Mientras ocupa una magistratura suplente en la Sala Tercera de Apelaciones, Wilson Joel López González está a las puertas de una tercera reinstalación en la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), entidad contra la cual ha planteado litigios laborales en los últimos años.
Las acciones emprendidas por el abogado ya le permitieron dos reinstalaciones —en 2023 y 2025— y pagos por más de Q846 mil en salarios y prestaciones dejadas de percibir. Pero eso no es todo, pues datos recabados mediante una solicitud a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UIAP) revelaron que hay un nuevo fallo a su favor, por lo cual las autoridades deberán contratarlo nuevamente.
De este tercer proceso todavía no hay detalles públicos. La DGAC confirmó la recepción del expediente 01173-2026-00362, en el cual el Juzgado Octavo Pluripersonal de Trabajo y Previsión Social ordena la reinstalación de López González; no obstante, la UIAP hizo ver que la información está en reserva, debido a que aún no se ha ejecutado.
El profesional del Derecho llegó a las cortes en octubre de 2024, tras recibir el voto de 132 diputados quienes lo consideraron idóneo para convertirse en magistrado suplente de apelaciones y para entonces ya había ganado la primera disputa judicial contra la DGAC.
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DE DEMANDA EN DEMANDA
Según registros oficiales, Wilson López llegó a trabajar a Aeronáutica bajo el renglón 029 durante la administración de Francis Argueta, fungiendo como asesor jurídico del Despacho Superior. La falta de continuidad de su último contrato, habría propiciado que iniciara una demanda para recuperar el puesto.
Documentos a los que tuvo acceso La Hora indican que el primer litigio comenzó en 2021 y fue resuelto por el Juzgado Séptimo de Trabajo en 2023.
En esa resolución se ordenó su reinstalación y la cual se concretó mediante un contrato por tres meses —entre marzo y junio de ese año— en la Dirección General de la institución y con honorarios mensuales de Q21 mil. También se le reconocieron poco más de Q363 mil en concepto de salarios caídos.
Aunque las autoridades cumplieron con el mandato judicial, López volvió a accionar una vez finalizada la relación laboral y, en 2025, obtuvo otro fallo favorable. De esa cuenta, fue reinstalado en junio en la Unidad de Asesoría Jurídica por seis meses más y recibió Q483 mil 700 en sueldos dejados de percibir.
Ese contrato finalizó en diciembre pasado y, según confirmaron las autoridades, la nueva resolución para devolverlo al puesto está contenida en el expediente 01173-2026-00362.
Igual que en los casos anteriores, el ahora magistrado recibiría un pago por salarios caídos desde que venció el último convenio laboral, aunque el monto aún no ha sido establecido. Lo que sí se conoce es que regresaría con honorarios de Q21 mil mensuales.
¿PUEDE UN MAGISTRADO SUPLENTE TENER OTRO TRABAJO?
Un aspecto relevante es el tiempo que tomó esta última acción de López contra la DGAC. Según los expedientes, los fallos anteriores se emitieron aproximadamente dos años después de planteadas las demandas, mientras que en el litigio más reciente solo hubo unos meses de por medio para llegar a la resolución.
Para cuando Wilson López inició los procesos anteriores todavía no era magistrado suplente de apelaciones, pero para este último ya había sido designado en el cargo, es decir que es integrante del Organismo Judicial (OJ), mismo al que pertenecen las judicaturas que lo han favorecido.
Otro elemento a considerar es que, a diferencia de los magistrados titulares, los suplentes no tienen un salario mensual permanente por ejercer esa calidad. Según el Acuerdo 26-2006 de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), los magistrados suplentes reciben emolumentos solo cuando sustituyen temporalmente a los titulares por impedimento, recusación, excusa o ausencia.
Debido a ello, no tienen un sueldo fijo y pueden desarrollar otros trabajos e incluso ejercer como litigantes, siempre y cuando eso no interfiera con sus funciones.
