El contrato para un puesto de confianza y siete meses de trabajo terminaron convertidos en una demanda laboral que le podrían representar al Congreso un pago superior a los Q3 millones en sueldos caídos a favor de un actual magistrado de apelaciones.
El protagonista del caso es Manuel Alfonso Castellanos Alonzo, quien ahora funge como Vocal I de la Sala Primera del Tribunal de lo Contencioso Administrativo y entre mayo y diciembre de 2017 se desempeñó en la Dirección General del Organismo Legislativo —por siete meses fue el director de esa dependencia—, tras haber sido contratado de bajo el renglón 022, una modalidad que contempla el pago de prestaciones.
Después de dejar el Congreso y continuar su carrera en otras instituciones públicas, el abogado recurrió a los tribunales para reclamar su reinstalación, así como el pago de los sueldos que habría dejado de percibir desde que terminó su relación con ese organismo.
Aunque los contratos bajo el renglón 022 son de carácter temporal, el ahora magistrado accionó en un momento en el que el Legislativo se encontraba bajo un emplazamiento judicial, una medida que, según las autoridades del parlamento, ha favorecido a otro personal, como exasesores y exasistentes de diputados, que también han logrado la reincorporación laboral por orden de un juez.
De acuerdo con la información recabada por La Hora, un amparo que le fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) le permitiría al abogado cobrar los Q3 millones que reclama; sin embargo, la Dirección de Comunicación del organismo indicó que el proceso aún está en curso, pues se han planteado las respectivas apelaciones.
Esto quiere decir que el monto no es definitivo todavía, pues, de confirmarse la reinstalación, el cálculo de los salario dejados de percibir podría requerir una actualización, según la fecha que se determine en la resolución judicial. El otro escenario es que el Legislativo gane el litigio. Hasta el momento, no se conocen los detalles del expediente, pues se encuentra bajo reserva, debido a que «no ha causado ejecutoria».
El presidente de ese organismo, Luis Contreras, ya se había referido en días anteriores a una serie de procesos judiciales que han provocado que se acumulen más de Q100 millones en pagos por salarios caídos y reinstalaciones durante la última década, solo para personal que originalmente fue contratado como 022, es decir de manera temporal. Castellanos buscaría sumarse a ese grupo.
DEMANDÓ AUNQUE ESTABA EN OTROS TRABAJOS
Manuel Alfonso Castellanos llegó al Congreso en 2017 para ocupar la Dirección General, uno de los puestos administrativos de mayor jerarquía, cuando el entonces diputado Oscar Chinchilla era el presidente de ese organismo. Entre mayo y noviembre se desempeñó como encargado del área y su último mes ahí fungió como asesor. Así lo consignó él mismo en la hoja de vida que presentó al postularse como candidato a magistrado.
De acuerdo con datos oficiales, en enero de 2018 pasó al Ministerio de Gobernación, para dirigir el Viceministro Administrativo. Para entonces, la cartera era liderada por Enrique Degenhart.
Posteriormente ocupó diferentes cargos en entidades públicas y percibió las respectivas remuneraciones en esos trabajos; no obstante, inició un proceso para obtener su reinstalación en el parlamento, lo cual conlleva también, según la legislación laboral, el reclamo de los salarios que no obtuvo desde su cese.
Su currículo evidencia que desempeñó casi de manera ininterrumpida diversas labores en instituciones como la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Instituto de la Defensa Pública Penal y el Fondo Social de Solidaridad (FSS), hasta que fue electo por primera vez como magistrado de apelaciones, a finales de 2023.
MAGISTRADO GUARDA SILENCIO
La Hora se comunicó con el magistrado para conocer cuál fue el fundamento de su demanda, por qué reclamó una reinstalación aun cuando ha ocupado otros cargos públicos y cuál es el monto que actualmente está en disputa, pero no quiso responder.
“Es un tema personal y si usted tiene algo que investigar, pues puede obrar en el documento que tiene el Congreso la información que necesite”, expresó, impidiendo así que se conozcan los pormenores de la situación.
El caso adquiere una dimensión particular porque Castellanos no es un exempleado cualquiera del Estado, ya que desde 2023 ocupa una magistratura en la Corte de Apelaciones.
En noviembre de ese año fue asignado a dentro del sistema de justicia a instancias que conocen y resuelven litigios laborales. En su hoja de vida destaca su paso por las Salas Cuarta y Sexta de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social, la primera con sede en Mazatenango y la segunda en la capital.
Debido a su negativa a brindar declaraciones, no se le pudo preguntar si su puesto en esas entidades le representó alguna ventaja en su demanda contra el parlamento. “Yo me abstengo de darle alguna información. Es un tema personal”, reiteró, cuando se le mencionó el caso.
Tampoco se le pudo cuestionar acerca de por qué mantiene el litigio, aun cuando en fue electo como magistrado de apelaciones por un periodo que culminaría en 2029.
LOS SEÑALAMIENTOS QUE LO HAN RODEADO
Su llegada a las Cortes se produjo en noviembre de 2023, después de que una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) obligara al Congreso a elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones que debían concluir el periodo 2019-2024 —fueron más de cuatro años de retraso en ese proceso, por lo que la anterior magistratura estuvo en funciones más de 9 años—.
En octubre de 2024 logró la reelección, tras obtener el voto de 121 diputados. Pero su llegada a la magistratura ya había estado acompañada de señalamientos sobre su trayectoria y participación en otros procesos de elección de cortes.
