Ante la investidura de un gobierno que tratará de cumplir con el mandato de combatir la corrupción y depurar la administración pública, es evidente que algunos han visto en la “autonomía” un escudo para protegerse de cualquier medida que se pretenda tomar para transparentar los negocios del Estado. El tema no se limita únicamente a instituciones como la Universidad de San Carlos (USAC) o el Ministerio Público (MP) sino también se ve en entes como el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), que fue uno de los principales reductos de Miguelito y compañía.
Hoy publicamos un trabajo en el que se detalla cómo, mediante el fraccionamiento de compras, el IGSS operó para adquirir un medicamento por 17.3 millones de quetzales sin cumplir con los requisitos de la Ley de Compras. En respuesta a solicitud de información pública, las autoridades indicaron que esos fraccionamientos son “compras tuteladas por medio de órdenes emitidas por tribunales de amparo”, sin adjuntar copia de los amparos correspondientes que, según ellos, permiten violar todas las normas precisas de la ley específica para impedir el fraccionamiento de adquisiciones saltándose la licitación, como debió ser en este caso.
Recordemos que el Seguro Social había solicitado, desde junio del 2016, la supervisión de la UNOPS (Oficina de Naciones Unidas para Servicios y Proyectos) a fin de garantizar la calidad de los medicamentos y el precio justo evitando así los ya tradicionales negocios oscuros que son parte del sistema de salud de Guatemala. En el gobierno de Giammattei, el entonces presidente logró nombrar a gente que respondía a sus directrices y uno de los primeros pasos de quienes llegaron, removiendo al personal ejecutivo, fue acabar con esa cooperación con UNOPS, lo que ahora permite nuevamente compras al estilo “tradicional” del sistema en Guatemala.
La Caja de Pandora que tiene que combatir el gobierno recién instalado en el país es inmensa porque no se puede negar que ante la certeza de impunidad se diseñaron mil y una formas de hacer negocios defraudando al interés público. Y el contubernio de todas las instituciones permite suponer, con mucha lógica, que detrás de los amparos que permiten compras “masivas” hay vasos comunicantes entre el IGSS y los oferentes. Será interesante saber qué magistrados ordenaron que se hiciera el fraccionamiento.
Y amparados en la autonomía se incrementa la probabilidad de que algunas instituciones se resistan a abandonar las prácticas inmorales, a lo que se suma que otra entidad con autonomía funcional, como el MP, se encarga de evitar cualquier investigación.
Nadie dijo que sería fácil acabar con la corrupción y lo iremos viendo conforme se descubran más casos como este del IGSS. Pero por dura que sea la tarea, el mandato popular no deja espacio para dudas o vacilaciones.
*Editorial modificado 25 de enero a las 14:45, para matizar que Alejandro Giammattei no nombra a todos los miembros de la Junta Directiva del IGSS.
