![CLAUDETT](https://lahora.gt/wp-content/uploads/sites/5/2023/01/ROMA-VS-FIORENTINA-8.jpg?w=696&h=0&crop=1)
El pasado lunes 16 de enero se emitieron cuatro órdenes de captura en contra de funcionarios y personas que presuntamente estuvieron involucradas en la modificación de los acuerdos de colaborador eficaz en el denominado caso Odebrecht, según detallo en un video el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curuchiche.
La Hora publicó la nota «CSJ autorizó diligencias en el caso Odebrecht«, de fecha 29 de septiembre de 2021, en la cual se detalló que las diligencias de los acuerdos de colaboración fueron autorizadas por un Juzgado de Mayor Riesgo y certificados por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
JUZGADO DE MAYOR RIESGO “A” AUTORIZA ACUERDOS
Los documentos en los cuales consta que las diligencias desarrolladas en el caso Odebrecht fueron avaladas y coordinadas en ciertos aspectos por el Juzgado de Mayor Riesgo «A», fueron verificados por La Hora, debido a que se tuvo acceso a ellos.
El primero es un oficio del 1 de septiembre de 2017, firmado por la jueza Claudette Domínguez, a cargo del referido juzgado. Este va dirigido al presidente de la CSJ, que en ese entonces era el magistrado Nery Osvaldo Medina.
Como un “exabrupto” califican funcionarios de Guatemala las declaraciones del presidente de Colombia. Aquí el detalles de las declaraciones. ⬇️#LaHoraDeActualizarnos
— Diario La Hora (@lahoragt) January 18, 2023
En el documento, la jueza hace de conocimiento a la Presidencia del OJ que los días 8, 11 y 12 de septiembre de ese año se realizaría una audiencia oral de primera declaración por medio de videoconferencia y que el referido despacho judicial debía enlazarse con la República Federal de Brasil, específicamente a la ciudad de Sao Paulo, por lo cual se pidió a la CSJ girar las instrucciones necesarias para coordinar con ese país la diligencia.
CERTIFICAN AUTENTICIDAD DE LOS ACUERDOS
Para el 4 de septiembre de 2017, o sea tres días después de que Domínguez se comunicó con la Presidencia del OJ, la subsecretaria de la CSJ, Cecilia Odethe Moscoso Arriaza de Salazar, certificó que la resolución de la juzgadora era auténtica. Es decir, que conoce las actuaciones de la FECI, las cuales fueron autorizadas por dicha judicatura.
En otra resolución, fechada también el 4 de septiembre, la subsecretaria de la CSJ “con instrucciones de la superioridad”, remite a la juzgadora la certificación de la resolución original que fue emitida por la Presidencia del OJ.
Con este se adjunta un oficio de la Presidencia de la CSJ y OJ, en el cual se consigna que se dio “por recibido el oficio proveniente de la Jueza Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo ‘A’ del departamento de Guatemala”.
En el documento se lee: “Relacionado a la solicitud presentada por el representante del Ministerio Público (MP) de llevar a cabo la audiencia de primera declaración dentro de la carpeta judicial identificada en el acápite, a través de videoconferencia desde la República Federal de Brasil, ciudad de Sao Paulo”.
ANULARON ACUERDOS EN BENEFICIO A SINIBALDI
El 24 de junio del 2022, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo otorgó una apelación que presentó el extitular del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Alejandro Sinibaldi, con lo cual anulo los tres acuerdos de colaborador eficaz que se tenían en el caso Odebrecht.
“Si Guatemala insiste en poner presos a hombres buenos, no tenemos nada que hacer con ese país” expresó Gustavo Petro presidente de Colombia. Aquí los detalles #LaHoraDeActualizarnos ⬇️
https://t.co/1s0QtPGSTo— Diario La Hora (@lahoragt) January 17, 2023
Sinibaldi alegó que los acuerdos no habían sido suscritos de manera correcta por el exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval. Los acuerdos de colaboración eficaz de tres empresarios brasileños de la constructora Odebrecht fueron piezas clave para procesar a señalados en el caso.
En ese entonces por medio de un video en redes sociales del Ministerio Público (MP) el actual jefe de la FECI, Rafael Curruchiche señaló que en este caso Sandoval no suscribió de manera correcta los acuerdos de colaborador eficaz.
“Queda en evidencia rotundamente que el exfiscal Juan Francisco Sandoval Alfaro no tenía competencia para ejercer funciones de persecución penal en la República Federativa de Brasil. Sin embargo, obvió dicha situación y suscribió los acuerdos de colaboración eficaz, es más, dichos acuerdos se firman en la empresa en donde estaban en ese instante los sindicados”, resaltó.
SE SIGUIERON LINEAMIENTOS INTERNACIONALES
En diciembre de 2016, la constructora brasileña reconoció en forma pública los errores cometidos, por lo que procedió a firmar acuerdos de resarcimiento con: Brasil, Estados Unidos y Suiza. En 2017 con República Dominicana, Ecuador y Panamá. En enero de 2018 con Guatemala y en 2019, con Perú.
