La Superintendencia de Competencia nació para abrir mercados; pero en la actualidad su primera batalla es interna.
Entre hoy y mañana se deben resolver los recursos de reposición pendientes. Esto debería poner fin a los conflictos internos, evidenciados en citaciones, actas de las reuniones del Directorio y diversos comunicados públicos.
En menos de 30 días, la institución pasó de contar con un superintendente a quedarse sin su máxima autoridad, designar a un intendente en funciones y enfrentar un recurso legal que volvió a poner en duda la estabilidad de su dirección.
Pese a ello, los directores mantienen en agenda reuniones clave y aseguran que continuarán con el funcionamiento de la entidad mientras se resuelven las disputas internas.
Mientras tanto, el sector empresarial y los economistas advierten: sin estructura técnica y sin respaldo del Gobierno, la institución corre el riesgo de nacer muerta.
EL NUDO LEGAL: ¿QUIÉN MANDA HOY?
El problema empezó con una renuncia “irrevocable” del exsuperintendente Jorge Miguel Castillo Castro. Meses después intentó dejarla sin efecto. El Directorio la rechazó y la aceptó formalmente. Castillo respondió con un recurso de reposición. Ese recurso es el que tiene paralizada la definición de autoridad.
Según el abogado, Luis Velásquez, Director Suplente, estos dos días son clave, ya que el Directorio debe valorar si el recurso genera efectos suspensivos.
“Si los genera, Castillo continuaría como superintendente hasta que se resuelva. Si se rechaza, seguiría el intendente nombrado el 23 de julio”, agregó Velásquez. Lo cual se pudo llevar a cabo ya que en la reunión del directorio se conoció en uno de los puntos la renuncia de Castillo, la cual fue aceptada.
En la sesión del 27 de julio el Directorio ya avanzó en lo administrativo: nombró a Tomás Xoyón Acán como Intendente de Gestión Administrativa y Financiera y dio seguimiento a la contratación del Director Administrativo. También fijó los temas clave para 2027 como el presupuesto, cooperación y relacionamiento institucional.
En esa sesión, Xoyón Acán, fue nombrado como Superintendente interino.
Pero la pregunta de fondo sigue sin respuesta: ¿quién conduce técnicamente la institución mientras se resuelve el litigio?
Si se define el retiro definitivo de Jorge Miguel Castillo, el Intendente de Gestión Administrativa y Financiera presidirá el cargo, mientras el directorio define el proceso de elección de un nuevo intendente.
RECUENTO DE LOS HECHOS
Esta mañana, a través de un comunicado, el director suplente emitió su opinión respecto de lo que permitió la aceptación de renuncia del Superintendente.
Según explica, la Dirección de Recursos Humanos convocó el proceso para nombrar al Intendente de Gestión Administrativa y Financiera —quien por mandato del artículo 52 puede ejercer como Superintendente en Funciones.
El exsuperintendente, cuenta en el comunicado, retiró su renuncia el 7 de julio, coincidiendo con la finalización del proceso de selección del Intendente. El 14 de julio informó que a partir del 20 del mismo mes el Directorio estaría habilitado para nombrarlo.
En el comunicado, Velásquez comenta que lo terminó nombrando tres días después. Cuatro días después, en la primera sesión tras el nombramiento, el Directorio aceptó formalmente la renuncia presentada en marzo y designó al Intendente como Superintendente en Funciones.
«Ese nombramiento no solo fue identificado como una salida para aceptar la renuncia, también constituye una salida para el desbloqueo operativo de la institución», refiere.
El propio Castillo Castro, según el documento, había presentado ante el Directorio el Dictamen Jurídico No. DAJ-003-2026, que establecía que, por la subrogación de funciones, no podía autorizar ninguna compra pública —ni siquiera arrendar instalaciones para tener sede propia.
La SICOM, que debe investigar prácticas anticompetitivas a partir del 9 de diciembre de 2026, no podía, hasta hace días, firmar un contrato de arrendamiento. «Ahora puede hacerlo», finaliza el pronunciamiento de Velásquez.
SIN RECURSOS NO HAY AUTORIDAD
El economista Eduardo Mayora va directo al punto: la ley sirve de poco sin presupuesto y sin talento.
“Una autoridad de competencia que coadyuve a remover barreras legales y que investigue abusos puede evitar pérdidas enormes para consumidores y empresas”, dijo, pero sin los recursos suficientes para organizarse y generar los reglamentos, su creación será contraproducente, agregó el economista.
Mayora pone el listón alto: sistemas de punta, personal altamente capacitado, tecnología e Inteligencia Artificial para analizar mercados.
“El objetivo central debe ser la eliminación efectiva de barreras a la competencia, con un enfoque proactivo y basado en evidencia”, además advirtió que el riesgo político: “Si no se articulan con visión de largo plazo sus cimientos institucionales, el ciudadano medio pudiera entender que todo era una especie de farsa o demagogia sin consecuencias efectivas”.
A los agentes económicos y a la opinión pública.
