Mientras el Congreso continúa sin alcanzar acuerdos para aprobar un nuevo subsidio a los combustibles y los transportistas incrementan la presión con aumentos en las tarifas y nuevas protestas, los usuarios del transporte público ya comenzaron a asumir el costo más inmediato de la crisis.
En algunas rutas, el pasaje pasó de Q5 a Q7, un incremento del 40% que golpea el bolsillo de miles de personas que dependen diariamente de buses urbanos y extraurbanos para llegar a sus trabajos, centros de estudio o actividades cotidianas.
La tensión se ha intensificado en apenas una semana. El Ejecutivo presentó una iniciativa para subsidiar temporalmente el diésel y la gasolina regular mediante una readecuación presupuestaria de Q3 mil 480 millones, pero la propuesta continúa estancada en el Congreso por la falta de consensos entre las distintas bancadas.
Mientras el debate político permanece abierto, el impacto ya comenzó a trasladarse a los usuarios.
La Cámara de Transportistas Urbanos e Interurbanos de Guatemala (Catug) anunció el aumento del pasaje de Q5 a Q7 en la capital; los buses Express de Mixco adoptaron una medida similar, y la Municipalidad de Guatemala autorizó un ajuste temporal de la tarifa máxima para el transporte urbano operado por concesionarios, fijándola en hasta Q6 cuando el galón de diésel se ubique entre Q30 y Q49.99, y en Q7 cuando supere los Q50.
La medida, argumentó la Empresa Municipal de Transporte (EMT), busca garantizar la continuidad del servicio y evitar cobros arbitrarios.
Para quienes utilizan dos, tres o hasta cuatro buses durante una misma jornada laboral, el incremento supone un gasto adicional que se suma al aumento general del costo de vida. Esa presión económica aparece antes de que exista una respuesta definitiva de las autoridades y mientras el debate político continúa sin resolverse.
Los transportistas sostienen, sin embargo, que el aumento es inevitable. Walter Montiel, representante de los buses Express en Mixco, aseguró que el combustible dejó de ser el único factor que presiona las finanzas del sector y que la denominada «tarifa técnica» ronda los Q12. A ello se suman incrementos en insumos como aceites y llantas, cuyos precios también han aumentado como consecuencia del encarecimiento del petróleo.
En esa misma línea, dirigentes de rutas cortas extraurbanas afirman que, incluso si el Congreso aprueba el subsidio propuesto por el Ejecutivo, difícilmente podrán reducir nuevamente las tarifas, ya que el incremento en los costos de operación va más allá del precio del combustible.
La inconformidad tampoco se limita al transporte colectivo. La Asociación de Pilotos de Taxis de Guatemala (Asotax) convocó para este lunes 3 de agosto una nueva manifestación contra el aumento de los combustibles y, además de rechazar la propuesta del Ejecutivo, plantea como alternativa una exoneración temporal de impuestos sobre los carburantes. La organización sostiene que el subsidio, tal como fue planteado, no beneficia de forma equitativa ni a los transportistas ni a la población.
Este lunes 3 de agosto habrá manifestación en contra del alza de los precios de los combustibles
CONGRESO ESPERA MIENTRAS AUMENTA PRESIÓN
Para el analista político Renzo Rosal, la falta de acuerdos en el Congreso responde menos a diferencias técnicas sobre el subsidio que a los incentivos políticos que genera la crisis. A su juicio, aprobar sin modificaciones la propuesta del Ejecutivo significaría concederle una victoria política al presidente Bernardo Arévalo en un momento en que la relación entre ambos poderes continúa marcada por la distancia.
Rosal considera que varias bancadas de oposición al Gobierno de Arévalo prefieren esperar a que las manifestaciones y la presión social aumenten antes de tomar una decisión. De esa forma, explica, los diputados podrían presentar una eventual aprobación del subsidio como una respuesta a las demandas ciudadanas y no como un respaldo al Gobierno.
El politólogo sostiene, además, que el conflicto ya comenzó a mezclarse con los cálculos electorales de cara a 2027. En su análisis, el subsidio abre la puerta a negociaciones más amplias sobre el uso de recursos públicos y sobre el presupuesto del próximo año, anunciado por el Ejecutivo en Q180 mil millones, una discusión que, advierte, podría convertirse en un nuevo espacio de disputa política y clientelar.
Rosal también considera que una respuesta más efectiva combinaría un subsidio temporal, una reducción transitoria de impuestos y un fortalecimiento de los controles sobre las empresas distribuidoras de combustibles, un aspecto que, a su juicio, ha quedado prácticamente fuera del debate público.
SEMANA DE MAYOR TENSIÓN E INCERTIDUMBRE
Las posiciones siguen divididas. Mientras el Ejecutivo insiste en que el subsidio es la vía más rápida para amortiguar el impacto del aumento internacional de los combustibles, varios bloques legislativos impulsan eliminar temporalmente impuestos, otros respaldan el subsidio con modificaciones y algunos mantienen reservas sobre la propuesta. Esa falta de acuerdos mantiene congelada la iniciativa en el Congreso.
El escenario para la próxima semana apunta a una escalada de la tensión. A las nuevas protestas convocadas por taxistas podrían sumarse otras medidas de presión mientras el Congreso continúa negociando una salida política al subsidio.
Entre tanto, quienes ya enfrentan las consecuencias son los usuarios. El lunes volverán las manifestaciones, los diputados seguirán discutiendo la iniciativa y los transportistas mantendrán la presión sobre las autoridades. Para miles de guatemaltecos que utilizan el transporte público todos los días, la crisis ya dejó de ser una discusión en el hemiciclo: comenzó a sentirse en el costo del pasaje y en un bolsillo que, por ahora, sigue esperando una solución.
