El Ministerio Público (MP), la Fundación contra el Terrorismo (FCT) y la Procuraduría General de la Nación (PGN) fallaron en su intento para que la ex jefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango, Virginia Laparra, regresara a prisión preventiva a menos de un mes de abandonar la cárcel ubicada en la base militar Matamoros, en la zona 1 capitalina.
De esa cuenta, una Sala de Apelaciones confirmó que Laparra deberá mantener las medidas sustitutivas que le fueron otorgadas, en las cuales goza de un arresto domiciliario, mientras que se resuelve el segundo proceso penal que se sigue en su contra, señalado por varios sectores como una persecución política y venganza en contra de la exfiscal, por investigar redes de corrupción que salpicaron a funcionarios.
Los magistrados de esa Sala declararon improcedentes las apelaciones planteadas por el presidente de la FCT, Ricardo Méndez-Ruiz; la representante de la PGN, Rosa Alicia Maldonado, y el fiscal Noé Nehemías Rivera, en contra de las medidas sustitutivas que el Tribunal Primero de Sentencia de Quetzaltenango le otorgó a Laparra en julio pasado.
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— Diario La Hora (@lahoragt) January 23, 2024
MANTIENE MEDIDA
Las medidas sustitutivas que goza Laparra en dos procesos penales consisten en arresto domiciliario limitado a su vivienda, ubicada en Quetzaltenango, y debe informar su movilización a otros lugares para continuar con los tratamientos médicos que recibe.
Asimismo, debe presentarse al MP a firmar el libro de procesados cada quince días, para asegurar que se encuentra en el país a los dos Tribunales que le otorgaron el beneficio.
En diciembre, Laparra fue condenada a cuatro años de prisión conmutables por un caso criticado a nivel internacional como espurio y sin fundamento legal.
El proceso encendió las alarmas de distintas organizaciones de derechos humanos, incluso Amnistía Internacional (AI) la declaró una presa de conciencia.
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PROCESOS
El MP dirigido por la Fiscal General, María Consuelo Porras, inició una persecución penal en contra de Laparra, luego de que la exfiscal denunciara a Lesther Castellanos, quien se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo de Quetzaltenango, por supuestas irregularidades administrativas.
Castellanos explicó durante el debate que en octubre de 2018 la ahora exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que de esa forma cometió el delito de abuso de autoridad en forma continuada, por considerar que ella no tenía dicha facultad en su calidad del cargo que desempeñaba en el MP.
De esa cuenta, en diciembre de 2022, la jueza Oly González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios. Dicho fallo aún no está en firme y la exfiscal apela en las distintas cortes del país para obtener un fallo que la declare inocente.
El 4 de enero de 2023, Laparra fue ligada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial cuando fungía como titular de la FECI en Quetzaltenango. La denuncia también fue interpuesta por Castellanos.