Un perfil elaborado por Movimiento ProJusticia señala a Castellanos de haber integrado una planilla vinculada al exrector de la Universidad de San Carlos, Estuardo Gálvez, dentro de la Asamblea de magistrados de Corte de Apelaciones lo cual lo llevó a formar parte de la comisión de postulación para la elección de magistrados de la CSJ en 2024.
Además, su nombre apareció vinculado al caso Comisiones Paralelas 2020. Cuando se presentó el caso, el Ministerio Público ubicó a Manuel Alfonso Castellanos como uno de los aspirantes a magistrados por el periodo 2019-2024 que era «patrocinado» por la comisionada Olga del Rosario Alfaro Pineda, una de las señaladas por presunta injerencia en ese proceso de postulación.
Otro de los episodios en los que se vio involucrado data de 2022, cuando trabajaba en el FSS. Durante una fiscalización a la entidad, el entonces diputado Aldo Dávila dijo haber descubierto supuestas plazas fantasmas, lo cual derivó en una denuncia penal contra Castellanos.
De acuerdo con lo denunciado, una revisión realizada en agosto de ese año a la nómina en el renglón 029 habría revelado que aparecían 264 personas contratadas, mientras que durante una inspección se habría constatado la presencia de aproximadamente 120 trabajadores. Castellanos se desempeñaba como coordinador ejecutivo de la entidad y, hasta donde se conoce, el proceso no prosperó.
UNA FACTURA DE Q100 MILLONES PARA EL CONGRESO
El caso de la demanda laboral de Castellanos aparece en medio de un problema mucho mayor. Un informe de la Alianza por un Congreso Eficiente alertó sobre el crecimiento de las contrataciones bajo el renglón 022 en el Legislativo, y el presidente de ese organismo reveló a qué se debe el alza.
El diputado Luis Contreras explicó que buena parte del incremento responde a las reinstalaciones ordenadas por los tribunales. Según sus datos, desde 2016 el Congreso ha sido obligado a recontratar a 316 personas y actualmente enfrenta nuevos litigios que podrían generar nuevas reincorporaciones. “Si esas demandas prosperan, vamos a crecer en otras 350 plazas 022”, afirmó el parlamentario.
Hasta ahora, el organismo ha pagado más de Q100 millones en salarios caídos derivados de estos procesos durante aproximadamente una década, y solo este año, aseguró, se han desembolsado alrededor de Q35 millones en ese rubro.
El representante de San Marcos también indicó que muchos de esos casos corresponden a antiguo personal de confianza de parlamentarios; es decir, empleados que en su momento fueron contratados bajo el artículo 154 bis de la Ley Orgánica del Organismo Legislativo, el cual establece que cada diputado tiene derecho a contar con un asesor, asistente y secretaria mientras ocupe su curul.
Otros casos, como el de Manuel Alfonso Castellanos, corresponde a asesores de bancadas o comisiones, subdirectores o directores que fueron contratados también de forma temporal y “que solo trabajaron unos meses y se llevaron millones —de quetzales—”, tras ser favorecidos por los tribunales, según el legislador.
DIPUTADA, MINISTRA Y OTRO MAGISTRADO ENTRE LOS DEMANDANTES
Este hallazgo en el Congreso confirma una problema estructural del Estado. En reportajes anteriores, La Hora ha revelado cómo allegados a exfuncionarios de la época de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei siguen percibiendo pagos de instituciones como la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), tras demandar por su reinstalación y pago de sueldos caídos, así como prestaciones e indemnización, aunque en su momento firmaron contratos en los que se especificaba que no tenía derecho a ello.
Uno de los casos más destacados es el del también magistrado de apelaciones, aunque suplente, Wilson Joel López González, quien ha demandado durante tres ocasiones seguidas a la DGAC para conservar su cargo en el área de Asesoría Jurídica, lo cual también le ha conllevado pagos por un total de Q846 mil en sueldos dejados de percibir y está a la espera de un nuevo fallo.
Por su parte, Nicté Paz, expareja del exdirector de Aeronáutica Carlos Véslasquez Monge, recibió más de Q1.7 millones también por orden judicial y al mismo director actual del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, Edson Gerardo Barrios Ochaeta, se le pagaron Q1.24 millones por prestaciones e indemnización.
A ellos se suman excolaboradores que incluso fueron capturados por presuntos actos ilícitos mientras estaban en funciones en esa institución, quienes recibieron diferentes montos tras ganar una demanda laboral.
Y en otras esferas, resalta el caso de la propia ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quien mantiene un reclamo por la vía judicial por más de Q900 mil, por el tiempo en que laboró en la cartera que ahora dirige, pero bajo el renglón 029.
Por otra parte, está la diputada Ivanna Luján —antes oficialista y ahora en las filas del partido TODOS—. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) terminó pagándole Q643 mil 629 por vacaciones, prestaciones y otros emolumentos dejados de percibir, después de que un juzgado declarara con lugar una demanda por el tiempo en que trabajó como 029. Además, tiene activo un litigio similar contra el Infom.
Estos casos solo son una parte del fenómeno que alcanza a prácticamente todas las entidades públicas. De acuerdo con el Sistema de Contabilidad Integrada (Sicoin), en 2025, el Estado desembolsó Q724 millones para el pago de demandas laborales de personas que, en teoría, fueron contratadas de forma temporal, pero que encontraron el respaldo de los tribunales para reclamar fuertes sumas de dinero.
