El Estado puede contratar a una persona por algunos meses y terminar pagándole por años. Así lo ha mostrado La Hora en múltiples artículos que evidencian como un contrato temporal puede costarle millones de quetzales al erario público, tras un fallo judicial. Mucha gente aprovecha el sistema.
Una ministra, una diputada, dos magistrados de apelaciones, familiares y allegados de exfuncionarios, pero también trabajadores sin vínculos políticos conocidos forman parte de una lista de extrabajadores que, después de terminar su relación con distintas instituciones gubernamentales, acudieron a los tribunales para reclamar reinstalaciones, salarios caídos, prestaciones y/o indemnizaciones.
Algunos han ganado, otros todavía litigan, y mientras los procesos se resuelven, la factura termina en el presupuesto nacional.
Solo en 2025, el Ejecutivo pagó Q724 millones por sentencias laborales, mientras que en el Congreso —donde los contratos bajo el renglón 022 aumentaron 95% en una década, según un informe de la Alianza por un Congreso Eficiente—, el presidente de ese organismo, Luis Contreras, indicó que este año los litigios por reinstalaciones ya han representado más de Q35 millones.
Detrás de esas cifras hay una discusión que va más allá de quienes demandan: por qué el Estado utiliza durante años modalidades pensadas para relaciones temporales y qué responsabilidad tienen las autoridades que toman esas decisiones.
Analistas consultados por La Hora explicaron qué hay detrás de este fenómeno y opinaron sobre cómo debería enfrentarse para impedir que el Estado siga “desangrándose” por la gran cantidad de demandas que enfrenta.
Sin embargo, coincidieron en que el problema no se limita a los litigios, sino que pasa por la falta de planificación del servicio civil, decisiones administrativas que pueden no corresponder con la naturaleza real de las plazas y, en algunos casos, incentivos para utilizar estas modalidades como una vía para colocar personal afín en entes gubernamentales.
Entretanto, la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec) sostiene que su rol en esta materia se limita a la rectoría técnica y asesoría, dejando la responsabilidad de la forma en que se desarrollan las contrataciones en las autoridades de cada dependencia estatal.
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UN ESTADO QUE CLASIFICA MAL A SU PERSONAL
Para el abogado laboralista Alejandro Argueta, el origen del problema está en una decisión que ocurre mucho antes de que un trabajador llegue a un juzgado, y se relaciona con la forma en que se decide contratarlo y bajo qué modalidad se le clasifica. De esa manera, dirigió la discusión hacia la responsabilidad de las instituciones.
De acuerdo con el profesional, cuando una persona desarrolla funciones permanentes, pero es contratada mediante una modalidad temporal o de servicios que no corresponde con la naturaleza real de sus labores, no se trata simplemente de un error administrativo.
“La incorrecta clasificación presupuestaria de los servicios personales no es un error técnico, es una decisión administrativa deliberada de quienes dirigen las entidades públicas”, opinó, e hizo ver que el efecto tampoco termina en la eventual sentencia laboral que beneficia con miles o hasta millones de quetzales a quienes reclaman derechos vulnerados.
Para Argueta, estas decisiones terminan afectando la propia estructura del Estado, porque permiten sustituir mecanismos de carrera y mérito por contrataciones que dependen de las autoridades de turno. “Son los funcionarios nominadores y autoridades quienes deciden disfrazar relaciones laborales para evadir la Ley de Servicio Civil y evitar el servicio civil profesional. Ellos crean el problema y el Estado paga la factura”, comentó.
A su criterio, “la sentencia es solo la consecuencia visible” del sistema que se ha replicado en todas las entidades estatales para la contratación del personal. “No se planifica con base en necesidades reales, sino en conveniencias del momento”, afirmó, y calificó ese hecho como “una responsabilidad histórica” de quienes toman las decisiones y autorizan los contratos.
Y es precisamente esa renovación durante años de contratos bajo el renglón 029, por ejemplo, la que ha favorecido a allegados y familiares de exfuncionarios, entre otros, quienes han logrado la reinstalación laboral, con pago de salarios caídos, o el reconocimiento de prestaciones e indemnización, en diferentes dependencias estatales.
La dimensión del problema puede observarse en los casos que La Hora ha documentado en Aeronáutica Civil, por ejemplo. Ahí, la expareja de un exdirector general, el esposo de una exministra, un magistrado suplente de apelaciones y el actual administrador del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, por mencionar algunos, han ganado procesos que han representado desembolsos millonarios.
Pero en esos, como en los múltiples casos que se resuelven anualmente contra el Estado, para Argueta la pregunta principal no es por qué esas personas demandaron, sino por qué fueron contratadas de manera temporal en primer lugar. Es ahí donde el abogado coloca la responsabilidad en las autoridades que toman esas decisiones.
