La diputada Sandra Jovel de Valor, así como la Fundación contra el Terrorismo y VAMOS accionaron contra la ampliación presupuestaria aprobada por el Congreso. Foto La Hora / José Orozco

El pleno de la Corte de Constitucionalidad (CC), resolvió otorgar un amparo provisional en contra de la ampliación presupuestaria que aprobó el Congreso de la República el pasado 14 de agosto y que contó con el voto de 111 diputados en una extensa sesión plenaria, esto tras la petición del partido VAMOS, la diputada Sandra Jovel y la Fundación Contra el Terrorismo (FCT).

El voto unánime se emitió esgrimiendo principalmente vicios de forma en la sesión del Congreso en la cual se llevó a cabo la aprobación de la referida ampliación.

La sesión, para conocer la ampliación del presupuesto 2024, llevó más de cuatro horas para su aprobación en el Legislativo y la misma otorgaba Q14 mil 451 millones más fondos al Ejecutivo pueda operar.

De acuerdo con esa cifra, con dicho aumento el gobierno de Bernardo Arévalo contaría con un presupuesto de más de Q130 mil 581 millones.

La Iniciativa denominada «Ampliación al Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal del 2024» contempla varias enmiendas, el proyecto lo entregó el Ejecutivo en mayo pasado.

El pleno estuvo integrado por los magistrados titulares de la CC: Leyla Lemus, Roberto Molina Barreto (quien emitió un voto de forma razonada), Dina Ochoa, Víctor Hugo Pérez Aguilera, Nester Vásquez.

LA RESOLUCIÓN DE LA CC

En el expediente del amparo, explican que, resolviendo la petición de los amparistas, otorgan el amparo provisional solicitado, dejando en suspenso temporalmente la aprobación por parte del Congreso de la República en moción privilegiada.

«Esta corte advierte que, en el presente caso, concurren las circunstancias que ameritan el otorgamiento de la protección interina, ya que se dan los supuestos que para el efecto contempla el artículo 28 ibídem, por lo que debe otorgarse el amparo provisional solicitado dejando en suspenso temporalmente la aprobación por parte del Congreso de la República de Guatemala de la moción privilegiada para conocer la dispensa del dictamen y de urgencia nacional de la iniciativa de ley identificada con el número seis mil cuatrocientos tres», explican.

EL VOTO RAZONADO

Por otro lado, el magistrado Molina Barreto, en su voto razonado concurrente, explica que, si bien estuvo «de acuerdo en que fue irregular la interrupción de la interpelación – del ministro de Gobernación, Francisco Jiménez-, la resolución no le da efectos reales para continuar la misma sin más interrupción.

Por otra parte, explica en su voto razonado, «para el otorgamiento del amparo provisional para suspender el procedimiento legislativo del Decreto 16-2014 la CC no tiene los elementos necesarios de momento y por ello lo debió dejar vigente»,

«La CC no observó los fallos dictados entre 2012 y 2016 en donde se dijo que sí se podía suspender interpelaciones no solo por asuntos de plazo constitucional, sino por otras causas de interés nacional».

VAMOS, SANDRA JOVEL Y LA FCT ACCIONAN CONTRA APROBACIÓN

Sin embargo, tras la aprobación la bancada Vamos, la diputada del bloque Valor Sandra Jovel y la Fundación Contra el Terrorismo han acudieron a la Corte de Constitucionalidad (CC) para buscar que se dejara sin efecto el Decreto 16-2024, esto al señalar la forma en como se aprobó la ampliación.

Según los interponentes, se violó el derecho constitucional de la diputada Jovel al momento en que se interrumpió la interpelación al titular del Ministerio de Gobernación, Francisco Jiménez, por lo que las acciones posteriores a ello deben quedar sin efecto.

Jovel, presentó un amparo ante la CC en el que aseguró que se violó su derecho a interpelación, ya que la Constitución establece que ninguna autoridad puede restringirlo, únicamente cuando se atiende una disposición que requiera atención urgente, afirmó.

Por otro lado, el presidente de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), Ricardo Méndez Ruiz, presentó una acción similar en contra del Organismo Legislativo, en el que señaló que se vulneró los principios de legalidad, debido proceso, certeza y seguridad jurídica, así como el de supremacía constitucional y el de unidad presupuestaria.

A las acciones contra la ampliación presupuestaria se unió también Juan Carlos Pellecer y el abogado Giovanni Fratti.

Luego que la CC requirió de información al Congreso, este pidió no darle trámite al amparo provisional, sin embargo, esta última resolvió revertir la aprobación de la ampliación.

LOS RECLAMOS

El pasado martes 13 de agosto, el Congreso agendó la interpelación al Ministro de Gobernación, sin embargo, el diputado de Compromiso, Renovación y Orden (CREO), Luis Contreras presentó una moción con la que solicitó la dispensa del dictamen y declaración de urgencia nacional la iniciativa para la Ampliación Presupuestaria.

De esta cuenta, congresistas se mostraron en contra de la forma en que se aprobó la moción, incluyendo al diputado del Partido Unionista, Álvaro Arzú Escobar, quien aseguró que se interrumpió el derecho constitucional de los congresistas violando el artículo 166 constitucional.

Además, los diputados de Unionista, Álvaro Arzú Escobar, y de Nosotros, Nadia De León Torres, presentaron ante la junta directiva quejas por dicha normativa.

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