Ese sería el caso de Wilson López, quien mantiene vigente su calidad de magistrado suplente de apelaciones y estaría a punto de recuperar, por tercera vez, su vínculo laboral con una institución del Ejecutivo.
UN PATRÓN EN SUS CONTRATOS
De acuerdo con registros en Guatecompras, López González fue contratado por primera ocasión en Aeronáutica Civil en septiembre de 2019, cuando Francis Argueta estaba al frente de esa entidad, durante el gobierno de Jimmy Morales.
Los documentos indican que prestaría servicios profesionales durante tres meses, lapso en el cual percibiría un total de Q59 mil 500. Sin embargo, el contrato fue rescindido poco después.
Pese a ello, a finales de diciembre de ese año se le pagó la citada suma, ya no bajo contrato vigente, sino mediante un acta administrativa en la cual se indica que prestó servicios al Despacho Superior entre el 6 y 31 de diciembre. Es decir que ganó en menos de un mes lo que se le pagaría por un trimestre.
El contrato más reciente que figura en Guatecompras a favor del ahora magistrado suplente, antes de sus reinstalaciones, data del 2 de enero de 2020. En el documento se indica que prestaría servicios profesionales durante tres meses, con honorarios mensuales de Q15 mil.
No obstante, el 16 de enero se emitió una resolución en la que el convenio laboral finaliza de mutuo acuerdo. Después de ello, no hay más registros en Guatecompras en los que consten nuevos contratos.
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DEFIENDE SUS REINSTALACIONES
En entrevista para La Hora, el magistrado suplente de apelaciones aseguró que ninguno de sus contratos terminó por rescisión, sino por la finalización del plazo establecido, y confirmó que, pese a ello, ha acudido en tres ocasiones a los tribunales para recuperar su vínculo laboral con Aeronáutica Civil.
López González rechazó que sus acciones representen un intento de permanecer indefinidamente en la institución y negó que exista un ciclo en el que finaliza un contrato, demanda y vuelve al puesto por orden judicial.
“No es un ciclo perverso, porque si no las leyes laborales no existieran. Uno tiene derechos como trabajador”, afirmó.
López sostuvo que su relación laboral no finalizó por incumplimientos laborales, y más bien acusó que la falta de renovación de sus convenios para prestar servicios profesionales habrían sido una represalia por denuncias que presentó contra empresas señaladas de presunta irregularidades, en temas como el arrendamiento de parqueos y publicidad en el Aeropuerto Internacional La Aurora.
“Yo creo que por eso me echaron; bueno, no me echaron, pero ya no me dieron contrato”, expresó, al referirse a las acciones que promovió mientras trabajaba en la institución. «Yo he puesto mi granito de arena, he trabajado y no me he perpetuado en una plaza», expresó, al justificar las demandas que le han permitido regresar a la DGAC.
NIEGA CONOCER DOCUMENTOS SOBRE CESE LABORAL
Un aspecto destacado en sus declaraciones es que dijo desconocer los documentos que obran en Guatecompras y en los cuales se menciona que en 2019 se le rescindió el contrato que tenía, junto con otras personas. También negó que ese mismo año se le hubiera pagado por acta administrativa el mismo monto de ese convenio finalizado, aunque tal extremo está acreditado en el sitio web.
Además rechazó que la finalización de su contrato en 2020 fuera de mutuo acuerdo, como se documentó también en el portal de contrataciones del Estado. Según su versión, no dejó de laborar en la entidad sino hasta 2021.
«Nunca lo había visto. Yo no firmé nada», manifestó, al mostrársele el oficio en mención, y aseguró que «eso no vale, porque se hubiera presentado para frenar alguna reinstalación».
Sobre la coincidencia entre sus litigios y su actual calidad de magistrado suplente, descartó cualquier influencia dentro del Organismo Judicial y afirmó que sus procesos han seguido el mismo trámite que los de otros trabajadores, incluidos dos de sus asistentes, que, según dijo, también han accionado para recuperar su puesto.
