La comisión de postulación para fiscal general reconfiguró este lunes 20 de abril el tablero de la elección tras rebajar la línea de corte y ampliar de nueve a doce el número de aspirantes elegibles. La decisión, adoptada para cumplir con el mínimo requerido por la propia normativa, incorpora a tres candidatos más al listado que será sometido a votación para integrar la nómina final de seis que se remitirá al presidente Bernardo Arévalo.
El ajuste no es menor. Durante días, el proceso avanzó con un déficit que amenazaba con bloquear la fase decisiva: apenas nueve perfiles superaban los 75 puntos establecidos como umbral. Ante ese escenario, los comisionados optaron por flexibilizar el criterio y dar paso a los tres expedientes mejor puntuados por debajo de la línea, en una maniobra que desplaza el foco desde la evaluación técnica hacia la discusión sobre las reglas del juego.
Con este movimiento, la elección entra en su tramo más político. Los doce aspirantes —incluidos los nueve que originalmente superaron la línea de corte— pasan a ser evaluados no solo por sus credenciales, sino por su viabilidad dentro de una votación a viva voz que definirá a los seis nombres finales. En ese contexto, los perfiles dejan de ser únicamente expedientes y se convierten en piezas de una negociación que terminará por delinear el rumbo del MP.
Estos son los doce perfiles. Los nombres se presentan a continuación en orden descendente de puntuación.
1. MARÍA CONSUELO PORRAS ARGUETA
El expediente presentado ante la Postuladora detalla que Porras alcanzó el grado de abogada y notaria en 1987, y cuenta con maestrías en Gestión Jurisdiccional y Derecho Penal, así como un doctorado en Derecho Penal, por el cual ha sido objeto de cuestionamientos por un presunto plagio en la publicación de su tesis.
Porras Argueta ha ejercido la docencia en cursos de pregrado y posgrado en universidades nacionales, así como en la Unidad de Capacitación del MP, según el expediente.
La documentación de la Fiscal General agrega que laboró en la Secretaría de Bienestar Social entre 1979 a 1982, como administradora del Centro Asistencial II, en el Hogar Rafael Ayau del Centro Bienestar Colón.
En el expediente, la actual jefa de la Fiscalía obvió indicar que fungió como directora técnica administrativa en el Hogar Elisa Martínez, en donde habría formado parte de una red de adopciones ilegales de menores de edad de comunidades indígenas que habrían desaparecido forzosamente, según una acusación realizada por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El currículum vitae presentado destaca su paso, entre 1988 y 1996, por el Ministerio de Gobernación (Mingob), el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Organismo Judicial, donde se desempeñó como supervisora general de tribunales.
La actual fiscal general también detalló que integró la Sala Regional Mixta de Corte de Apelaciones de Antigua Guatemala de 2004 a 2009. En este año fue trasladada a la Sala de Apelaciones de la Niñez y Adolescencia de Guatemala, en donde laboró hasta 2014.
En 2016 fue designada como magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), cargo que ejerció hasta 2018 cuando fue designada por el expresidente Jimmy Morales como Fiscal General.
El expresidente Alejandro Giammattei, sancionado por corrupción por EE. UU., la nombró para un segundo periodo en 2022, tras un amparo otorgado por la CC que obligó a la Comisión de Postulación a incluirla en la lista de seis candidatos.
Informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Departamento de Estado de Estados Unidos, la Unión Europea, así como organizaciones nacionales han resaltado el uso arbitrario del derecho penal durante su gestión, la falta de investigación en casos de alto impacto y delitos comunes, así como la criminalización a opositores a su gestión. Está sancionada y tiene prohibido el ingreso a más de 40 naciones del mundo.
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La Hora también ha evidenciado la protección oficiosa del MP a favor del expresidente Giammattei, a su pareja Miguel Martínez, así como a funcionarios de su gobierno y empresarios cercanos, quienes estarían vinculados en desvío de fondos del Estado de Guatemala hacia China, según denuncias de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).
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Además, el MP muestra falta de avances en casos por posibles irregularidades en compras, construcciones y adquisiciones durante el gobierno de Giammattei, que habrían beneficiado a empresas cercanas a Martínez.