«RESPONSABILIDAD DE QUIEN CONTRATA»
El exministro de Trabajo Luis Linares coincidió en que el problema debe buscarse antes del litigio, pero introduce un matiz importante frente a quienes consideran que existe una falta ética de los trabajadores que demandan.
Para el también analista, los derechos laborales son irrenunciables y una persona que acepta un contrato bajo determinadas condiciones no necesariamente está renunciando de manera válida a los derechos que la ley le reconoce. Por eso hizo ver que la principal responsabilidad está en quien tiene el poder de contratar y lo hace bajo un renglón que no corresponde.
“Es más censurable la irresponsabilidad del que contrata que la supuesta falta de ética del trabajador o del contratado”, afirmó, y añadió: “es muy fácil tomar decisiones cuando el Estado es el que paga. Si el que toma la decisión —de contratar— tuviera que pagar, otra cosa sería”.
Además, explicó por qué los contratos 029 han terminado generando tantas demandas. La figura fue diseñada para servicios técnicos y profesionales, pero en la práctica existen personas que trabajan durante años con horario, subordinación y funciones permanentes, aunque formalmente aparezcan como prestadores de servicios, dijo.
Vicio redondo: el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales; 79 casos superan el millón
Asimismo, recordó que la propia jurisprudencia laboral ha reconocido que, cuando se demuestra que las funciones son permanentes y existe dependencia, la denominación del contrato original termina perdiendo validez.
Casos documentados por La Hora relacionados con trabajadores de Aeronáutica —incluidos varios que fueron detenidos en su momento por presuntos delitos— en los que cada uno obtuvo más de Q900 mil, ilustran esta situación. Y sería ese precedente el que podría favorecer también a la propia ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quien mantiene un reclamo contra esa cartera por el tiempo en que trabajó como 029.
Aunque estas personas firmaron documentos en los que se indicaba que no tenían derecho a prestaciones e indemnización, para Linares, el problema no es que ellos “reclamen sus derechos”. En su opinión, “la cuestión no es eliminar la protección laboral ni impedir que los trabajadores reclamen, consiste en que el Estado contrate correctamente desde el principio”.
UN ESQUEMA QUE GENERA INCENTIVOS
Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), también se refirió al tema e introdujo otra pieza en el rompecabezas. A su juicio, las instituciones recurren a las contrataciones temporales porque son una herramienta sencilla para incorporar personal de confianza sin tener que crear inmediatamente plazas permanentes. Pero el problema aparece cuando esa temporalidad se prolonga.
La práctica, según explicó, puede comenzar con una persona contratada para un período determinado y terminar con renovaciones sucesivas. Mientras tanto, el trabajador adquiere experiencia, ocupa una función permanente y observa que otros empleados que estuvieron en una situación similar acudieron a los tribunales y obtuvieron pagos o reinstalaciones. Es allí donde, a criterio de Quezada, aparece un incentivo.
El analista señaló que incluso existen abogados que ofrecen gestionar este tipo de procesos “garantizando que se ganará la reinstalación o pago de prestaciones”, y no cobran honorarios, sino que trabajan bajo esquemas en los que cobran un porcentaje de lo recuperado. Tal extremo fue confirmado por La Hora al consultar a profesionales que promocionan sus servicios en las redes sociales. La “tarifa” va del 25 al 30% del monto que recibe el demandante tras ganar el litigio.
“Es un tema que pasa por lo antiético también”, afirmó el entrevistado, y se refirió a casos como el del magistrado de apelaciones Manuel Alfonso Castellanos Alonzo, quien ha iniciado un proceso contra el Congreso por más de Q3 millones, por siete meses que trabajó en ese organismo bajo el renglón 022, otra modalidad temporal, o al del magistrado suplente Wilson López que suma tres demandas consecutivas por reinstalación en Aeronáutica Civil.
Sin hacer referencia a ningún caso en particular, Quezada recordó también que algunos contratos se otorgan con trasfondos políticos. “Son botines por la lealtad, digamos, derecho a campaña, o de sindicatos también, que andan colocando a esta gente”, expresó, y remarcó que “el funcionario debería hacerse responsable” por esas contrataciones.
Pero el analista no ve como solución simplemente prohibir todas las contrataciones temporales o pasar a todos los trabajadores a un renglón fijo. Advirtió que el Estado también tiene un problema con sus plazas permanentes y con un servicio civil que, en muchos casos, no permite a las nuevas autoridades contar con el personal que consideran necesario o con el expertiz que requiere determinado puesto.
En ese contexto, su propuesta pasa por hacer corresponsables a quienes toman las decisiones de contratación y, sobre todo, por transparentar cuánto personal nuevo incorpora cada administración. En su opinión, debería monitorearse cuántas plazas y contratos crea cada nueva autoridad y para qué funciones, garantizando que los ceses se efectúen en los plazos correspondientes.