Un comunicado largo, pero necesario 👇🏽 pic.twitter.com/1jWBL1gPMX
— Luis G. Velásquez (@Piches_) August 3, 2026
Para el Consejo Nacional Empresarial, CNE, el caso va más allá de nombres.
“Una renuncia irrevocable produce efectos que no pueden desconocerse por la sola voluntad del renunciante”, sostiene Dulce Veras, Directora Ejecutiva del CNE.
Veras identificó 3 frenos que ya están afectando a la Superintendencia: voluntades institucionales no alineadas, falta de claridad en la conducción técnica, e intereses contrapuestos alrededor de la agenda de competencia.
Los empresarios consideran que lo que debe de suceder en el corto plazo es contratar de manera ágil al equipo técnico en economía, derecho y análisis de mercados; desarrollar las capacidades internas con metodologías y estándares internacionales; promover la competencia ante ciudadanos y empresas para legitimar la ley y la última el trabajo interinstitucional para acceder a datos del Estado.
“Sin equipos técnicos robustos, ninguna autoridad de competencia puede operar con eficacia”, remata Veras.
¿QUÉ ESTÁ EN JUEGO?
La Superintendencia no compite con nadie dentro del Estado. Compite contra estructuras de mercado cerradas, contra barreras burocráticas y contra la desconfianza.
El Directorio ya sesiona y nombra mandos medios. El CNE pide técnica y continuidad. Los economistas piden dinero y autonomía real.
Pero mientras el recurso de Castillo se resuelve, se pierden semanas clave para contratar, reglamentar y empezar a investigar.
Los consultados coinciden en que si la Superintendencia sale fortalecida: tendremos una autoridad que tumba barreras, baja precios y abre oportunidades para nuevas empresas.
Si sale debilitada: la ley quedará como un adorno y los mercados seguirán igual, con los mismos jugadores y las mismas ventajas.
Cronología de las recusaciones
Según actas del Directorio y a las que tuvo acceso La Hora, acá se muestra la cronología de las recusaciones:
10 de marzo de 2026
- El superintendente Jorge Miguel Castillo presenta su renuncia.
- El Directorio decide no aceptarla de inmediato y acuerda iniciar el proceso para elegir a un sustituto, con el argumento de que la institución no podía quedarse sin representación legal.
12 de marzo de 2026
- El presidente del Directorio, Javier Bauer, ofrece declaraciones a un diario escrito sobre el mecanismo para elegir al nuevo superintendente.
- Posteriormente, estas declaraciones serían utilizadas por el director Edgar Guzmán como fundamento para recusarlo, al considerar que Bauer había adelantado públicamente el sentido de su voto.
10 de abril de 2026
- Durante una sesión extraordinaria, Edgar Guzmán presenta una recusación contra Javier Bauer.
- Solicita que Bauer se abstenga de participar, deliberar y votar en todas las fases del proceso de elección del nuevo superintendente, invocando la causal prevista en el artículo 37, numeral 6, de la Ley de Competencia.
- Bauer responde que se excusará del asunto y abandona la sesión.
- Luis Guillermo Velásquez, como presidente en funciones, suspende la sesión para garantizar el debido proceso y permitir el trámite previsto en el Reglamento.
12 de abril de 2026
- Edgar Guzmán presenta una excusa para no participar en la resolución de la recusación que él mismo promovió contra Bauer.
13 de abril de 2026
- Velásquez notifica oficialmente a Bauer sobre la recusación y le recuerda el plazo legal para presentar su informe circunstanciado.
- Ese mismo día Bauer solicita incorporar su excusa como punto de agenda y anuncia que presentará tanto el informe de recusación como el relacionado con su excusa.
15 de abril de 2026
- Bauer remite formalmente la documentación relacionada con la recusación.
- El Directorio aprueba la Resolución 33-2026, que permite al director suplente del presidente asumir plenamente las funciones de este cuando exista una recusación o excusa.
17 de abril de 2026
- El Directorio conoce las excusas y la recusación en una sesión extraordinaria.
- Se aprueba por unanimidad la excusa de Guzmán para no resolver su propia recusación.
- También se aprueba la excusa de Bauer para no resolver la excusa presentada por Guzmán.
- Después de deliberar, el Directorio rechaza por mayoría la recusación presentada por Guzmán contra Bauer.
- Votan por rechazarla Jorge Mario González y Alfredo Skinner-Klée. Luis Guillermo Velásquez emite voto disidente y considera que sí procedía apartar a Bauer del proceso.
- Finalmente, el Directorio rechaza también la excusa voluntaria presentada por Bauer para apartarse del punto de agenda, al concluir que la ley no contempla una «excusa sin causal legal».
22 de abril de 2026 (cinco días hábiles después)
- El plazo para que la resolución quedara firme concluía cinco días hábiles después de la decisión del Directorio.
- Sin embargo, en el quinto día Edgar Guzmán interpuso un recurso de reposición, lo que impidió que la resolución quedara firme. Según Velásquez, posteriormente fue necesario esperar el dictamen de la Procuraduría General de la Nación (PGN), que tardó más de dos meses, manteniendo paralizado el proceso.
