentar dar un golpe de Estado.
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— Diario La Hora (@lahoragt) September 16, 2024
La CC tuvo un papel crucial durante las elecciones generales para mantener la democracia y transición de mando del anterior gobierno de Alejandro Giammattei al de Arévalo.
OCHOA APELA A PROTECCIÓN INTERNACIONAL
Ochoa es la tercera magistrada que pide protección internacional por medio de las medidas cautelares. La primera fue la magistrada Leyla Lemus, víctima de un presunto atentado tras la explosión de una radiopatrulla en las afueras de su casa y a quien le fueron otorgadas las medidas en enero pasado. El magistrado Rony López fue el segundo luego de que una embajada acreditada en el país le alertara de una orden del crimen organizado para asesinarlo por desmarcarse de las cuestionadas resoluciones de la CC.
De acuerdo con fuentes extraoficiales, la magistrada recibió amenazas que atentarían contra su vida e integridad física por medio de llamadas y mensajes. De esa cuenta, la funcionaria se acogió al mecanismo de protección de la CIDH, mediante el cual reclama al Estado que la proteja al asegurar estar en una «situación grave y urgente de sufrir un daño irreparable».
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Fredy Orellana y la última pelea de la Corte Suprema de Justicia antes de dejar el cargo
La Hora intentó comunicación con la togada a través de la red de mensajería WhatsApp y llamadas telefónicas, pero no atendió las consultas de este medio desde el pasado 9 de septiembre. Cabe destacar que la CIDH aún no ha emitido una resolución sobre el caso de la magistrada constitucional.
La togada cuenta con seguridad de la División de Protección a Personas y Seguridad (DPPS) de la Policía Nacional Civil (PNC), según dio a conocer este diario en julio pasado. Además, de Ochoa otros cinco magistrados constitucionales cuentan con medidas de seguridad personal y perimetral.
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Ochoa llegó a ocupar una magistratura en la CC con 107 votos del entonces oficialismo del Congreso de la República, liderado por el partido VAMOS de Giammattei y bancadas afines. La magistrada contó con el apoyo de diputados como Allan Rodríguez, Boris España, Greicy de León, Shirley Rivera y Felipe Alejos, del partido TODOS.
¿CÓMO VOTA DINA OCHOA?
Uno de los últimos votos razonados sobre los comicios y que le fueron recriminados a Ochoa fue su decisión de defender al sancionado juez Fredy Orellana y su fallo que suspendió al partido Movimiento Semilla en medio de las elecciones generales pasadas. Dicho juzgador ha emitido resoluciones que han sido tachadas internacionalmente de antidemocráticas y violatorias a la constitución.
En voto razonado disidente, Dina Ochoa defiende decisión de juez Orellana contra Semilla
Asimismo, Ochoa no integró el pleno el pasado 14 de diciembre cuando la CC en resolución dejó en claro que la democracia en el país prevalecía y debía existir una transición de poder, lo que dio pie a que Arévalo llegara a la silla presidencial En esa ocasión tuvo que integrarse un magistrado suplente ante la ausencia de la magistrada titular.
De forma más reciente, el pasado 26 de agosto, la CC otorgó un amparo provisional al partido VAMOS, la diputada Sandra Jovel y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) que anuló la ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso de la República. La magistrada estuvo a favor de dejar en suspenso el «reajuste presupuestario», como lo llamó el Ejecutivo.
Ampliación presupuestaria: la CC revierte aprobación por temas de forma
La magistrada también votó a favor de rechazar una acción de inconstitucionalidad, que cerró la puerta para que el presidente remueva del cargo a la fiscal general del MP. En diciembre pasado conoció otra acción igual y también blindó la figura del jefe del MP, que solamente podrá ser destituido por el presidente del país cuando enfrente una condena con sentencia en firme.
CC rechaza inconstitucionalidad en el artículo 14 que abriría la puerta a remover a Fiscal General
Por otra parte, el 4 de septiembre Ochoaa también se inhibió de conocer un infructuoso amparo que presentó la abogada Karen Fischer, con el que buscaba que la nueva ampliación presupuestaria no cobrara vigencia.Finalmente laLa acción legal fue rechazada por los magistrados de la alta corte.
CC rechaza amparo de Karen Fischer contra nueva ampliación presupuestaria
En cuanto al caso de las anomalías en el nombramiento del presidente del Banco de los Trabajadores (Bantrab), Jorge Mondal, la CC lo amparó en dos ocasiones y restituyó en el cargo, pese a que Arévalo lo removió al no contar con las calidades necesarias. En esas ocasiones, Ochoa no votó a favor de Mondal y los tres magistrados que lo mantienen en el puesto fueron sancionados por el gobierno de EE. UU.
Pierden visa de EE.UU. tres magistrados suplentes de la CC que protegieron a Jorge Mondal
Más atrás, en las elecciones 2019, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) no inscribió a Zury Ríos como candidata presidencial por el partido VALOR. Los recursos legales para revocar la decisión llegaron hasta la CC, quien resolvió a favor del TSE y anuló la inscripción de la entonces candidata. La magistrada Ochoa votó a favor de Ríos para que corriera por la presidencia.
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En la magistratura anterior, Ochoa estuvo a favor de la expulsión de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), promovida por el expresidente Jimmy Morales y respaldada por la excanciller Sandra Jovel. Los dos exfuncionarios estuvieron presentes en 2022 cuando asumió la presidencia de dicha corte.
