La resolución judicial que obligó a la Contraloría General de Cuentas (CGC) a entregar el finiquito a Walter Mazariegos reabre una pregunta que parecía cerrada desde que el rector asumió un nuevo periodo al frente de la Universidad de San Carlos (Usac): si la postura oficial de su equipo jurídico era que ese documento no era un requisito para ocupar el cargo, ¿por qué acudir después a una Sala de Apelaciones para obtenerlo?
Para analistas consultados por La Hora, la respuesta apunta a una estrategia para blindar jurídicamente la permanencia de Mazariegos en la rectoría, aunque ello no elimina el debate sobre la legalidad de una toma de posesión realizada cuando la propia Contraloría sostenía que el funcionario no cumplía con ese requisito.
La Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo ordenó a la Contraloría extender el finiquito a favor de Mazariegos, quien asumió el pasado 1 de julio sin contar con esa constancia.
La resolución tuvo el respaldo de los magistrados Irma Sosa Flores como magistrada presidente, Caren Orfilia Guzmán Sagastume magistrada Vocal I en funciones, Víctor Manuel Castillo Mayén magistrado Vocal II en funciones y suplente.
RECUERDAN DENUNCIAS CONTRA MAZARIEGOS
La Contraloria hace ver que se extiende el documento ordenado por la Sala favor de Mazariegos, no obstante, en contra del rector, «constan registros en el Sistema de Auditoría Gubernamental acciones legales en su contra pendientes de resolver».
Entre las acciones la Contraloría hace mención de las siguientes denuncias penales:
1. D-0015-2026 del 24 de marzo de 2026, sobre la Usac.
2. D-0016-2026 del 27 de marzo de 2026, sobre la Usac.
3. D-0017-2026 del 27 de marzo de 2026, sobre la Usac.
Las anteriores, afirman que tienen conexión ante el MP con el número MP001-2026-9581.
Antes de ello, la Contraloría había sostenido públicamente que el rector no podía optar al cargo porque existían denuncias presentadas en el Ministerio Público (MP) que impedían emitir el documento.
Sin embargo, mientras la Contraloría defendía esa interpretación, la Universidad mantuvo una posición distinta. Durante la primera sesión del Consejo Superior Universitario del nuevo periodo, la directora de Asuntos Jurídicos de la Usac, Astrid García, sostuvo que existía «desinformación, confusión y falta de análisis legal» sobre el tema y afirmó que el finiquito únicamente era exigible para cargos de elección popular, por lo que, según su criterio, no aplicaba a la elección del rector universitario.
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También aseguró que las denuncias presentadas por la Contraloría carecían de sustento y calificó el proceso como una actuación política.
En esa misma sesión, Mazariegos desestimó los señalamientos sobre la falta del finiquito, aseguró que no existía ningún impedimento para continuar en el cargo y afirmó que el Ministerio Público no había encontrado irregularidades en su contra.
«LA JUGADA FUE BLINDARSE»
Para el analista político Renzo Rosal, el hecho de que posteriormente se promoviera un amparo para obligar a la Contraloría a emitir el documento evidencia que el finiquito sí representaba un riesgo jurídico para la continuidad de Mazariegos.
«Aunque la narrativa estaba enfocada en decir que no lo necesitaba, era evidente que la misma Contraloría había expuesto que sí era un requisito», afirma.
A juicio de Rosal, la diferencia fue únicamente el momento en que se consiguió.
«La jugada es la misma, solo que al revés: primero toma posesión y ahora consigue el finiquito. Lo que hace Mazariegos es blindarse», sostiene.
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Rosal también estima que el MP debería profundizar las investigaciones relacionadas con la gestión de la Usac.
«El MP también debería investigar a los integrantes del tribunal que ordenó el finiquito a Mazariegos. Puede haber colusión», subrayó.
“SABÍA QUE ERA INDISPENSABLE”
El director de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, llega a una conclusión similar. A su juicio, el hecho de que finalmente se buscara el finiquito demuestra que el documento sí era considerado indispensable.
«Él sabía que sí era indispensable, por eso se movilizó para obtenerlo», afirma.
Marroquín interpreta la resolución como una muestra del funcionamiento de las redes que, según él, continúan capturando el sistema de justicia y considera que el MP también debería investigar si existieron influencias indebidas para lograr que la Contraloría emitiera la constancia.
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La obtención del finiquito, sin embargo, no modifica el orden de los hechos: el documento fue emitido después de que Mazariegos ya había iniciado un nuevo periodo como rector. Esa secuencia mantiene abierto el cuestionamiento sobre los efectos jurídicos de una toma de posesión realizada cuando la propia Contraloría sostenía que el requisito no estaba cumplido.
UN FINIQUITO ANSIADO
La controversia en torno a Mazariegos comenzó antes de su reelección. La Contraloría presentó tres denuncias penales en su contra relacionadas con su gestión al frente de la Universidad de San Carlos, lo que impidió que obtuviera el finiquito.
En abril, durante una citación en el Congreso, autoridades de la institución sostuvieron que una persona sin esa constancia no podía optar a un cargo público, al considerar que el requisito era obligatorio conforme a la Ley de Probidad.
Pese a ello, el 1 de julio asumió un segundo período como rector, en un proceso que diversos sectores universitarios califican de fraudulento por la exclusión de cuerpos electorales y que se suma a los cuestionamientos que rodearon su primera elección en 2022.
A esos señalamientos se añade que Mazariegos permanece incluido en la Lista Engel de Estados Unidos por presuntos actos de corrupción y acciones que socavan procesos o instituciones democráticas por su primer fraude.
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Mientras tanto, la Sala Sexta de lo Contencioso Administrativo —que ordenó a la Contraloría emitir el finiquito— ha sido señalada por el colectivo Usac-DIRE por favorecer los intereses del rector.
Entre sus antecedentes figura la suspensión de amparos promovidos por estudiantes y docentes contra el proceso de elección de rector y el amparo provisional que obligó a extender la constancia fue firmado por dos magistradas que también participaron en la resolución que dejó fuera a las ciencias afines en la elección del representante del CANG ante la Corte de Constitucionalidad.
Con el finiquito ya en sus manos, el principal cuestionamiento deja de ser si podía obtener el documento y pasa a centrarse en las consecuencias de haber asumido la rectoría sin él. Para los analistas consultados por La Hora, la resolución judicial puede cerrar uno de los frentes administrativos abiertos contra Mazariegos, pero no despeja las dudas sobre la legalidad de su toma de posesión sin el requisito que hoy se demuestra era indispensable.
