El gasto en el renglón presupuestario 029 en Guatemala ha entrado en una espiral de crecimiento sin precedentes, registrando un aumento del 50% en los últimos seis años.
Según datos del Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin), la asignación para personal temporal pasó de Q1,517 millones en 2020 a una cifra récord de Q2,225 millones para el ejercicio actual. Este incremento, lejos de ser moderado, se ha acelerado drásticamente durante la presente administración, convirtiendo la contratación de servicios técnicos en una carga fiscal que ya supera la capacidad de previsión del Estado
Este crecimiento no es solo una cifra contable; es un indicador del colapso del sistema de contratación pública. Mientras ministerios como el de Agricultura (MAGA) y Comunicaciones (CIV) lideran el gasto con acumulados que superan los Q1 mil 500 millones cada uno en este periodo, la ejecución presupuestaria roza sistemáticamente el 100%.
El Estado guatemalteco está inyectando recursos de forma masiva en una modalidad de contratación que, paradójicamente, genera una deuda contingente millonaria debido a las demandas laborales que este mismo crecimiento desmedido provoca año tras año.
La Hora publicó un reportaje el pasado 23 de marzo, en el que dio a conocer que, solo en 2025, los 14 ministerios del Organismo Ejecutivo desembolsaron Q724 millones para el pago de sentencias judiciales; prácticamente la totalidad está relacionada con demandas que han presentado extrabajadores de las instituciones que, a pesar de que mantenían un vínculo laboral patrono-empleado con estos ministerios, pertenecían al renglón presupuestario 029.
Según el Manual de Clasificaciones Presupuestarias del Ministerio de Finanzas, el renglón 029 está incluido dentro del grupo 2, «personal temporal», y en este se registran los pagos por «honorarios por servicios técnicos y profesionales prestados por personal sin relación de dependencia, en periodos que no excedan un ejercicio fiscal».
La Hora hizo una revisión de este renglón en los últimos seis años en el Sistema de Contabilidad Integrado (Sicoin) y constató que el presupuesto destinado para este se ha incrementado en casi 50 por ciento en ese lapso. En 2020, los 14 ministerios y 14 secretarías del Ejecutivo presupuestaron Q1 mil 517 millones.
Cada año, el monto destinado para este rubro fue creciendo de forma moderada, pero fue en el actual gobierno cuando se incrementó de manera sustancial. En 2025, el presupuesto asignado pasó por primera vez de los Q2 mil millones y el que se estableció para este año llega a los Q2 mil 225 millones para el pago de personal por contrato 029.
Cabe destacar que este renglón presupuestario —como todos los de sueldos y salarios— muestra una ejecución por arriba del 90%. Es decir, al final de cada ejercicio fiscal, las instituciones se gastan casi la totalidad del presupuesto que destinan para este fin. Algunos ministerios y secretarías alcanzan, en algunos años, ejecuciones del 99% y hasta el 100%.
«EJEMPLARES»
Los ministerios que más han requerido recursos para el pago de servicios temporales 029 en estos seis años son: el de Agricultura, Ganadería y Alimentación, con Q2 mil 412 millones; Comunicaciones, Q1 mil 523 millones; Salud, Q1 mil 224 millones; Gobernación, Q1 mil 207 millones; Economía, Q1 mil 121 millones; y Cultura y Deportes, que en ese lapso requirió un presupuesto de Q1 mil 106 millones.
De las 5 instituciones que más recursos presupuestaron para el pago de personal 029, solo el CIV ofreció una explicación.
Por medio de su oficina de Comunicación, la entidad explicó que la razón por la cual se ha dado un incremento de dicho renglón se debe a la necesidad de contratar personal técnico especializado para las diversas unidades ejecutoras del ministerio, puesto que, dado su perfil especializado y profesional, no pueden contratarlos bajo el renglón 011 porque los sueldos en este renglón son muy bajos y no despierta el interés de los profesionales.
Actualmente, el CIV cuenta con cinco mil 989 trabajadores, de los cuales tres mil 721 son de personal 029, el 62%, indicó la institución.
La oficina explicó que actualmente trabajan en una propuesta para reformar el Reglamento Orgánico Interno para que puedan crearse puestos en el renglón 011, pero con salarios acordes a la capacidad técnica de quienes sean contratados.
La idea es que este Reglamento quede listo en esta administración de gobierno, indicó en una respuesta proporcionada a La Hora. «Eso nos va a permitir contar con profesionales en renglón 011 con un salario de acuerdo con su capacidad, que hoy no tenemos», precisó.
Los otros cuatro ministerios que más presupuestaron recursos entre 2025 y 2026, pero que no respondieron a la consulta de este medio, son: Agricultura, Salud, Gobernación y Cultura y Deportes.
