Excolaboradores capturados por presuntos actos ilícitos, otros vinculados con antiguos directivos e incluso el actual administrador de un aeropuerto del país figuran entre los beneficiarios de demandas laborales por las que la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ha tenido que pagar millonarias sumas.
Solo entre enero de 2024 y junio de 2026, la institución desembolsó Q26.3 millones para cumplir sentencias a favor de 22 personas que obtuvieron más de Q900 mil cada una.
Sin embargo, estos pagos representan solo una parte de esa factura. Datos obtenidos por La Hora mediante la Ley de Acceso a la Información Pública revelan que, en lo que va de este gobierno, la DGAC ha erogado Q62.92 millones para cumplir resoluciones judiciales relacionadas con salarios caídos, reinstalaciones, indemnizaciones y prestaciones de excolaboradores que, en su momento, fueron contratados bajo el renglón 029.
El fenómeno tampoco ha terminado. La propia institución reportó que en el primer semestre de este año 14 personas fueron recontratadas por mandato de jueces de Trabajo, mientras que otros procesos siguen en trámite.
UNA FACTURA QUE SIGUE CRECIENDO
Aunque Aeronáutica Civil ha enfrentado diversas demandas laborales, —tal como se mencionó antes— hay Q26.3 millones que se destinaron únicamente a 22 personas, quienes recibieron compensaciones superiores a los Q900 mil, según el desglose entregado por el Departamento Financiero de la DGAC.
En 21 de esos expedientes los jueces concluyeron que, a pesar de que los demandantes fueron contratados bajo el renglón 029 —destinado a servicios técnicos y profesionales sin relación de dependencia—, existían elementos suficientes para reconocer un vínculo laboral con la entidad.
Esto obligó al pago de indemnización y prestaciones por el tiempo trabajado, y, en algunos casos, incluso, se canceló un monto por daños y perjuicios.
El expediente restante corresponde a salarios dejados de percibir durante el periodo en que una colaboradora fue removida de su cargo y posteriormente reinstalada.
ROSTROS DETRÁS DE LOS PAGOS MILLONARIOS
Pero no todos los casos tienen el mismo impacto público, y la información recopilada por La Hora da muestra de ello.
De acuerdo con los datos trasladados por la Unidad de Acceso a la Información Pública, entre los beneficiarios de tales sentencias judiciales figura Oscar Adolfo Méndez Muñoz, quien recibió Q1.38 millones en diciembre de 2024 por concepto de prestaciones e indemnización, tras ganar un litigio.
Registros de Guatecompras indican que entre 2012 y 2019 prestó servicios técnicos en la DGAC y se desempeñó como controlador de tránsito aéreo.
Su nombre fue noticia en agosto de 2019, después de que el Ministerio Público (MP) informó sobre su captura, junto con otros cuatro trabajadores de la institución, por supuestamente permitir que una aeronave despegara sin controles de seguridad, con matrícula inexistente y sin reportar que abandonó la ruta autorizada.
La investigación surgió tras el hallazgo de una avioneta con rastros de drogas en Quetzaltenango y buscaba establecer posibles vínculos entre funcionarios de Aeronáutica y operaciones del narcotráfico. Cinco años después de aquella captura, la DGAC terminó pagándole una indemnización millonaria derivada de una sentencia laboral.
Consultado por La Hora sobre su demanda laboral y la resolución del caso penal, Méndez Muñoz declinó brindar declaraciones.
Otro de los expedientes corresponde a Carla Genoveva Fumagalli Menegazzo, quien, por mandato de un juez, recibió Q991 mil en diciembre de 2025.
El último contrato que le aparece en la DGAC es de 2017, durante la administración de Carlos Velásquez Monge, y por entonces prestaba servicios técnicos como controladora aérea. Según Guatecompras, también entró a la entidad bajó el renglón 029 en 2012.
Fumagalli también fue aprehendida por presuntos actos ilícitos durante su trabajo. En junio de 2018 fue trasladada a la Torre de Tribunales, junto con su entonces esposo, un piloto aviador, por el caso de una avioneta que se reportó como desaparecida en mayo de 2017 y que posteriormente se supo que había modificado su plan de vuelo, sin el debido permiso.
MP coordina las aprehensiones de un piloto aéreo y una ex controladora aérea – https://t.co/1VYEn77rew pic.twitter.com/DwAUUT7ogP
— MP de Guatemala (@MPguatemala) June 1, 2018
«SALÍ LIBRE DE ESE CASO»
El MP informó en aquel entonces que la controladora aérea habría usado su puesto para propiciar que se suspendieran los protocolos internacionales de búsqueda, dándole tiempo al piloto de la aeronave a salir de la ruta autorizada sin ser rastreada.