Obtuvo una puntuación de 92.33.
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2. CÉSAR AUGUSTO ÁVILA APARICIO
El candidato cuenta con una trayectoria de 30 años como abogado y notario. Posee una maestría en Derecho Penal y un doctorado en Derecho Penal y Procesal Penal. También, ha ejercido la docencia en universidades del país.
Desde 1995 hasta 2014, Avila Aparicio practicó la abogacía en el ejercicio liberal de la profesión, según detalla el expediente presentado.
En 2014 fue elegido como magistrado titular por el Congreso, por lo cual fue designado en la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Chiquimula, en donde ejerció el cargo hasta septiembre de 2023.
A finales de 2023 fue elegido como magistrado para finalizar el periodo 2019-2024. Durante este tiempo integró la Sala Mixta de la Corte de Apelaciones del departamento de Zacapa.
Durante la X Legislatura fue designado como magistrado suplente con el voto favorable de 112 diputados, incluyendo el oficialismo y bancadas aliadas.
A pesar que congresistas de oposición votaron a favor, los líderes de los bloques legislativos de Vamos, Allan Rodríguez, de Todos, Felipe Alejos, y de Unionista, Álvaro Arzú, votaron en contra.
Obtuvo una puntuación de 92.13.
3. BRENDA DERY MUÑOZ SÁNCHEZ DE MOLINA
Abogada y notaria con una sólida formación académica y más de 25 años de experiencia en investigación criminal, derechos humanos y gestión pública. Es Doctora en Ciencias Penales por la Usac y posee maestrías en Gestión Pública y Liderazgo, así como en Empleo y Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla-La Mancha, España.
Su trayectoria docente supera las dos décadas en instituciones como la Universidad Panamericana y la Universidad Rafael Landívar, además de desempeñarse como instructora en protocolos antinarcóticos para la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala.
En el ámbito público, desarrolló una carrera de 16 años en el Ministerio Público, donde destacó como Fiscal de Sección de Delitos de Narcoactividad en Quetzaltenango y fiscal especial en casos de alto impacto dentro de la Fiscalía contra el Crimen Organizado.
Ha ocupado cargos de alta dirección, incluyendo la Subdirección General de Análisis e Información Antinarcótica de la PNC y la Dirección de Procuración en la Procuraduría de los Derechos Humanos (2017-2022). Actualmente, se desempeña como Directora de Fomento a la Legalidad Laboral en el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. En 2018, integró la nómina final de seis candidatos a Fiscal General de la República.
Obtuvo una puntuación de 90.86.
4. JULIO CÉSAR RIVERA CLAVERÍA
Abogado y notario con una extensa trayectoria en seguridad pública y administración estatal, que se remonta a la década de los 70. Ha ocupado cargos de alto perfil, incluyendo el de Viceministro de Seguridad en el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012), Director General de Presidios y Director de la Guardia de Hacienda.
Durante la presidencia de Juan José Rodil Peralta en el Organismo Judicial (1992-1994), se desempeñó como Secretario General de la institución. Además de su carrera administrativa, posee una Maestría en Seguridad Pública por la Universidad Galileo, donde es docente desde 2008 en áreas de criminalística, política criminal y crimen organizado.
Desde 2010, ha sido un aspirante recurrente a la jefatura del Ministerio Público, integrando la nómina final de candidatos en dos ocasiones (2010 y 2014). En el ámbito político, fue candidato a la Presidencia de la República en 2023 por el partido Mi Familia y ha fungido como asesor en el Congreso y la Municipalidad de Guatemala.
Su trayectoria ha enfrentado cuestionamientos por menciones en informes de la extinta CICIG que intentaron vincularlo con redes de contrabando históricas como la «Red Moreno», señalamientos que el profesional ha rechazado tajantemente. Actualmente, mantiene su perfil como consultor y experto en temas de inteligencia estratégica y seguridad ciudadana.
Obtuvo una puntuación de 88.93.
