El accidente de tránsito ocurrido este sábado que provocó la muerte de dos niños de 8 y 13 años, heridas de gravedad en tres miembros de una familia y daños materiales en viviendas y vehículos ha vuelto a poner en discusión la necesidad de una normativa para estos casos, como el seguro para Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y Carga, como el dejado sin efecto.
El hecho protagonizado el pasado sábado 23 por un tráiler que transportaba combustible, tuvo un impacto trágico de grandes dimensiones, puesto que la gasolina se derramó hasta las viviendas y locales comerciales.
Esto fue a la altura del kilómetro 132 de la Carretera Interamericana, en el área conocida como La Cuchilla. “El papá, la mamá y un menor se encuentran con quemaduras en todo el cuerpo, especialmente el padre”, informó Esteban Toc, de la alcaldía indígena de Sololá.
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REGLAMENTO DEROGADO
El Ministerio de Gobernación (Mingob) derogó recientemente el Acuerdo Gubernativo 17-2020 publicado el 13 de enero de 2020 que establece un Reglamento para la Contratación de un Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil contra Terceros del Transporte Colectivo Urbano de Pasajeros y Carga, así como sus reformas.
La derogación de esta normativa fue celebrada por los pequeños transportistas, quienes se han opuesto en varias ocasiones por medio de bloqueos y manifestaciones. Postura que contrasta con los familiares de víctimas de accidentes viales, quienes demandan que el reglamento no quede en el olvido, por lo que más allá de manifestar en las calles, alistan próximas acciones legales para ser escuchados.
La cartera de Gobernación ha informado que prepara una nueva normativa, con mayor consenso y que corrija los errores que contenía la primera versión.
ESTADÍSTICAS
En los primeros cinco meses del año se contabilizaron 3,351 accidentes de tránsito, de los cuales se reportan 913 fallecidos y 3,687 lesionados de acuerdo con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil (PNC).
Dentro de estas cifras, los siniestros por parte del transporte pesado ascienden a 445 casos (cifra similar a los primeros cinco meses del año pasado), con saldo de 53 fallecidos y 87 lesionados. Estos últimos tuvieron un leve descenso respecto al mismo periodo del año anterior, según el reporte.
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ACCIONES LEGALES
César Bol, vocero de la Unidad por las Víctimas de Tránsito que aglutina a unos 15 mil miembros, expresa que hasta el momento el Gobierno no muestra un dato científico para respaldar cuáles son los motivos para derogar este reglamento, sino que se queda en el discurso.
Por ello, como grupo alistan una serie de estrategias por la vía legal para que el Ejecutivo recapacite sobre el asunto. “Iremos a la Corte de Constitucionalidad (CC) aunque no prospere”, afirma.
“Siempre decimos dónde están los derechos humanos de las víctimas de tránsito”, comenta Bol, quien cuestiona a varios actores de gobierno interesados en que esta ley no prospere.
PIDEN MODIFICACIÓN
Esteban Toc, representante de la alcaldía indígena de Sololá expresó en cuanto al accidente ocurrido el sábado que este fue por negligencia del piloto, pues según varias imágenes previas, la pipa de combustible se estaba derramando.
Por alusión, respondió que la postura de la alcaldía en cuanto al Seguro contra Terceros es que ellos pidieron una modificación, no una derogación. “Las empresas con tráileres son las que deberían contratar el seguro, no debería aplicarse para los vehículos livianos, pues son ellos los que provocan accidentes a nivel nacional”, afirma.
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INCREMENTAN LOS ACCIDENTES
Édgar Guerra, defensor del usuario del transporte público de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), explica que los hechos de tránsito deben abordarse, primero desde la prevención, en busca de disminuir al mínimo estos sucesos por medio de operativos en carreteras, pruebas de alcoholemia, controles de mantenimiento de vehículos y de velocidad.
Lo segundo es una reparación digna del daño a las víctimas a través de consensos por medio de instalación de una mesa técnica del seguro. “De qué sirve lamentarnos si no hay acciones preventivas”, expone.
También considera necesario el seguro obligatorio; sin embargo, reconoce que existen intereses de todo tipo, en donde algunos de los actores tendrán que ceder en sus posturas gremiales, incluyendo las aseguradoras.
“La queja constante de los taxistas y de los tuc tuc es que la prima es muy alta y debería equiparar con el pago del transporte extraurbano. Esto provocaría que el costo se traslade a los usuarios del transporte”, explica Guerra, por lo que demanda la urgencia de reanudar la mesa técnica.
También resalta la necesidad de fortalecer la institucionalidad del Estado en esta materia, la cual pareciera debilitarse con los recortes presupuestarios a tres instituciones involucradas como lo son la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial), el Departamento de Tránsito de la PNC y la Dirección General de Transporte del Ministerio de Comunicaciones.
