Decisiones tomadas por antiguos jefes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, siguen pasando factura en la institución. Resoluciones judiciales han obligado no solo la reinstalación de exempleados sino también millonarios pagos en salarios caídos, indemnizaciones y compensaciones por daños y perjuicios.
Según registros oficiales, desde el inicio de la actual administración, la DGAC ha desembolsado Q62.92 millones para cumplir con diversos fallos a favor de quienes en su momento fueron «personal de confianza» de Carlos Velásquez Monge y Francis Argueta, quienes estuvieron al frente de la entidad de manera consecutiva entre febrero de 2016 y el mismo mes de 2024.
Uno de los casos más destacados es el de la expareja de Velásquez Monge, Elizabeth Nicté Paz Pineda, quien obtuvo Q1.73 millones en concepto de sueldos dejados de percibir, después de que un juez de Trabajo ordenó su contratación en la DGAC, aunque ella no era parte del personal de la entidad originalmente, sino que laboró para un ente internacional.
Su expediente es uno de varios que siguen generando costos para Aeronáutica por contratos que se otorgaron durante administraciones anteriores, principalmente bajo el renglón 029, el cual, en teoría, no genera relación laboral y tiene carácter de temporal.
JUEZ ORDENÓ PAGO EN DÓLARES
La Hora reveló en marzo pasado cómo distintos juzgados laborales ordenaron reinstalaciones a favor de personas cercanas a los antiguos directivos de Aeronáutica Civil, y uno de los casos más llamativos era precisamente el de Nicté Paz Pineda.
El año pasado, Marvin Benjamín Castillo Barrios, titular del Juzgado Sexto de Trabajo, resolvió que la profesional debía ser contratada en la DGAC, a pesar de que su último puesto había sido en un organismo regional que prestaba servicios a la entidad; es decir, sus funciones estaban relacionadas con Aeronáutica pero no respondía directamente a la institución.
Su sueldo ahí era de USD 3 mil mensuales (Q23 mil 280, al tipo de cambio actual) y logró el puesto por intervención de Carlos Velásquez Monge, con quien para entonces mantenía una relación sentimental y posteriormente «formaron un hogar», confirmaron fuentes allegadas a la pareja.
Según consta en registros de Guatecompras, las autoridades cumplieron en 2025 con asignar una plaza a Paz, pero lo hicieron mediante un contrato 029, que duró de marzo a junio de ese año. En ese periodo obtuvo honorarios por Q23 mil 100 mensuales.
Al finalizar el convenio, la profesional volvió a accionar legalmente y el juez Castillo Barrios la favoreció, ordenando que se le contratara de manera indefinida en Aeronáutica y se le pagara en dólares, como ocurría cuando trabajaba para el ente internacional. Ello, decía el mandato, debía cumplirse este año.
Tal resolución, de acuerdo con las autoridades, representó un caso inédito, ya que en la entidad no hay ningún puesto que que tenga entre sus características las remuneraciones en moneda extranjera.
Vicio redondo: el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales; 79 casos superan el millón
CONSIGUIÓ MILLONARIA SUMA
Esto propició que se hiciera una consulta a la Oficina Nacional de Servicio Civil (Onsec), la cual concluyó que no era viable realizar una contratación bajo esas condiciones.
La opinión fue trasladada al área jurídica para las gestiones correspondientes y, hasta la fecha, Paz Pineda no ha sido restituida nuevamente a la institución; tampoco se conoce si impulsará nuevas acciones legales para intentar que la resolución sea ejecutada.
Pese a que el retorno no se concretó, el expediente ya había generado un impacto económico para el Estado. Los registros oficiales muestran que la expareja de Velásquez Monge recibió Q1.73 millones como compensación por los salarios que dejó de percibir desde que fue separada del cargo en el ente internacional hasta que fue reinstalada en la DGAC en marzo de 2025. El mismo juez ordenó el pago.
Un detalle destacado es que —a excepción del beneficio que obtuvo por orden judicial— a Nicté Paz Pineda no le figuran contratos en Aeronáutica en los últimos 14 años. El único registro que aparece en Guatecompras data de 2012, cuando prestó servicios técnicos a la institución durante 11 meses.
