Cuando comienza una legislatura, cada uno de los 160 diputados tiene derecho a conformar un equipo de confianza, y para ello puede contratar personal bajo el renglón 022 para desempeñar cargos como asesores, asistentes o secretarias. La Ley Orgánica del Organismo Legislativo les reconoce a estos empleados todas las prestaciones laborales, pero también establece que sus plazas son temporales.
En teoría, esos puestos están ligados al cargo del congresista o al funcionamiento de una comisión de trabajo, por ejemplo. Sin embargo, un informe de la Alianza por un Congreso Eficiente, que alertó sobre el crecimiento de ese tipo de contrataciones desde 2016, llevó a descubrir otra realidad.
Según el presidente del parlamento, Luis Contreras, buena parte de esos trabajadores —que llegaron para apoyar a un diputado, bloque o sala legislativa— volvió al organismo por orden de los tribunales, tras plantear una demanda, confirmando así un patrón que se repite en todas las instituciones del Estado.
Ese fenómeno, afirmó, le ha costado al parlamento más de Q100 millones en salarios caídos y reinstalaciones durante la última década, mientras unos 350 litigios aún esperan una resolución.
ASESORES Y ASISTENTES BUSCAN PERMANECER
Consultado por La Hora, el presidente del Congreso no cuestionó los datos develados por la citada instancia. En cambio, sostuvo que las cifras deben analizarse a la luz de un problema que, asegura, el organismo arrastra desde hace más de una década.
Según Contreras, el Legislativo permaneció emplazado judicialmente desde 2016, situación que impedía terminar la relación laboral de trabajadores temporales sin exponerse a procesos judiciales. Como consecuencia, numerosos exempleados demandaron su reinstalación y los tribunales les dieron la razón.
Añadió que, debido a la situación, desde el citado año se ha debido reinstalar a 316 trabajadores y que actualmente hay demandas pendientes que podrían derivar en nuevas reincorporaciones. «Si esas demandas prosperan, vamos a crecer en otras 350 plazas 022», expresó.
El representante de San Marcos también indicó que muchos de esos casos corresponden a antiguo personal de confianza de parlamentarios; es decir, empleados que en su momento fueron contratados bajo el artículo 154 bis de la Ley Orgánica del Congreso, el cual establece que cada diputado tiene derecho a contar con un asesor, asistente y secretaria mientras ocupe su curul.
La norma aclara que esas contrataciones deben darse bajo el renglón 022 y que «son considerados nombramientos por contrato emitidos a puestos específicos de carácter temporal y de naturaleza transitoria«. Pese a ello, dijo Contreras, «varios de ellos regresan con los años, pues de una manera u otra lo consiguen por medio de los juzgados«.
«Se supone que ellos no tienen derecho a reinstalación. El —artículo— 154 bis dice que es personal del diputado, con la condición que cuando el diputado se va, se van los trabajadores de ese renglón. No tienen derecho a ser reinstalados; sin embargo, pelean reinstalación y son reinstalados», remarcó.
El presidente del parlamento agregó que otras demandas corresponden a exasesores de comisiones legislativas y hasta directores o subdirectores de distintas dependencias «que solo trabajaron unos meses y se llevaron millones —de quetzales—«, tras ser favorecidos por los tribunales.
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TRABAJADORES RECIBIERON MÁS DE Q1 MILLÓN
Contreras añadió que este fenómeno no solo conlleva el crecimiento de la planilla, sino también un costo que desde 2016 ha superado los Q100 millones por concepto de salarios caídos, solo en el referido renglón. De esa cifra, Q35 millones se han desembolsado en lo que va de este año, aseguró.
El legislador reveló que en días recientes la Junta Directiva conoció un grupo de resoluciones que representa la erogación de unos Q5 millones para cinco trabajadores que debieron ser reinstalados y cuyo pago sería de aproximadamente Q1 millón para cada uno, por los sueldos que no recibieron desde que su contrato terminó hasta su regreso.
Además, existe una lista de al menos 15 personas que habrían recibido montos similares y permanecen activas en el organismo, narró, aunque evitó precisar nombres. Para conocer ese detalle, La Hora hizo una solicitud a la Unidad de Acceso a la Información Pública, la cual está pendiente de respuesta.
