No obstante, este 24 de noviembre no se presentó el representante de la Contraloría General de Cuentas (CGC) a la pesquisidora por el antejuicio en contra de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), actores antidemocráticos mantienen sus esperanzas en el informe que presente el Contralor Frank Bode Fuentes y que se relaciona al Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) que se empleó en los pasados comicios.
Previo a que se diera a conocer que no asistirían este día, sino la otra semana y ante la expectativa por el informe, diversas fuentes con las que conversó La Hora y que tienen conocimiento del tema, pero que pidieron no ser citadas, refirieron que existen muchas presiones por «diferentes lados» al respecto del informe que se presente de la Contraloría.
Además, subrayaron que el ente investigador ha estado pendiente de lo que ocurra durante la presentación del informe que se presente en el Congreso en la Comisión Pesquisidora que es integrada por cinco diputados, entre ellos tres considerados como aliados del oficialismo.
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Asimismo, refirieron que estos operadores contra la democracia se encuentran presionando para que cualquier hallazgo del TREP implique a que hay un «fraude«.
Un documento enviado a la Comisión por el Contralor, cita que considerando el avance de la auditoría, no es posible designar personeros de dicha institución para que comparezcan a la diligencia en la fecha indicada; sin embargo, a partir de la próxima semana se podrá presentar un informe parcial de la auditoría que respaldan los nombramientos en referencia.
PESQUISIDORA ESCUCHÓ A DENUNCIANTES
Para este día, la Comisión sostuvo una reunión con los denunciantes de los magistrados, Giovanni Fratti y Karen Fischer, quienes debían ser escuchados el miércoles pasado, pero pidieron que la cita se reprogramara para este viernes.
La abogada Karen Fischer, dijo que el contrato administrativo se suscribió con el TSE y Datasys por Q148 millones, precio que a su criterio fue sobrevalorado, porque existían ofertas mucho más bajas.
Contrario a lo expresado por Fratti, aunque dijo que se trataba de «presunciones», Fisher argumentó que debido a los indicios y los medios de convicción hubo alteración de datos en la sumatoria respectiva.
El cronograma para la Comisión en cuanto a las audiencias se tenía previsto en este orden:
08:30 a.m. Secretaria del Sindicato de Trabajadores del Tribunal Supremo Electoral.
10:00 a.m. Contraloría General de Cuentas.
11:30 a.m. Jorge Salvador Santos Nell en su calidad de Encargado de Despacho de la Dirección General de Informática del TSE.
Por último, en las audiencias, la Comisión esperaba a las 14:30 horas a Datasys Guatemala, S.A. a través de su representante legal, sin embargo, el presidente de la pesquisidora, Enrique Montano, informó que no se notificó a la empresa Datasys, porque en la dirección proporcionada no se les ubicó.
Posteriormente, a las 15:59 de este viernes, Montano leyó una carta en la que Datasys pidió que se envíe la notificación de nuevo y Montano informó que será el lunes próximo cuando se les escuche.
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SOBRE EL ANTEJUICIO
La denuncia en contra de magistrados es por el TREP, sistema que adquirió el TSE y que sirvió como una plataforma informativa para que la población estuviera atenta a los resultados conforme estos se iban digitando por parte de las Juntas Electorales Departamentales y desde cualquier parte del territorio nacional.
La denuncia presentada en contra de los magistrados la hicieron Fratti y Fischer el 29 de julio pasado y fue posteriormente que el Ministerio Público le dio seguimiento a la misma.
El ente investigador busca que queden sin inmunidad los magistrados titulares: Irma Elizabeth Palencia Orellana, Ranulfo Rafael Rojas Cetina, Gabriel Vladimir Aguilera Bolaños y Mynor Custodio Franco Flores. En tanto, la magistrada titular y presidenta del TSE Blanca Alfaro y los suplentes Marco Antonio Cornejo Marroquín, Josué Barahona Catalán y Álvaro Ricardo Cordón Paredes fueron amparados por la Corte de Constitucionalidad.