Wilson López negó reiteradamente haber recibido beneficios por sus vínculos políticos o gremiales y aseguró que su relación laboral con Aeronáutica ha sido como la de cualquier otro colaborador. “He sido un empleado más, no he tenido el cargo de jefe ni de privilegiado”, afirmó.
También resaltó que sus demandas contra la institución son como las de otras personas con contrato 029. «Yo solo estoy haciendo valer mi derecho laboral. Cuánta gente lo hace», concluyó.
ENTRE EL GREMIO Y LA POLÍTICA
Más allá de su trabajo en Aeronáutica Civil y sus constantes reinstalaciones, el nombre de Wilson Joel López González ha ganado presencia dentro del sistema de justicia. Actualmente ocupa una magistratura suplente de la Corte de Apelaciones, y su ascenso está ligado a una trayectoria de participación gremial, política y vínculos con actores influyentes en procesos de elección judicial.
Su llegada a las cortes ocurrió tras integrar la postuladora para magistrados de la Corte Suprema de Justicia como representante del CANG.
En octubre de 2024, el Congreso lo eligió como magistrado suplente de apelaciones con 132 votos a favor. Sin embargo, su nombre ya había aparecido antes en procesos de poder dentro del gremio de abogados y en investigaciones relacionadas con la influencia en elecciones judiciales.
López González, abogado egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac).
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Durante su trayectoria también se relacionó políticamente con la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE). En 2019 acompañó a los entonces diputados Óscar Argueta y Estuardo Vargas en una denuncia contra la exjefa del Ministerio Público (MP) Thelma Aldana y el exfiscal Juan Francisco Sandoval, luego de que presentaran una investigación contra Sandra Torres por presunto financiamiento electoral ilícito.
Ese mismo año, el profesional del Derecho fue señalado como uno de los impulsores de la denuncia presentada por Torres contra editores del extinto elPeriódico bajo la Ley contra el Femicidio. La acción derivó en medidas de protección a favor de la entonces candidata presidencial y en una resolución que restringió publicaciones sobre ella.
Días después de esa decisión judicial, ese mismo medio publicó imágenes de López junto al juez Rafael Morales Solares, integrante de la sala que resolvió a favor de Sandra Torres, durante un viaje a Miami, Florida, en Estados Unidos. Tras ese hecho, la cercanía entre ambos fue cuestionada públicamente.
Su nombre también apareció en el contexto del caso Comisiones Paralelas 2020. Según documentos revelados en su momento por el MP, Wilson López mantuvo comunicación con Gustavo Alejos Cámbara durante un proceso de elección de magistrados. Sin embargo, él ha negado su participación en cualquier irregularidad y ha asegurado en varias ocasiones que no formó parte de ese proceso.
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UNA FIGURA QUE SE MANTIENE VIGENTE
En los últimos años, López González consolidó su influencia dentro del CANG a través de Coalición Gremial, agrupación que lidera y desde la cual ha participado en disputas internas del gremio. En 2025 buscó presidir el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados mediante la Planilla 1, integrada junto con Avanza, grupo en el que participaron funcionarios del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras.
Su red de relaciones también incluye acercamientos con figuras que han buscado posiciones de poder dentro del sistema de justicia. Entre ellas, destaca su respaldo público a la aspiración del juez Mynor Moto quien en eventos gremiales a finales del año pasado manifestó su interés de integrar la Corte de Constitucionalidad.
Además, López ha sido relacionado con estructuras académicas vinculadas al rector de la Usac, Walter Mazariegos, a través de su participación en espacios administrativos de esa casa de estudios y su vinculación con Coalición Gremial. A esto se suma su registro como trabajador de la Coordinadora de Cursos Libres.
De manera más reciente, este 18 de junio, el profesional volvió a colocarse en el centro de una controversia institucional, al obtener un amparo que suspendió una asamblea extraordinaria del CANG convocada para discutir reformas estatutarias.