Para este reportaje, La Hora contactó con la profesional, pero evitó referirse al fallo judicial que la benefició tras haber laborado con contratos temporales en Aeronáutica. Acerca del proceso penal por presuntas anomalías cuando prestó servicios ahí, dijo que «eso se arregló en Tribunales». También manifestó: «eso no tiene nada que ver conmigo, yo salí libre de ese caso».
Pareja capturada por lavado de dinero, atentado contra trasporte aéreos, abuso de autoridad y encubrimiento propio, en un allanamiento realizado en la zona 13.
Estas acciones son enmarcadas en las tareas de seguridad ciudadana que realiza el @mingobguate a través de la PNC. pic.twitter.com/kS4cc1PBgE
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) June 1, 2018
DE DEMANDANTE A ADMINISTRADOR DE AEROPUERTO
Quien también ganó un litigio en un juzgado de Trabajo es el actual administrador del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén, Edson Gerardo Barrios Ochaeta.
El pasado 29 de diciembre, se le pagaron Q1.24 millones, que incluían prestaciones e indemnización por el tiempo en que trabajó en la DGAC, entre 2012 y 2021. Aunque, igual que en los casos anteriores, el profesional firmó contratos en los cuales se especificaba que no tendría derecho a tales beneficios, accionó legalmente contra la entidad y obtuvo un fallo favorable.
El equipo de Comunicación de Aeronáutica confirmó que Barrios Ochaeta fue nombrado en julio de 2024 como administrador del citado aeródromo —el cual forma parte de la misma institución contra la que, para entonces, mantenía un litigio activo—. Al contrastar los datos, se evidencia que ya estaba en el nuevo cargo cuando se le pagó la millonaria suma.
El administrador evitó brindar su postura sobre la situación que lo llevó a ser demandante y funcionario de una misma dependencia estatal.
LA EXPAREJA DE VELÁSQUEZ MONGE
Un caso distinto es el de Elizabeth Nicté Paz Pineda, quien obtuvo Q1.73 millones en agosto de 2025, pero como compensación por salarios y prestaciones dejados de percibir, tras la resolución de un juez que ordenó su reinstalación en Aeronáutica, a pesar de que las autoridades aseguran que ella no trabajaba directamente para la institución, sino para un organismo regional que le prestaba servicios.
Su expediente ya había sido revelado por La Hora, por las peculiaridades del fallo judicial que la favoreció después de su primera recontratación, en el cual se indicaba que debía volver a la DGAC, pero con una plaza permanente y con pago en dólares. Además, mantuvo una relación sentimental con el exdirector de Aeronáutica Carlos Velásquez Monge.
Paz refutó las publicaciones sobre su caso y sostuvo que planteó la demanda laboral por haber sido despedida cuando gozaba de protección especial por maternidad y lactancia. Asimismo, rechazó que su expareja hubiera tenido alguna injerencia en su contratación en la institución.
EL RESTO DE LOS PAGOS
Fuera de estos cuatro casos, otras 18 personas recibieron pagos individuales que oscilaron entre Q937 mil y Q2.09 millones —la cifra más alta—, como consecuencia de sentencias judiciales relacionadas con prestaciones, indemnizaciones o salarios caídos, distribuidos así:
- En 2024, la DGAC desembolsó casi Q8 millones por seis expedientes, con montos individuales que fueron de Q956 mil a Q2.09 millones.
- En 2025, los pagos prácticamente se duplicaron, pues 12 excolaboradores recibieron en conjunto más de Q14.7 millones, con montos de entre Q937 mil y Q1.73 millones para cada uno.
- Este año, solo entre enero y junio, se erogaron Q5.09 millones por cuatro sentencias, con pagos individuales de entre Q989 mil y Q1.86 millones.
En todos estos casos, según la respuesta de la DGAC, la causa fue el reconocimiento judicial de una relación de dependencia laboral pese a que mediaban contrataciones bajo el renglón de servicios temporales 029.
Ahora bien, tales cantidades adquieren otra dimensión al compararlas con el resto del Estado. Como documentó anteriormente La Hora, durante el año pasado el Organismo Ejecutivo destinó Q724 millones al cumplimiento de sentencias laborales. Además, el Sistema de Contabilidad Integrada del Estado (Sicoin) registró que 79 personas recibieron compensaciones superiores al millón de quetzales.
Vicio redondo: el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales; 79 casos superan el millón
El Ministerio de Comunicaciones, al cual pertenece Aeronáutica Civil, se posicionó como la cuarta cartera que más dinero destinó al pago de excolaboradores que ganaron un litigio exigiendo prestaciones, indemnización y sueldos caídos, en distintos casos. En total, desembolsó Q77.6 millones.
Analistas consultados para esa investigación coincidieron en que el problema responde al uso reiterado del renglón 029 para cubrir funciones permanentes, lo que termina convirtiendo contratos temporales en relaciones laborales que los tribunales reconocen años después.
CONTINÚAN LAS REINSTALACIONES
Los litigios no solo generan pagos millonarios. La respuesta oficial también revela que entre enero y junio de este año 14 personas fueron reinstaladas por orden de Juzgados Pluripersonales de Trabajo y Previsión Social.
