El panorama en el Congreso de la República podría cambiar para el oficialismo y aliados. Foto: La Hora / Archivo

A pocas semanas que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) convoque a elecciones generales, el panorama en el Congreso de la República podría cambiar para el oficialismo y aliados, debido a los intereses que tendrá cada agrupación para asegurar puestos en la próxima legislatura, según analistas consultados.

Para los entrevistados los partidos buscarán conseguir sus votos y eso podría provocar que rompan alianzas o que la dinámica dentro del Legislativo sea lenta, ya que se complicará la concertación de consensos para aprobar leyes.

PERO…

El partido Vamos ha conseguido el apoyo a varias iniciativas propias y del Ejecutivo con bancadas como UCN, Todos, Prosperidad Ciudadana y disidentes de otras agrupaciones, siendo el respaldo más significativo el de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), bancada que votó en las últimas sesiones en temas claves como el Presupuesto a cambio de la inscripción en 2023 de Sandra Torres como candidata presidencial, según varias fuentes cercanas a las negociaciones.

Todo esto en un contexto en el cual Vamos apuesta por obtener una mayoría legislativa con Miguel Martínez a la cabeza y asegurarse una segunda vuelta presidencial con los votos que 200 alcaldes puedan proporcionar.

A diferencia de otras ocasiones, el oficialismo ha logrado la designación en entidades claves de funcionarios que podrían incidir en las inscripciones de candidatos, como el Contralor General de Cuentas, Frank Helmuth Bode y la fiscal general, María Consuelo Porras.

ORTIZ: HABRÁ PÉRDIDA DE CONSENSOS POR MOTIVOS ELECTORALES

Edgar Ortiz de la Fundación Libertad y Desarrollo expresó que la alianza oficial se irá rompiendo, ya que en el año electoral no querrán ser vinculados con el Ejecutivo.

“Con el avance de los meses se irá rompiendo la alianza oficial en la medida que cada partido vaya buscando posicionarse electoralmente entonces no querrán estar cerca del Ejecutivo por razones obvias y creo que vamos a ver esa ruptura de la alianza y será muy difícil pensar que se construya una alianza alternativa porque los incentivos van a estar cambiados”, indicó Ortiz.

Edgar Ortiz de la Fundación Libertad y Desarrollo. Foto: La Hora / Archivo

Por ello, mencionó que con el presidente electo la dinámica cambiará, pero en los primeros seis meses probablemente habrá una ruptura de la alianza.

“Creo que puede haber pérdida de consensos por motivos electorales, va a ser más difícil tener la alianza junta, vamos a ver creo yo una agenda legislativa más lenta que en el 2022 que fue un año de alta producción legislativa”, explicó.

WONG: LEGISLARÁN A FAVOR DE LAS PERSONAS ELECTAS

Jorge Wong analista político independiente expresó que el próximo año será de mayor movimiento en el Congreso, pero será por motivos electorales, ya que van a legislar a favor de las personas que buscan sean electas.

“Yo creo que el otro año en el Congreso va a ser de mayor movimiento que en los otros años anteriores (…) pero como tiene tintes electorales los diputados tienen que moverse, proponer leyes, aquí la cuestión será la aprobación de obras porque eso es lo que les hace voto en las comunidades”, señaló Wong.

Por lo anterior, enfatizó: “Para los temas cómo evitar las muertes materno-infantiles, reducir la pobreza o la creación de empleos, esas opciones siempre van a quedar rezagadas y esos puntos son los esenciales en los cuales debería de legislarse en Guatemala”.

Además, enfatizó que buscarán legislar solamente en función del beneficio de las personas que van a ser electas.

“Yo creo que el tema Legislativo se irá por otros rumbos por obras, por carreteritas, municipios y ya tienen el presupuesto aprobado para seguir endeudando a las generaciones futuras en Guatemala, creo que estamos viendo un punto de inflexión bastante crítico de corregir pero que se debería de notar un cambio positivo”, aseguró.

RODRÍGUEZ: LOS PARTIDOS ALIADOS TRATARÁN DE DESMARCARSE

La abogada Stephanie Rodríguez expresó que el próximo año los partidos que han apoyado al oficialismo tratarán de desmarcarse y utilizarán todos lo que tenga a disposición para su campaña electoral, incluso dentro del Congreso de la República

“Puede que se separen en busca del voto, van a culpabilizar a este gobierno cuando han sido cómplices de las cosas que han hecho, también en algún momento el legislativo se paraliza porque los diputados que están buscando la reelección seguramente estarán más preocupados por reelegirse”, mencionó Rodríguez.

La abogada Stephanie Rodríguez. Foto La Hora Archivo

Además, indicó que la agenda legislativa de estos últimos tres años puede considerarse regresiva para los derechos humanos y en 2023 no será la excepción, “encontraron un Congreso en el que no van a legislar para la gente, sino lo hizo en tres años no lo harán ahora”, añadió.

“Yo creo que a partir de finales de enero ya todos los partidos hayan proclamado sus asambleas nacionales y sepamos quienes son los diputados binomios, entre otras cosas creo que tendremos más claro el panorama del Congreso”, agregó.

LEYES PENDIENTES DE APROBAR

En la nota “¿Se quedarán con las ganas? Las seis iniciativas que el Oficialismo no logró, por ahora” se menciona cómo el 30 de noviembre finalizó el segundo periodo ordinario en el Congreso y aunque el oficialismo junto a sus aliados aprobó varias iniciativas de ley a favor del Ejecutivo, algunas no corrieron la misma suerte porque encendieron las alarmas y por ahora no prosperaron.

Durante los cuatro meses de trabajo legislativo al menos seis iniciativas no avanzaron o no obtuvieron los votos necesarios para su aprobación, los cuales son:

1. La iniciativa 6076, “Ley para el Fortalecimiento de las Fuerzas de Seguridad Pública y del Ejército de Guatemala”.

2. Ley de Prevención y Protección contra la Ciberdelincuencia,

3. La iniciativa 6120 “Ley de Respuesta y Supervisión Financiera para los Fondos COVID”

4. La iniciativa 6054, “Ley que Sitúa bajo la Coordinación del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales las Instituciones de Competencia Ambiental”,

5. La iniciativa 6141, “Ley de Adquisiciones del Estado”,

6. La iniciativa 6065, Ley de Contrataciones del Estado.

 

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