5. WALTER PAULINO JIMENEZ TEXAJ
Abogado y notario con una carrera de más de 35 años en el Organismo Judicial, donde escaló desde puestos auxiliares hasta la judicatura y la alta magistratura. Es Doctor en Derecho con mención cum laude por la Usac y posee una maestría en Gestión Jurisdiccional. Su trayectoria en la judicatura destaca por su labor como Juez Presidente del Tribunal de Sentencia Penal de Chimaltenango y de El Quiché, además de haber integrado la Junta de Disciplina Judicial.
Se desempeñó como magistrado Suplente de la Corte de Constitucionalidad (periodo 2021-2026), designado por la CSJ.
En su ejercicio jurisdiccional, participó en procesos históricos como los casos Choatalum y la Masacre del Aguacate. No obstante, su gestión en la Corte de Constitucionalidad ha enfrentado cuestionamientos; en 2024, se solicitó el retiro de su antejuicio tras otorgar un amparo que restituyó en su cargo al presidente del Bantrab, Jorge Mondal, omitiendo presuntamente pruebas sobre el incumplimiento de requisitos legales del funcionario.
Asimismo, su perfil ha sido objeto de debate público tras recibir una indemnización de aproximadamente Q750 mil al renunciar a la judicatura, un beneficio que usualmente se reserva para despidos injustificados. Es hermano del juez Juan José Jiménez Texaj, cuestionado por resoluciones que favorecieron a políticos en casos de corrupción, y mantiene una activa carrera docente en el Centro Universitario de Chimaltenango (CUNDECH).
Obtuvo una puntuación de 86.73.
6. GABRIEL ESTUARDO GARCÍA LUNA
Abogado y notario con una trayectoria de más de 25 años en el sector justicia y la academia. Su carrera en el Organismo Judicial abarca desde funciones auxiliares hasta la magistratura, destacando su labor como Magistrado Vocal II de la Sala Regional Mixta de la Corte de Apelaciones de Cobán (2014-2023) y Juez de Primera Instancia en el Tribunal Segundo de Sentencia Penal de Mixco. En el ámbito administrativo, presidió la Junta de Disciplina Judicial del Consejo de la Carrera Judicial entre 2016 y 2023.
Actualmente, se desempeña como Asesor Penal del Despacho Superior de la Procuraduría General de la Nación (PGN) y es docente titular de posgrado y pregrado en la Universidad Rafael Landívar, con un enfoque especializado en Derecho Procesal Penal y técnicas de investigación.
En 2022, formó parte de la nómina de candidatos para dirigir el Ministerio Público. Bajo su presidencia en la Junta de Disciplina Judicial, este órgano dictó la suspensión de 20 días sin goce de salario contra la jueza Rocío Murillo, vinculada a omisiones administrativas en el caso del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Asimismo, durante su gestión se tramitaron denuncias administrativas contra figuras del sector justicia como la entonces magistrada María Eugenia Morales Aceña y el juez de Mayor Riesgo, Miguel Ángel Gálvez, esta última fue rechazada.
Obtuvo una puntuación de 86.21.
7. NÉCTOR GUILEBALDO DE LEÓN RAMÍREZ
Abogado y notario con una carrera de más de 30 años que alterna la magistratura y la alta dirección en el MP. Durante su paso por el ente investigador, fue Coordinador Nacional de la Unidad de Impugnaciones (2004-2012) y llegó a ejercer como Fiscal General en funciones entre 2002 y 2003.
En el ámbito judicial, presidió la Sala Cuarta de Apelaciones del Ramo Penal (2014-2023) e integró el pleno de la Corte Suprema de Justicia como suplente. Su historial académico incluye una maestría en Derecho Penal (Cum Laude) por la Universidad Mariano Gálvez y una extensa trayectoria como docente de posgrado en la Usac.
En 2022, integró la nómina final de candidatos a Fiscal General, siendo uno de los aspirantes con mayor puntaje. Su gestión judicial registra actuaciones en casos de alto impacto: recomendó retirar la inmunidad al diputado Gilmar Othmar Sánchez por el fraude en el Registro de la Propiedad y, como suplente de la CSJ, avaló el antejuicio contra los magistrados de la CC, Francisco de Mata Vela y Gloria Porras en 2020 por una denuncia de la familia Bitkov.
