Varios accidentes de transportes se han registrado durante el año. Foto: La Hora

La Unidad Nacional por las Víctimas de Accidentes de Tránsito hizo un llamado al presidente Alejandro Giammattei para retomar los acercamientos y negociar el reglamento para la contratación de un seguro obligatorio de responsabilidad civil contra terceros. Uno de los argumentos centrales de la organización es que los costos estimados que representaría para transportistas no son altos.

LOS COSTOS QUE PROYECTAN

Las víctimas de accidentes plantean al mandatario que este acuerdo en marcha tendría costos estimados por pasajero que no son altos. Recalcan que el valor no impactaría a los usuarios en su capacidad de compra considerando el precio de la canasta básica de alimentos o la canasta básica ampliada.

 

En el 2021, la Asociación Guatemalteca de Instituciones de Seguros (AGIS) hizo un estimado por día de este seguro. Según el tipo de vehículo, los costos diarios son los siguientes:

Cabezal: Q24.99

Camión mayor de 3.5 toneladas: Q22.95

Camión menor de 3.5 toneladas: Q17.41

Panel: Q 11.19

Pick – up Q10.51

Microbus urbano: Q13.96

Buses urbanos Q20.11

Uber y taxi: Q7.73

Mototaxi y Tuc tuc: Q4.63.

 

Ese monto al dividirlo entre el número de personas que transportan y el número de viajes promedio, representaría un costo de 0.25 centavos de quetzal por viaje en taxi y de 0.14 en Tuc Tuc, como ejemplo de una de las cifras más bajas.

Según la Unidad, los costos se reducirían hasta un 35% de acuerdo con las estimaciones de las aseguradoras, una cifra que contrasta además con el incremento en el valor del transporte extraurbano y municipal de hasta Q5 el viaje debido a la pandemia.

La Unidad Nacional por las Víctimas realizó el llamado al presidente Alejandro Giammattei. Foto: La Hora/AGN

“Entre Q5 y 0.10 centavos existe diferencia, especialmente si por Q5 no se recibe nada y por 0.10 centavos cada persona en caso de accidente recibiría por muerte o alguna discapacidad una indemnización que va de un rango de Q3 mil hasta Q150 mil”, detalla respecto a la diferencia entre contar o no con un seguro.

César Brol, miembro de la Unidad de Víctimas de Accidentes expone que en los talleres realizados por el Departamento de Tránsito en 2022 con asesoría del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), se llegó al consenso sobre la urgencia de responder a las víctimas, modificar coberturas, montos asegurados y multas, en donde a mayor demanda de cobertura vehicular asegurada, se reduce la prima del seguro. A lo cual añade que el seguro obligatorio le costaría “cero” al gobierno.

 

EL CAMINO QUE HA TENIDO EL SEGURO

Después de un pulso de más de dos años y medio de aplazar su aprobación, el mandatario terminó por derogar el Acuerdo Gubernativo 17-2020 el cual concretó por medio de la publicación del Acuerdo Gubernativo 151-2022 del Ministerio de Gobernación el pasado 17 de junio, sobre los valores a indemnizar cuando haya afecciones a personas, tanto tripulantes y pasajeros.

Esto bajo los criterios de los costos de indemnización a aplicar que no están sustentados técnicamente, ni respaldados con estudios actuariales. El acuerdo fue publicado el 13 de enero de 2020 y firmado por el entonces presidente Jimmy Morales, un día antes de la transición de mando. Desde entonces, tuvo tres suspensiones de seis meses cada una, y la actual derogatoria.

Sin embargo, el Ministerio de Gobernación confirma que trabaja en la presentación de una nueva propuesta, sin ampliar detalles.

 

En su momento, el mandatario argumentó que su implementación era injusta para los transportistas, tenía un impacto en la inflación y en la canasta básica. La asociación civil respondió con un desplegado de datos y hechos que contradicen la postura del presidente, comenzando por el alto nivel de siniestros, en parte por el aumento del parque vehicular.

Diariamente se contabilizan 22 accidentes viales, 6 muertos y 23 lesionados, de acuerdo con el Boletín Estadístico de enero – julio 2022 del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).

INCREMENTO DE ACCIDENTES

Las tragedias viales reportan cada año un incremento de casos. Al punto que se les cataloga como la segunda causa de muertes violentas, después del arma de fuego. En los primeros siete meses del año, la cantidad de muertes fue de 1,250 en tanto que los fallecidos por arma de fuego ascendieron a 1,481 casos.

Los siniestros viales tuvieron un leve aumento (1%) respecto del mismo periodo del año anterior. Un total de 4,585 hechos de tránsito, 1,250 fallecidos y 4,929 lesionados. El reporte muestra una variación de 2% en las cifras de fallecidos y 3% de lesionados respecto del año anterior.

Las motocicletas han protagonizado el 69.5% de los hechos de tránsito. Foto: La Hora/Vía Prensa Libre

Las motocicletas protagonizaron el 69.5% de los hechos de tránsito (3,190 casos), el transporte colectivo el 7.2% (331) y el transporte pesado tuvo un 13.2% de casos (605), de acuerdo con el boletín de tránsito de la PNC.

Las cifras de heridos y discapacitados se deben en primer lugar a los accidentes de tránsito, de acuerdo con datos de la Unidad de Víctimas, asociación civil integrada por más de 400 familiares.

CRITERIOS

La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) contabiliza hasta julio de 2022, un incremento en las cifras del parque vehicular con un total de 4,741,373 unidades. De estos, alrededor de 2 millones (43.04%) se encuentran en el departamento de Guatemala.

De este parque vehicular, solamente se registran 435 mil vehículos que están asegurados, de acuerdo con datos de AGIS.

 

En junio pasado, la Coordinadora Nacional de Transportes (CNT) denunció el mal estado de las carreteras del país y además rechazó la derogación de este acuerdo señalando que favorece la informalidad, la competencia desleal y viola leyes vigentes.

Por medio de un comunicado, señalaron la urgencia de retomar el seguro obligatorio para el transporte público y comercial, pero con un texto aprobado en forma técnica entre las partes y no en forma antojadiza.

En contraposición, se oponen al seguro obligatorio la alcaldía indígena de Sololá, algunos taxistas y dueños de Tuc Tuc de los departamentos de Totonicapán, Chimaltenango, Petén y Guatemala, los diputados de la bancada Winaq y de otras bancadas. “Todos ellos sin datos para sustentar su oposición”, indica Brol, de la Unidad de Víctimas.

 

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