Ayer, poco después de las cuatro de la tarde, el Ministerio Público dio respuesta a un mensaje del Portavoz del Departamento de Estado norteamericano, quien expresó la preocupación de su país por la persecución a la prensa independiente de Guatemala. El Ministerio Público, en su cuenta oficial de Twitter, @MPguatemala, dijo literalmente: “Emitir opiniones con ligereza y sin conocimiento es irresponsable. Se les exhorta respetar la ley así como la normativa internacional e informarse por la vía oficial para conocer que no existe criminalización al ejercicio del periodismo y ni (sic) a la libre emisión del pensamiento.”
El artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala claramente dice que “Es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”, agregando de manera tajante que “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas, o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos pro actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. Entonces, ¿Cómo no va a existir criminalización del periodismo cuando una fiscal solicita a un juez, que accede inmediatamente, que se investigue penalmente a quienes han emitido opinión crítica contra el MP?
El Ministerio Público está llamado no solo a conocer al dedillo el texto constitucional, que es absolutamente claro, sino a entenderlo y observar sus preceptos. Es posible que pueda haber personas o funcionarios que no tengan el alcance ni la formación para comprender lo que dice la Carta Magna, pero que todo el ente a cargo de la persecución penal en Guatemala no pueda hacerlo es en verdad preocupante. ¿Cuál es la parte de la Constitución que no se entiende, al pedir y lograr que se investigue penalmente por un delito a quienes han hecho denuncias, imputaciones o criticado a funcionarios de la administración de justicia?
El Departamento de Estado ve lo mismo que ven todos los países y organizaciones, como Naciones Unidas, que han cuestionado el proceder del Ministerio Público al pretender ligar a proceso penal a quienes ejercieron su derecho a expresarse libremente. Y es que no hace falta presumir de doctorados, reales o no, para comprender lo que es más claro que el agua. En Guatemala no constituye delito o falta señalar a funcionarios o empleados públicos, figura en la que caen, precisamente, los fiscales, jueces y magistrados.
La cadena de respuestas a ese mensaje del MP en las redes sociales es digna de ser leída por la unanimidad en el rechazo.