Asimismo, su sala retiró la inmunidad al exalcalde Edwin Escobar y revocó la clausura del caso «Bufete de la Impunidad». Sin embargo, ha enfrentado cuestionamientos, incluyendo una denuncia por prevaricato tras favorecer con libertad a la fallecida exmagistrada Blanca Stalling.
Obtuvo una puntuación de 76.69.
8. JOSÉ MANUEL QUINTO MARTÍNEZ
Abogado y notario con más de 20 años de ejercicio profesional y enfoque en el área penal. Su trayectoria incluye una sólida faceta académica como docente en las facultades de Ciencias Jurídicas de las universidades Rural, Mariano Gálvez y en el Centro Universitario de Zacapa (CUNZAC) de la Usac, donde ha impartido cátedras de Derecho Penal, Administrativo y Laboral.
Posee una maestría en Derecho Penal por la Usac, obtenida en 2021, y se ha especializado en temas de justicia contemporánea como la Ley de Aceptación de Cargos e Inteligencia Artificial aplicada al debido proceso.
En su práctica profesional, ha figurado como abogado defensor en casos de alto impacto mediático, destacando su participación en la defensa de uno de los implicados en la desaparición del cantante Zoel Cruz. Asimismo, su registro profesional incluye actuaciones en procesos de relevancia nacional, como la protesta asentada durante las diligencias de allanamiento relacionadas con la orden de extradición hacia Estados Unidos del expresidente Alfonso Portillo, según el Movimiento Pro Justicia.
Obtuvo una puntuación de 79.
9. HENRY ALEJANDRO ELÍAS WILSON
Abogado y notario con una trayectoria de más de 25 años en el sector público, que abarca desde funciones auxiliares en el Organismo Judicial hasta la magistratura de apelaciones.
Se desempeñó como Magistrado Vocal I de la Sala Primera de Apelaciones de Delitos de Femicidio (2014-2023), donde ejerció funciones de presidente pro tempore durante siete años. Su experiencia previa incluye cargos como coordinador técnico y auxiliar fiscal en el MP (2003-2010), además de consultor para la organización canadiense Justice Education Society. Académicamente, cuenta con un doctorado y una maestría en Derecho Penal y Procesal Penal.
Elección de Elías Wilson muestra que no solo mejores puntuados fueron incluidos
En 2022, integró la nómina final de candidatos a Fiscal General. Su carrera judicial ha estado marcada por controversias de alto perfil; fue vinculado al caso «Comisiones Paralelas 2020», aunque la Corte de Constitucionalidad impidió que fuera investigado por los delitos de tráfico de influencias, violación a la Constitución y asociación ilícita.
Se le señaló de aplicar la Ley contra el Femicidio de manera extensiva, luego de que la sala que integraba resolviera amparar a la entonces directora del Instituto de la Víctima.
Elección de Elías Wilson muestra que no solo mejores puntuados fueron incluidos
Entre sus actuaciones jurisdiccionales destaca haber evitado el internamiento del general Efraín Ríos Montt en un hospital psiquiátrico durante el proceso por genocidio. En el ámbito personal, mantuvo un prolongado conflicto legal con la PDH derivado de una investigación por lavado de dinero que involucró a su entorno familiar.
Obtuvo una puntuación de 76.85.
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10. RAÚL ESTUARDO LÓPEZ RODRÍGUEZ
Abogado y notario con una carrera de más de 20 años dedicada exclusivamente al MP, donde ha ascendido desde la base técnica hasta la dirección distrital. Es Doctor en Ciencias Penales por la Usac (mención cum laude) y posee maestrías en Derecho Penal y Análisis Criminal, así como en Derecho Procesal Civil y Mercantil. Su especialización incluye un posgrado en Derecho Penal Tributario y Aduanero, y actualmente cursa un segundo doctorado en Derecho Penal Constitucional.
Desde 2021, se desempeña como Fiscal de Distrito de Totonicapán, tras haber liderado unidades estratégicas contra el Crimen Organizado en San Marcos y Quetzaltenango. Su trayectoria en el ente investigador abarca la persecución de delitos de alta complejidad, estructuras criminales y delitos contra la vida.