Rodrigo Cabral Vilar, director de Comunicación de la Constructora Brasileña OEC, que asumió la responsabilidad de CNO (Constructora Norberto Odebrecht S. A.) aseguro en octubre del 2021 que el monto de la indemnización al Estado de Guatemala era de aproximadamente hasta US$ 50 millones, como se consignó en la nota de La Hora “Odebrecht: con las renuncias resarcimiento podría llegar a US$50 millones”.
En su momento reconoció que parte de las condiciones del contrato incluyó un porcentaje de sobornos provenientes del presupuesto de la obra. Por lo anterior, existe una metodología que se ha aplicado y fue la base de la negociación con Guatemala y demás países, en donde se han firmado acuerdos de colaboración. El cálculo está vinculado a la coima pagada y elementos relacionados al valor de la información proporcionada para la investigación y la capacidad de pago de la empresa.
Así mismo aclaró en este entonces que no se trataba de una “invención de Odebrecht ni de sus abogados, sino de una metodología con base a modelos y acuerdos con otros países, cuando la empresa estaba en ese momento bajo el monitoreo de expertos externos vinculados con el Departamento de Justicia de Estados Unidos y Brasil”.
ACUERDOS INCLUYERON TEMA DE INFORMACIÓN Y FINANCIERO
En la nota “Odebrecht: Indemnización a GT se hará al superar controversias con Caminos” explicó Rodrigo Cabral Vilar que el programa de recuperación Judicial, como se le llamo en Brasil, tenía en ese entonces dos aspectos básicos en el proceso de colaboración corporativa.
La jueza Flores habría ocultado este patrimonio y fue señalada de otros delitos. Aquí los detalles. #LaHoraDeActualizarnos ⬇️
https://t.co/DZq4ty9VYn— Diario La Hora (@lahoragt) January 17, 2023
Primero, la parte penal, que aportó la información valiosa para que el estado hiciera la persecución penal de los involucrados y en casos internacionales, se dio una indemnización financiera.
Al ser consultado si en el ámbito civil existió algún proceso de resarcimiento con Guatemala agregó: “El acuerdo de colaboración celebrado (y la reparación) acordó con el MP fue en el ámbito penal. Nunca hubo cualquier incumplimiento por parte de la empresa en la ejecución del Contrato y/o cuestionamientos acerca del mismo en el ámbito administrativo”.
A la pregunta sobre cuál fue la última información que tenían del caso Guatemala indicó: “El proceso de liquidación del contrato en la vía administrativa aún no ha sido concluido”.
MP SIN RESPONDER SOBRE DILIGENCIAS EN EL REFERIDO CASO
La Hora preguntó desde tempranas horas al ente investigador acerca de la situación de los acuerdos del caso, que fueron autorizados por el Juzgado de Mayor Riesgo y certificados por la CSJ; sin embargo, no se obtuvo respuesta. Además, se trató de entablar comunicación vía telefónica con el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, pero no se logró tener contacto.
“¿Qué pasa con la aprobación de diversas diligencias dentro del caso Odebrecht? Algunas, como las declaraciones de los colaboradores eficaces fueron anuladas. ¿Se analiza o se va a analizar cada una de las otras actuaciones que se realizaron durante la anterior gestión de la FECI, cuando Thelma Aldana estaba frente al MP?”, fue una de las preguntas.
Asimismo, se consultó lo siguiente: “¿Está en reserva el proceso en contra de exoperadores de justicia que conocieron el caso Odebrecht al inicio? Y, si es así, ¿Por qué el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, da varios detalles por medio de un video que se publicó en las redes sociales oficiales del MP?”.
FECI SOLICITA ÓRDENES DE CAPTURA
El MP hizo de conocimiento público la orden de aprehensión contra Juan Pablo Carrasco, presidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana; Thelma Aldana, exfiscal general; Mayra Veliz, exsecretaria general del MP; y Luis Gaitán Arana, exmandatario de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) el pasado lunes 16 de enero.
El MP, a través de Rafael Curruchiche, informó que «un juzgado competente» ordenó la captura de cuatro personas vinculadas al caso Odebrecht en el evento “Acuerdos fraudulentos, corrupción e impunidad”.
También dijo que se emprenderían “acciones legales correspondientes” en contra del extitular de la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez; y la exfuncionaria de CICIG, Luz Adriana Camargo, por los delitos de obstrucción de la justicia, conspiración y abuso de autoridad dentro del caso.
El MP aseguró que “sorprende” que diversas personas y actores emitan opiniones sin ser parte del proceso penal. Entérate aquí 👇🏼 https://t.co/h3SqAG5EPF
— Diario La Hora (@lahoragt) January 18, 2023
Curruchiche detalló que las órdenes de captura para estas personas son por “las oscuras y corruptas negociaciones que se realizaron con la empresa Odebrecht”, sostuvo.
CASO ODEBRECHT
Es uno de los casos de corrupción más grandes de los últimos años al alcanzar a presidentes, vicepresidentes y otros funcionarios de gobierno de al menos doce países, en los cuales figura Guatemala.
Odebrecht es una empresa constructora de Brasil, y se dedicó a emitir sobornos por Latinoamérica a cambio de ser beneficiada con contratos gubernamentales.
El gobierno destinó el pago de US$384 millones para el ambicioso proyecto de más de 100 kilómetros de ampliación de una carretera, pero las pesquisas por corrupción ocasionaron que se incumpliera con la obra que Guatemala ya había pagado.