Un detalle destacado es que, según el Portal de Transparencia del Congreso, dependiendo del cargo que ocupe, el personal 022 tiene salarios que van desde los Q8 mil hasta los Q22 mil mensuales, cantidades que se toman en cuenta para el cálculo de salarios dejados de percibir que se deben cancelar, tras ordenarse una reinstalación.
EL ESTUDIO EVIDENCIA EL ALZA DE LOS 022
Las cifras expuestas por Contreras responden a un reporte presentado por Congreso Eficiente, en el cual se informa sobre un crecimiento sostenido del renglón 022 y se advierte sobre el uso de personal temporal en funciones administrativas permanentes.
El estudio señala que el Legislativo pasó de tener 991 trabajadores contratados mediante esa modalidad en mayo de 2025 a 1,142 en el mismo mes de este año, lo cual representa un incremento de 151 plazas. Y al hacer un análisis más amplio se estableció que en una década el alza acumulada es del 93%, al pasar de 591 empleados en 2016 a la cifra actual.
Pero más allá del aumento general, el informe menciona que 580 de ese personal desempeña labores que corresponderían a empleados con puestos fijos, es decir con plazas 011.
La mayor concentración se encuentra en la Dirección Administrativa, la Dirección de Estudios e Investigación Legislativa, Recursos Humanos y Asuntos Jurídicos. Para la Alianza, estos datos ameritan revisar la legalidad y pertinencia de utilizar un renglón temporal para cubrir necesidades permanentes del parlamento.
La explicación del presidente de ese organismo es que, tras las órdenes judiciales de reinstalación, varios de los favorecidos han tenido que ser ubicados en dependencias como las descritas.
LIQUIDARÁN A LOS EMPLEADOS
Consultado sobre la manera en que se podría solucionar el problema, Contreras se refirió a la reciente firma del pacto colectivo con el Sindicato de Trabajadores del Congreso (Sintracor), el cual, a su criterio, representa una herramienta para evitar que el personal 022 siga presentando demandas laborales.
Según explicó, el principal efecto de ese acuerdo fue levantar el emplazamiento judicial que pesaba sobre el parlamento. A partir de ahora, aseguró, cuando un contrato 022 concluya, se notificará formalmente al trabajador, se le pagará su liquidación y se suscribirá un finiquito. El propósito sería cerrar definitivamente la relación laboral y evitar futuros litigios por reinstalación.
«Ahorita nosotros tomamos la decisión de que si un trabajador cumple el tiempo de su contrato se le avisa, se le indemniza, que firme el finiquito y que se vaya. Es lo que estamos haciendo ahorita con —el equipo— jurídico, para que no tenga derecho a venirnos a demandar, porque ya no estamos emplazados», contó el diputado.
No obstante, hizo ver que eso implica que un empleado de ese tipo pueda ser recontratado, «si ha cumplido con lo que le corresponde». La diferencia, respecto de otros periodos, es que ahora se liquidarán antes de la firma de un nuevo convenio, detalló.
El presidente del Congreso aprovechó para defender la decisión de firmar el pacto colectivo con el sindicato mayoritario, el cual fue cuestionado por los nuevos beneficios económicos que concede a los trabajadores.
Contreras aseveró que el Sintracor buscaba inicialmente mejoras por Q37 millones, pero que la negociación concluyó con un impacto cercano a Q7 millones, evitando —afirmó— un arbitraje que podría haber resultado más costoso para el Estado.
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UN PROBLEMA QUE PERSISTE
Este hallazgo en el Congreso confirma una problema estructural del Estado. La Hora ya documentó un patrón similar en la Dirección General de Aeronáutica Civil, donde contratos temporales bajo el renglón 029 derivaron en millonarios pagos por sentencias laborales y en el reingreso de trabajadores por orden judicial.
De hecho, Contreras confirmó que en parlamento también se han hecho desembolsos por litigios relacionados con personal 029 que reclama principalmente el pago de prestaciones e indemnización por el tiempo laborado, aunque ese tipo de contratos, en teoría, no contempla tales beneficios.
Según los registros oficiales, solo el año pasado, el Estado erogó más de Q724 millones por demandas de esa naturaleza.
Además, casos documentados por este medio han revelado cómo personas con nexos sentimentales y familiares con exfuncionarios, magistrados y hasta autoridades actuales han recurrido a acciones legales para garantizarse cuantiosos pagos, a pesar de haber firmado documentos en los que aceptan determinadas condiciones laborales.
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