En el ámbito académico, es docente de posgrado en la Universidad Da Vinci y catedrático de pregrado en la Universidad Rafael Landívar (campus Quetzaltenango) desde 2005, impartiendo materias jurídicas y de investigación criminal.
Obtuvo una puntuación de 74.26.
11. BEYLA ADALY XIOMARA ESTRADA BARRIENTOS
Es Doctora en Ciencias Penales (Summa Cum Laude) por la Usac y Máster en Teoría del Derecho y Argumentación Jurídica por la Universidad de Salamanca, España. Su trayectoria docente está basada como profesora de doctorado en la Usac y conferencista en la Escuela de Estudios Judiciales en temas de ética y procedimientos disciplinarios.
Desde febrero de 2023, funge como Presidenta de la Junta de Disciplina Judicial del Organismo Judicial. Previamente, fue Magistrada Vocal I de la Sala Tercera de Apelaciones del Ramo Penal (2014-2023), periodo en el que participó en resoluciones de alto impacto, como la anulación de sentencias en el caso IGSS-Pisa, el cierre provisional a favor del exministro Williams Mansilla y el otorgamiento de medidas sustitutivas a familiares del expresidente Jimmy Morales. Está casada con Alfredo Brito, exsecretario de Comunicación Social durante la administración de Morales.
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Su gestión en dicha sala fue señalada por informes de Impunity Watch debido a niveles de ineficiencia administrativa. Además de su labor judicial, ha sido asesora legal en múltiples instituciones como el RENAP, el Congreso de la República y la Contraloría General de Cuentas.
Durante su magistratura en la Sala Tercera, Estrada Barrientos participó en resoluciones que favorecieron a figuras políticas y militares de alto perfil. Destaca el amparo otorgado a Igor Bitkov que anuló su envío a juicio en 2018, la confirmación de medidas sustitutivas para Gustavo Alejos y el arresto domiciliario para el hermano e hijo del entonces presidente Morales en el caso Botín Propiedad.
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Asimismo, su sala rechazó el antejuicio contra el alcalde Álvaro Arzú y anuló la condena contra los militares Jacobo Salán y Napoleón Rojas por el desvío de Q30 millones en el Ministerio de la Defensa. En 2017, la relatora contra la tortura, Silvia Villalta, presentó una denuncia en su contra por el supuesto otorgamiento de resoluciones judiciales irregulares.
La Hora reveló una investigación en donde la Junta de Disciplina Judicial que preside Estrada Barrientos ha beneficiado en más de 100 denuncias administrativas a jueces que están sancionados por EE. UU. u otros gobiernos con el archivo o desestimación de las mismas.
Obtuvo una puntuación de 73.73.
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12. ZOILA TATIANA MORALES VALDIZÓN
Abogada y notaria con una destacada trayectoria de más de 35 años de ejercicio profesional, vinculada casi en su totalidad al MP. Su perfil combina una especialización técnica con experiencia en la persecución de delitos de alto impacto. Es Maestra en Propiedad Intelectual y Especialista en Derechos Humanos por la Usac. En el ámbito académico, ha colaborado como docente en la Facultad de Ingeniería de la misma casa de estudios.
Dentro del MP, ha desempeñado cargos de alta responsabilidad, incluyendo el de Fiscal de Sección en las unidades de Delitos Administrativos, Delitos contra el Ambiente y Propiedad Intelectual. Como Fiscal Especial, lideró investigaciones de gran relevancia nacional e internacional, como el caso Myrna Mack, el «Caso Gobernación» y las pesquisas contra el general Manuel Antonio Callejas.
Además, integró la Unidad de Investigación Criminal Transnacional (TCIU) y dirigió investigaciones emblemáticas como el «Espionaje Postal» y el caso «Conexión Panamá», procesos por los cuales llegó a denunciar amenazas en su contra. Su trayectoria cerró con funciones en la Fiscalía contra el Delito de Femicidio tras una amplia carrera en la Fiscalía contra la Corrupción.
Obtuvo una puntuación de 70.28.
