Consuelo Porras, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana, Leonor Morales. Arte: Alejandro Ramírez
Consuelo Porras, Ángel Pineda, Rafael Curruchiche, Fredy Orellana, Leonor Morales. Arte: Alejandro Ramírez

A 42 es el número que ascienden los países que prohíben el ingreso a la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), María Consuelo Porras, y otros operadores de justicia que se han mostrado como sus aliados para «socavar la democracia» en Guatemala, según las sanciones de la comunidad internacional. El último país en adherirse fue Suiza.

Además de la fiscal general también fue sancionado su mano derecha y secretario del MP, Ángel Pineda; el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal de esa unidad, Leonor Morales y el juez penal Fredy Orellana.

Se trata de una serie de medidas restrictivas por «socavar la democracia, el Estado de Derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala», luego de la arremetida del ente investigador en contra de los resultados electorales de 2023, que dieron la victoria al presidente, Bernardo Arévalo. Todos fueron acusados de intentar dar un golpe de Estado que impidiera la investidura del ahora mandatario.

 

41 PAÍSES EN LOS ÚLTIMOS DOS MESES

El pasado 2 de febrero, la Unión Europea (UE) anunció que los 27 países que la conforman impusieron medidas restrictivas que prohíben el ingreso a los territorios y congelan los activos de los operadores de justicia. Además, restringe a los ciudadanos y empresas de la UE a poner fondos a su disposición.

Estas medidas fueron adoptadas por Alemania, Bélgica, Croacia, Dinamarca, España, Francia, Irlanda, Letonia, Luxemburgo, Países Bajos, Suecia, Bulgaria, Eslovaquia, Estonia, Grecia, Malta, Polonia, República Checa, Austria, Chipre, Eslovenia, Finlandia, Hungría, Italia, Lituania, Portugal y Rumanía.

Ese mismo día, pero horas después la UE amplió que a su decisión se sumó Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Ucrania, la República de Moldavia, Bosnia y Herzegovina y Georgia. También los países candidatos a entrar a la UE, como Islandia, Liechtenstein y Noruega, así como Armenia y el más reciente, Suiza.

De acuerdo con el comunicado oficial de la UE, dichos países velarán porque sus políticas nacionales se ajusten a la citada Decisión del Consejo. «La Unión Europea toma nota de este compromiso y lo celebra», enfatizaron.

Canadá se unió a esta serie de acciones en apoyo de la democracia de Guatemala. La medida fue anunciada el pasado 20 de febrero en contra de Porras, Curruchiche, la fiscal Cinthia Edelmira Monterroso Gómez y el juez Jimi Rodolfo Bremer.

Las sanciones incluyen la prohibición de transacciones relacionadas con las personas incluidas en la lista, el congelamiento de cualquier activo que puedan tener en Canadá, así como la prohibición de ingresar a ese país.

 

ESTADOS UNIDOS FUE PRIMERO

Cabe destacar que Porras, Pineda, Curruchiche, Monterroso, Morales, Bremer y Orellana ya habían sido incluidos en la lista de Actores Corruptos de Estados Unidos conocida como Lista Engel.

Porras fue colocada en 2021 por Washington en dicha lista. Una de las acciones que motivó su sanción fue la destitución en ese año de Juan Francisco Sandoval, entonces jefe de la FECI, y considerado como un «campeón anticorrupción».

Además, en 2022, a pocas horas desde que el expresidente Alejandro Giammattei la reeligiera como fiscal general por otros cuatro años, el gobierno de Estados Unidos anunció una nueva designación en su contra debido a su “participación en importantes actos de corrupción”. Su esposo, Gilberto de Jesús Porres de Paz, también fue designado.

El país norteamericano ya advertía desde hacía tres años atrás lo que los otros 41 adoptaron en los últimos dos meses. “Durante su mandato, Porras repetidamente obstruyó y socavó las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a los aliados políticos y obtener favores políticos», detalló Washington en esa ocasión.

Según el Departamento de Estado, «el patrón de obstrucción de Porras incluye presuntamente ordenar a los fiscales del Ministerio Público ignorar casos por consideraciones políticas y despedir a fiscales que investigan casos que involucran actos de corrupción”, detalla el oficio emitido por el gobierno estadounidense».

GIAMMATTEI, MARTÍNEZ Y DIPUTADOS

El pasado 11 de diciembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció medidas para imponer restricciones de visa a casi 300 ciudadanos guatemaltecos, incluidos más de 100 miembros del Congreso de la República, así como algunos particulares y miembros de su familia “por socavar la democracia y el Estado de Derecho”.

De esa cuenta, los afectados tienen prohibido el ingreso al país norteamericano. Un total de 108 excongresistas, algunos reelegidos para un período más al frente del Legislativo, fueron sancionados con esta medida luego de retirar la inmunidad a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, quienes denunciaron una persecución política.

El expresidente Alejandro Giammattei fue sancionado de igual forma días después de dejar el cargo. Antes su pareja, Miguel Martínez, fue restringido con el congelamiento de sus cuentas bancarias con sede en Estados Unidos y se le prohibió el ingreso a ese país, bajo la Ley Magnistky del Departamento del Tesoro de ese país.

Diego España
Reportero de la sección de Investigación de La Hora, especializado en el sector justicia, política y derechos humanos. Antes cubrió la fuente del Organismo Judicial. Periodista por la Universidad de San Carlos de Guatemala y becario en la International Women’s Media Foundation (IWMF).
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