De ellas, 10 permanecen activas en distintas dependencias de Aeronáutica —Navegación Aérea, Departamento Financiero, Compras y Área de Vigilancia y Seguridad Operacional—, con honorarios mensuales que van desde Q4 mil hasta Q20 mil.
Tal como dio a conocer en el reportaje “Apoyados por jueces, empleados vinculados a exdirectores de Aeronáutica logran reinstalaciones judiciales en la DGAC”, en la lista figura María Gabriela Ruiz de Letona, quien se desempeñó como asistente personal de Francis Argueta durante el tiempo que este dirigió la DGAC. Su reinstalación fue ordenada por un juzgado y posteriormente confirmada por una sala de apelaciones.
Como resultado, volvió a trabajar en la institución en febrero de este año, con honorarios mensuales de Q18 mil. La información oficial indica que la relación laboral concluyó tras el vencimiento de su contrato, en abril pasado; no obstante, como parte de la resolución que la favoreció, recibió Q424 mil 573 por concepto de salarios dejados de percibir.
Este año también fue recontratado Julio César Estrada Valenzuela, esposo de la exministra de Educación Claudia Ruiz, quien ocupó funciones relacionadas con la seguridad aeroportuaria durante la administración de Argueta. Actualmente, ya no está activo en la institución, pero espera el pago de sueldos caídos.
Consultada por La Hora, la DGAC sostuvo que tanto las reinstalaciones como los pagos reportados obedecen al cumplimiento de sentencias judiciales que quedaron en firme, tras haberse agotado las apelaciones posibles.
La institución afirmó que no tiene margen para negarse a acatar estas órdenes una vez los tribunales hayan fallado, y añadió que cuenta con un presupuesto asignado anualmente para atender este tipo de obligaciones.
UN PROBLEMA ESTRUCTURAL
Analistas como Luis Linares, exministro de Trabajo, han hecho ver que el problema radica en que el Estado utiliza contratos civiles para cubrir plazas que en realidad funcionan como relaciones laborales.
«El vínculo es lo que es y no lo que dice el papel», resumió el especialista al explicar que cuando existen horario definido, subordinación y dependencia, los tribunales terminan reconociendo que hubo una vulneración de derechos al no pagar las prestaciones de ley.
Consultado para el artículo “Reinstalaciones: ven necesidad de corregir mala práctica de personal temporal que luego reclama ser trabajadores permanentes”, el dirigente sindical Luis Alpírez opinó que las contrataciones bajo el renglón 029 responden, en muchos casos, a intereses políticos, y que mientras esa práctica continúe, las condenas seguirán multiplicándose.
En una línea similar se pronunció Francisco Quezada, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), e hizo ver que el dinero que se destina al pago de sentencias podría servir para la inversión pública.
MINISTRA DE COMUNICACIONES ESPERA FALLO
Uno de los casos que llamó la atención este año fue el de la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, quien mantiene activa una demanda contra la cartera que ahora dirige, y reclama Q906 mil por prestaciones e indemnización derivadas del tiempo que laboró bajo contratos 029. A ella se suman dos viceministros del CIV con procesos similares.
Si obtiene un fallo favorable, la máxima autoridad de la institución de la cual depende Aeronáutica Civil se sumaría al grupo de personas que han obtenido compensaciones superiores a Q900 mil por litigios laborales contra el Estado.
Cuando La Hora dio a conocer su situación, Zea indicó: «el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda no es el juzgado ni la sala para decidir sobre mis prestaciones, ya que estas decisiones corresponden en forma exclusiva y excluyente a los órganos jurisdiccionales correspondientes», aclarando así que la cifra de su compensación la definiría una judicatura. Sin embargo, diputados y analistas criticaron su caso.
“SON DERECHOS IRRENUNCIABLES”
En ese mismo pronunciamiento, la funcionaria argumentó que su proceso judicial se enmarca “en el pleno ejercicio del derecho de acceso a la justicia y en la tutela de los derechos laborales de carácter irrenunciable, reconocidos por el ordenamiento jurídico guatemalteco y por instrumentos internacionales de obligatorio cumplimiento”.
El mandatario Bernardo Arévalo respaldó esa postura, tras ser consultado por medio de la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia. “Los procesos laborales que tienen los viceministros y la ministra de Comunicaciones responden a un derecho que tienen todas las personas trabajadoras a reclamar prestaciones que por ley son irrenunciables”, dice un mensaje enviado en ese entonces.
Este escenario ilustra que el problema no pertenece únicamente al pasado. Las decisiones adoptadas durante distintas administraciones siguen produciendo efectos millonarios sobre las finanzas públicas y, a criterio de especialistas, mientras el Estado continúe utilizando contratos temporales para cubrir funciones permanentes, la lista de sentencias continuará creciendo.
