Los diputados aprobaron ayer las reformas a la Ley del Servicio Civil del Organismo Legislativo, que establece una serie de regulaciones para la contratación, el trabajo y el pago del personal en el Congreso. El fallido plan para beneficiar a un grupo de diputados señalados de corrupción generó dudas en torno a los intereses detrás de la normativa.
POR REDACCIÓN LA HORA
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Las reformas contemplan regulaciones para los trabajadores, quienes a partir de la entrada en vigencia de la normativa no podrán ganar más que un diputado, recibirán incrementos salariales con base a evaluaciones de desempeño cuando no estén contemplados en el pacto colectivo, y no podrán cobrar más de dos horas extras en cada jornada laboral, entre otros aspectos.
La aprobación de las reformas se tornó polémica, cuando desde el martes se pretendía plantear una reforma del artículo 100 para librar de culpa a los responsables de las anomalías recientemente descubiertas en el Organismo Legislativo, relacionados con la contratación de personal, lo que finalmente no se concretó.
Según fuentes que pidieron el anonimato, había un acuerdo que involucra a varias bancadas legislativas que estarían interesadas en la regulación, ya que los diputados y funcionarios envueltos en casos de corrupción pertenecen a diferentes grupos.
El diputado Manuel Conde, quien propuso la enmienda al artículo 100 de la Ley de Servicio Civil, arremetió contra periodistas y medios de comunicación que publicaron notas y tweets sobre una estrategia que beneficiaría a legisladores vinculados en contrataciones anómalas, indicando que no van a legislar “por presión mediática”. Vamos a legislar por lo que le convenga a Guatemala y al Congreso, señaló.
Antes de iniciar sus críticas, Conde se refirió a la nota publicada por varios medios de comunicación, entre ellos La Hora, que según él se basaron en un documento “apócrifo”.