UNA FACTURA QUE SIGUE CRECIENDO
Para Quezada, la idea es sencilla: si una administración aumenta considerablemente el número de trabajadores, debe existir una explicación institucional y no únicamente política. Un ejemplo sería lo que ocurre en el Congreso con los contratos 022, que corresponden a personal de confianza de los diputados.
La Ley Orgánica del Organismo Legislativo establece que cada parlamentario tiene derecho a contratar bajo ese renglón a un asesor, un asistente y una secretaria. La normativa les reconoce todas las prestaciones, pero aclara que sus funciones son temporales; no obstante, según el presidente del Congreso, Luis Contreras, varios de ellos han demandado y han conseguido su reinstalación.
Según una estimación del diputado, solo este año la factura sería superior a los Q35 millones y añadió que hay por lo menos 350 litigios pendientes de resolución.
Por su parte, Fernando Bon, de la Alianza por un Congreso Eficiente, recordó que la nómina de personal 022 ha crecido en un 95% en la última década en ese organismo y expresó que el problema es que estos contratos terminan perdiendo su naturaleza temporal cuando se renuevan año tras año, lo cual puede terminar impactando a legislaturas posteriores, que deberán pagar por futuros litigios.
Y ese punto conecta nuevamente con el resto del Estado, donde cada institución cuenta anualmente con un monto destinado solo a cubrir sentencias laborales, ya sean por reinstalaciones con sueldos caídos o prestaciones dejadas de percibir por excolaboradores que alegan una simulación en el contrato que se les otorgó.
En 2025, solo el Ejecutivo cerró con Q724 millones pagados por procesos de ese tipo, para personas que trabajaron en distintas dependencias con contratos que, en teoría, eran temporales, pero terminaron generando una relación de dependencia, según los tribunales que conocieron los casos.
Recientemente se conoció que entre quienes se han favorecido con fallos de ese tipo figura la diputada independiente —antes oficialista— Ivanna Luján, quien recibió Q643 mil 629 por salarios, vacaciones, prestaciones y otros emolumentos dejados de percibir cuando laboró en el Ministerio de Agricultura como 029. Además, tiene un proceso similar en desarrollo contra el Instituto de Fomento Municipal (Infom).
ONSEC DEJA RESPONSABILIDAD EN AUTORIDADES
Tras conocer la postura de los citados expertos, La Hora consultó a la Onsec sobre los controles que existen para verificar la forma en que las entidades gubernamentales contratan a su personal y los renglones que aplican.
La entidad explicó que ejerce las atribuciones que le confieren la Ley de Servicio Civil y que ejerce funciones de rectoría técnica, asesoría y emisión de criterios dentro de su ámbito de competencia. Sin embargo, remarcó que «las autoridades nominadoras son responsables de la gestión de su personal y del cumplimiento de la normativa aplicable en cada caso».
El órgano encargado de la gestión del recurso humano del Estado aseguró que realiza procesos de auditoría en los cuales «se emiten recomendaciones con la finalidad de verificar el cumplimiento de disposiciones, procesos y procedimientos técnicos y legales vigentes orientados al reordenamiento de su estructura organizacional, puestos de trabajo y de su personal». No obstante, hizo ver que la responsabilidad sobre cómo se gestionan los puestos es de cada entidad.
En cuanto a los renglones temporales y las constantes demandas laborales, la Onsec indicó que sus criterios técnicos buscan que la modalidad de vinculación del personal sea congruente con la naturaleza de las funciones que desempeñará y con el régimen jurídico aplicable. Pero insistió en que es obligación de «las autoridades nominadoras cumplir y hacer cumplir la Ley de Servicio Civil».
SIN CAMBIOS A LA VISTA
Sobre una eventual reforma legal para corregir problemas de contratación y evitar casos de “simulación de contrato”, como lo denuncian excolaboradores del Estado, la Onsec señaló que una situación de esa naturaleza no puede determinarse de manera general a partir del renglón o modalidad utilizada, sino que requiere analizar las condiciones y circunstancias específicas de cada relación.
Cuando existe una controversia, agregó, corresponde a los órganos jurisdiccionales realizar esa valoración. Aunque se le consultó de manera directa, la entidad no respondió si ha hecho alguna recomendación puntual al Ejecutivo o Legislativo para reformar la ley vigente o para adoptar alguna medida que permita evitar más demandas laborales.
«La Onsec promueve la correcta aplicación de la normativa vigente, el fortalecimiento de los criterios técnicos, así como la capacitación y formación a los responsables de recursos humanos de cada una de las instituciones, para atender la gestión y administración de las instituciones orientados hacia la correcta contratación de los servidores públicos», comentó el ente rector, mediante su departamento de Comunicación.