VICIOS
En el reportaje publicado por La Hora, el 23 de marzo último, se revela que prácticamente la totalidad de demandas que llegan a tribunales terminan favoreciendo al trabajador, puesto que, aunque se trata de contratos 029 por servicios profesionales y que en la teoría son temporales, pues que no deben exceder de 12 meses, en la práctica la persona renueva su contrato cada año, desarrollando una relación laboral que lo hace tener la obligación de cumplir con un horario establecido, trabajar con equipo propio de la institución y bajo el mando de un jefe.
En ese tiempo, los trabajadores por contrato no tienen derecho a prestaciones laborales (aguinaldo, bono 14 y vacaciones).
Vicio redondo: el Estado pagó Q724 millones en demandas laborales; 79 casos superan el millón
Muchos laboran con esas condiciones durante muchos años bajo el renglón de contratación 029, por lo cual, al finalizar la relación contractual, demandan al Estado por sumas considerablemente elevadas.
En 2025, al menos 79 personas fueron favorecidas con sentencias judiciales a su favor por arriba de Q1 millón, incluso en algunos casos recibieron montos por arriba de los Q3 millones, de acuerdo con un recuento que se hizo en el Sicoin.
NEGOCIO
Esto ha hecho que la terminación de contratos 029 se haya convertido en un negocio significativo para abogados que aprovechan para cobrar un porcentaje que, en algunos casos, detalla el artículo de La Hora, puede ser de hasta el 30%.
Esto significa que de los Q724 millones pagados a exempleados por sentencias judiciales, unos Q217 millones fueron a parar a las manos de los abogados que llevaron los casos. La Hora conoció que hay bufetes que, al hacer las demandas, suelen incluir el derecho a reinstalación, el pago de salarios caídos e incluso hasta daños y perjuicios.
Asimismo, los clientes suelen ser remitidos por los sindicatos. Los exempleados acceden al pago de los «honorarios» elevados a los bufetes porque inicialmente pensaban que, al no renovar su contrato, no tendrían derecho a pago alguno.
De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN) el renglón 913, donde se registra el gasto por sentencias judiciales, se ha convertido con el paso de los años en uno de los 40 más elevados de la administración pública.
CASOS
Precisamente por el hecho de que las sumas que pueden recuperarse no son despreciables, hasta funcionarios que se desempeñan todavía en dependencias del Organismo Ejecutivo mantienen demandas laborales en contra de las instituciones para las que trabajan.
En otros casos, exfuncionarios son los que han demandado y ganado los litigios judiciales, según se documentó en el reportaje publicado por este medio.
De esa cuenta, la actual ministra de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), Norma Zea, mantiene un reclamo judicial por más de Q900 mil en contra de la cartera que hoy dirige por haber laborado entre 2010 y 2023, pero bajo el renglón 029.
Asimismo, el viceministro de Infraestructura, Pedro Roberto Martínez, también tiene demandado al CIV por haber trabajado en el mismo renglón durante seis años.
A los casos se añade ahora el viceministro de Comunicaciones, José Raúl Solares Chiu, quien tiene activo un proceso por prestaciones, tras su salida de la Superintendencia de Telecomunicaciones (SIT).
Entre otros funcionarios que pasaron por alguna dependencia del Ejecutivo y que al finalizar sus contratos demandaron al gobierno, figura el de Elizabeth Nicté Paz Pineda, expareja del exdirector de Aeronáutica Civil (DGAC), Carlos Velásquez Monge.
Un juez ordenó su reinstalación en la DGAC, a pesar de que no existen registros recientes de que haya trabajado directamente para la institución. La resolución incluyó una condición inusual: que su salario sea pagado en dólares.
También está Wilson Wyller García Morales, exdirector del Insivumeh, quien logró ser reinstalado en su puesto en noviembre de 2025. El juzgado que conoció su caso ordenó su recontratación bajo el renglón 011, es decir, que tiene una plaza fija, y se le pagaron sueldos caídos más prestaciones.
Otro caso es el de Julio César Estrada Valenzuela, exjefe de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora y esposo de la exministra de Educación Claudia Ruiz. Él llegó al cargo durante la administración de Alejandro Giammattei, cuando su pareja era parte del Gabinete de Gobierno, y este año fue recontratado en la DGAC tras ganar una demanda.
A ellos se suma María Gabriela Ruiz de Letona, quien se desempeñaba como asistente personal del exdirector de Aeronáutica Francis Argueta, sucesor de Velásquez Monge.
La Hora hizo una solicitud de comentarios a los cinco ministerios que más han incrementado el presupuesto destinado para la contratación de personal 029; sin embargo, no recibió respuesta. Se les consultó a los ministerios de Agricultura, Comunicaciones, Salud, Gobernación y Cultura y Deportes.
Este medio solicitó explicaciones del porqué del incremento y en qué beneficios se ha traducido para la institución. Si dan alguna respuesta, se incluirá en este espacio.
