Por segunda ocasión, el equipo de defensa legal de la exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) de Quetzaltenango, Virginia Laparra, le solicitó a la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que convoque a una audiencia para decidir sobre la libertad de la señalada.
Las abogadas de la exfuncionaria, Wendy Geraldina López y Claudia González, en conferencia de prensa, expresaron que “la CSJ se resiste a revisar la medida sustitutiva para que Virginia Laparra salga de prisión”.
Laparra fue declarada presa de conciencia por Amnistía Internacional (AI), organización que asegura que su captura obedece a una persecución política.
SEÑALAN A CSJ
González indicó que el 13 de junio último, como defensa, solicitaron a la CSJ convocar a una audiencia para que se reconsiderara la prisión preventiva en la cual se mantiene Laparra.
Sin embargo, el 5 de julio pasado, el presidente de la Cámara Penal, Josué Felipe Baquiax, de forma unilateral rechazó la solicitud “sin mayor explicación”.
“Hasta el momento, la Corte Suprema de Justicia no quiere examinar la resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas (GTDA), que concluye que la detención de Laparra ha sido contraria al derecho internacional y que no existen motivos razonables para que permanezca en prisión”, agregó.
De esa cuenta, este jueves 3 de agosto, la defensa de la exfiscal le requirió nuevamente a dicha Cámara de la CSJ que le dé cumplimiento a la decisión del GTDA.
“No existen razones para que ella siga en prisión. Virginia quiere continuar demostrando su inocencia y ejercer su derecho de defensa en libertad”, dijo González.
Asimismo, la abogada López explicó que el caso de la exfiscal se encuentra bajo el control de la CSJ, debido a que “ella (Laparra) impugnó la sentencia del 9 de mayo de 2023 de la Sala de Apelaciones”, la cual confirmó la sentencia de la jueza Oly González.
De esa cuenta, López aseguró que: “Virginia continúa en prisión a pesar de que ya fue juzgada por delitos menores, por lo cual tiene derecho a una medida de arresto domiciliario”, mencionó López y enfatizó en que “pronto estaría cumpliendo la mitad de la condena”.
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EL CASO
El MP dirigido por la fiscal general María Consuelo Porras inició una persecución penal en contra de Laparra, luego de que la exfiscal denunció por supuestas irregularidades en la gestión de un caso a Lesther Castellanos, presidente de la Relatoría contra la Tortura, quien se desempeñaba como juez de Mayor Riesgo en Quetzaltenango.
Castellanos explicó durante el debate que en octubre de 2018 la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones, y aseguró que de esa forma cometió el delito de abuso de autoridad, por considerar que ella no tenía dicha facultad en su calidad fiscal.
De esa cuenta, en diciembre de 2022 la jueza Oly González impuso a Laparra la pena de cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios.
El pasado 4 de enero, Laparra fue ligada a otro proceso penal por supuestamente haber revelado información confidencial de un caso, cuando fungía como titular de la FECI en Quetzaltenango.
La denuncia fue interpuesta por Castellanos, y por ese caso le fue concedida una medida sustitutiva consistente en arresto domiciliario.