TAMBIÉN LA EXASISTENTE DE FRANCIS ARGUETA
Pero el caso de Paz Pineda no es el único. Otra de las beneficiarias de fallos laborales fue María Gabriela Ruiz de Letona, quien se desempeñó como asistente personal de Francis Argueta durante el tiempo que este dirigió la DGAC.
Su reinstalación fue ordenada por un juzgado y posteriormente confirmada por una sala de apelaciones. Como resultado, volvió a trabajar en la institución en febrero de este año, bajo el renglón 029 y con honorarios mensuales de Q18 mil.
La información oficial indica que la relación laboral concluyó tras el vencimiento de su contrato, en abril pasado. No obstante, como parte de la resolución que la favoreció, recibió Q424 mil 573 por concepto de salarios dejados de percibir.
Trabajadores de la institución la identificaban como una de las colaboradoras de mayor confianza del exdirector, quien permaneció al frente de Aeronáutica desde abril de 2018 hasta febrero de 2024, período que abarcó parte de los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei.
Su gestión estuvo marcada por múltiples señalamientos de anomalías y fue destituido al inicio de la actual administración. «La función reguladora de la aviación civil no ha sido cumplida eficientemente a través de las instituciones que le compete», dijo la entonces ministra de Comunicaciones, Jazmín de la Vega, al anunciar la salida de Francis Argueta.
ESPOSO DE EXMINISTRA ESTÁ A LA ESPERA
Entre los expedientes por los cuales la Dirección General de Aeronáutica Civil también tendrá que pagar salarios caídos, por orden judicial, figura el de Julio César Estrada Valenzuela, esposo de la exministra de Educación Claudia Ruiz.
Estrada ocupó funciones relacionadas con la seguridad aeroportuaria durante la administración de Argueta y fue separado del cargo al inicio del gobierno de Bernardo Arévalo, junto con otras personas.
Sin embargo, igual que en los casos anteriores, acudió ante un juzgado para obtener su reinstalación. Tras un fallo favorable, regresó a Aeronáutica mediante un contrato 029 en marzo de este año y con honorarios mensuales de Q25 mil.
La relación laboral terminó en mayo pasado y, según las autoridades, aún no recibe el pago de sueldos dejados de percibir, pero estos se tendrán que hacer efectivos una vez concluya el cálculo respectivo. De momento, no se sabe cuánto recibirá.
En su momento, la contratación de Estrada Valenzuela generó severas críticas contra su esposa, pues ella era parte del Gabinete de Gobierno cuando llegó a trabajar la DGAC.
Aunque el asunto fue calificado como nepotismo por varios sectores, la entonces ministra restó importancia al tema y ambos siguieron laborando en sus puestos; por entonces, también los hijos de la pareja obtuvieron plazas en entidades del Estado.
Claudia Ruíz, la ministra que permaneció junto a Giammattei desde el primer día
UNA FACTURA POR MILLONES
Los tres casos descritos forman parte de una serie de litigios que continúan impactando las finanzas de Aeronáutica Civil, igual que ocurre en el resto de instituciones estatales.
Según el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin) desde el inicio del actual gobierno la DGAC ha desembolsado Q62.92 millones para cumplir resoluciones judiciales por salarios caídos, prestaciones, indemnizaciones y otros reclamos promovidos por personas que laboraron para la entidad. De ese monto, Q31.45 millones se erogaron el año pasado.
Ministra de Comunicaciones mantiene reclamo por más de Q900 mil a la misma cartera que ahora dirige
Las autoridades aclararon que no todos los pagos están relacionados con reinstalaciones, pues hay casos en los que personas contratadas bajo el renglón 029 reclaman prestaciones, aguinaldo, bono 14, vacaciones e indemnizaciones, pese a que ese tipo de contratación no establece una relación de dependencia.
De esa cuenta, aunque algunos de los beneficiarios ya no laboran en Aeronáutica o incluso no lograron regresar a la institución, las demandas continúan generando obligaciones financieras que impactan en el presupuesto de la entidad años después de que concluyeran las administraciones en las que fueron contratados.
