La Misión de Mediación de la Organización de Estados Americanos (OEA) señaló una “radicalización en la posición” de algunos órganos del Estado de Guatemala, en referencia a la resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) de este miércoles 18 de octubre para dispersar la manifestación frente al Ministerio Público (MP) e investigar al extitular del Ministerio de Gobernación (Mingob), David Napoleón Barrientos.
En esta línea, la Misión designada por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, manifestó su preocupación por los últimos sucesos en Guatemala, ya que señala que un clima de crispación y reproches se adueña de la situación política del país.
“Mientras la tensión social fue cediendo en los últimos días con la flexibilización de los cortes de carreteras, como contrapartida, se radicaliza la posición de algunos órganos del Estado”, señaló.
De esta cuenta, sostuvo que incluso se llegó a acusar judicialmente a un Ministro por mantener una actitud pacífica y prudente, lo que en la práctica ha arrojado excelentes resultados, ya que no se han dado enfrentamientos ni violencia.
Por ello, reiteró que “legítimo es protestar, legítimo es cuestionar, legítimo es también ejercer la autoridad, pero ninguna actitud que se apoye o fantasee con la violencia es legítima”.
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LLAMA A TENER CLARIDAD
De la misma manera, la Misión de Mediación de OEA resaltó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) expresó en términos claros que los resultados son rotundos, por lo cual “nadie se puede anteponer a esa decisión soberana de la ciudadanía”.
Por tal motivo, la Misión hizo un llamado a todos los actores políticos y sociales a asumir con absoluta claridad y consciencia que cualquier desvío o exceso pone en riesgo la paz, así como el derecho de los guatemaltecos a elegir su destino.
PROFESIONALISMO DE PNC
Asimismo, la Misión recordó que resaltó el profesionalismo de la Policía Nacional Civil (PNC), pero que pese a ello, el Ministerio Público (MP) pidió a la alta Corte la destitución del jefe de la cartera del Interior, David Napoleón Barrientos, pues asumen que incumplió con lo ordenado por la Corte en un amparo otorgado a la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).
“Y porque no se han efectuado acciones para retirar a los manifestantes que impiden el paso del personal de la Fiscalía a su sede central”, señaló.
En esta línea, expuso que Barrientos presentó su renuncia al presidente Alejandro Giammattei, la cual fue aceptada, sin embargo, este miércoles el Tribunal Constitucional ordenó al MP investigar a Barrientos por el supuesto incumplimiento de la resolución, por lo que se deberá iniciar una pesquisa en su contra.
RESPETO AL DERECHO A LA PROTESTA
Asimismo, la Misión expuso que entre las coincidencias y preocupaciones de la mayoría de los actores entrevistados, se encuentra la importancia de garantizar y respetar el derecho a la protesta social y abstenerse de criminalizar y perseguir tanto a manifestantes como a instituciones.
“La Misión resalta que el día 18 de octubre de 2023, este derecho se ha visto condicionado con la decisión de la CC ordenando liberar las instalaciones del MP, en un plazo de seis horas, y conminando al Ministro de Gobernación y al Director de la PNC a cumplir con el fallo”, agregó.
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Además, destacó que como segundo punto se ha señalado la preocupación sobre los criterios de competencias del ente investigador, sus actuaciones en materia electoral, ya que desdibujan el buen suceso de los comicios, así como la necesidad de conocer los resultados sobre las investigaciones. “La violación a la soberanía que radica en el pueblo no puede repetirse”, sostuvo.
MOVILIZACIONES SON CONTRA PORRAS, CURRUCHICHE Y ORELLANA
Bajo esta misma línea, la Misión recibió las invitaciones de manera positiva, ya que fueron realizadas de manera amplia e inclusiva, y en ellas constató que el motivo de las movilizaciones, bloqueos y el rechazo ciudadano está relacionado con las acciones de la Fiscal General y Jefa del MP, Consuelo Porras; del jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche; la fiscal Cinthia Monterroso, y el Juez Séptimo Penal, Fredy Orellana, quienes han atentado contra el proceso y los resultados electorales.
El detonante ocurrió a finales de septiembre cuando el MP irrumpió en la sede del TSE para extraer material electoral sensible, correspondiente a las actas originales electorales 4 y 8, que contienen la sumatoria de los resultados de la primera vuelta electoral, expuso la Misión.
A su vez, destacó que las autoridades indígenas han enfatizado en que no representan, ni permiten la participación de ningún líder, partido o movimiento político, por lo que las acusaciones de que el presidente electo, Bernardo Arévalo, está involucrado, no son recibidas ni admisibles.
A su vez, señaló que la Misión y la Secretaría General reiteran la importancia de garantizar que el proceso de transición continúe de manera pacífica y no se vea afectado por ningún requerimiento o reclamos al gobierno electo, al mismo tiempo, expuso que condena los ataques contra la integridad del proceso, los resultados, así como el proceso de transición que finalizará cuando Arévalo y Karin Herrera tomen posesión.
Señaló que continuarán su mandato de manera ininterrumpida en el país, ya que darán seguimiento cercano a la coyuntura nacional y manteniendo reuniones con los principales actores políticos y sociales. Además, reiteraron su compromiso por apoyar el diálogo, por lo que exhortó a todas las partes a facilitar las condiciones para concretar las reuniones quedaron pendientes con la “prematura que amerita la situación del país”
