El Procurador de los Derechos Humanos (PDH) José Alejandro Córdova dio a conocer que presentó una denuncia contra Jordán Rodas, quien ocupó dicho cargo, debido a que presuntamente habría detectado anomalías en el proceso de pago de indemnización cuando este dejó el cargo.
Según el Procurador, el caso ingresó al Ministerio Público (MP) el pasado 6 de enero, luego que la auditoría interna llegara a la conclusión de enviar una nota a su despacho para iniciar las investigaciones correspondientes, por lo que, a criterio de Córdova podría convertirse en un hallazgo de la Contraloría General de Cuentas (CGC) o un delito.
En cuanto al exPDH, en un video publicado en su cuenta oficial de Twitter sostuvo que Córdova despertó de su letargo e hizo uso perverso del derecho penal después que el Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP) presentara la inscripción para binomio presidencial, en donde Rodas buscará la vicepresidencia del Ejecutivo.
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La Hora consultó con distintos analistas para conocer si la denuncia contra Rodas es procedente y si sería aplicable contra otros exfuncionarios, quienes también han cobrado el pago de esta bonificación.
FERNÁNDEZ MOLINA: NO ES PERSEGUIBLE
Bajo esta línea, el analista Luis Fernández Molina indicó que se ha generalizado el pago de indemnización, el cual lo dan eventualmente todos los funcionarios, por lo cual es legal cobrar este. “Tal vez no sea ético, pero sí es legal”, afirmó.
“Dejando de lado si es ético o no es, es algo que tienen a disposición y desde un punto de vista práctica sería pues tonto que no lo aceptaran, podríamos discutir si es procedente o no, pero en la práctica sí es procedente”, aseguró Fernández Molina quien sostuvo que la denuncia no es perseguible porque está en la legalidad.
Fernández Molina apuntó que cuando se habla de indemnización se está en “terreno” del derecho del trabajo, por lo cual deben de conocer los jueces del trabajo, y que en el caso del actual PDH contra Rodas tiene “dedicatoria”, pues no cree que un jurista como el Procurador vaya a desconocer la prejudicialidad de un asunto laboral antes que una cuestión penal.
Resaltó que el PDH tiene otro tipo de funciones y que es claro que tiene la obligación de denunciar si existe una violación, pero que debió de haber un planteamiento más de tipo laboral.
Además, el analista aseguró que Ranulfo Rojas, actualmente magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuando salió de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le pagaron indemnización, al igual que Néstor Vásquez, quien actualmente es magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC), así como a Roberto Molina Barreto en el período anterior de la CC, a quien dijo que “lo más seguro es que sí le pagaron”.
“Son pagos que ya están institucionalizados desde el punto de vista legal, que desde el punto de vista ético tienen cuestionamientos, es lo que hay que profundizar, pero desde el punto legal ya está institucionalizado”, concretó.
SAMAYOA: ES NORMAL EN EL EJERCICIO DE UN CARGO
En cuanto al profesor universitario y abogado, Oswaldo Samayoa explicó que se necesitan más elementos de la denuncia para poder analizarlo, pero que debían de agotar una cuestión administrativa de la oficina del Procurador y agotado esto, de persistir elementos que puedan ser constitutivos de un delito, entonces presentar el proceso correspondiente, sin embargo, por la falta de detalle, aseguró que desconocía si procedía.
A criterio del profesional del derecho, en el contexto que se da la denuncia es cuando Rodas manifiesta su candidatura a la vicepresidencia, lo cual crea una “sospecha” de la intencionalidad de poder obstaculizar su participación política y por lo cual, el actual PDH debería de revelar más detalles sobre el caso, eliminar o fundamentar de forma adecuada y así quitar cualquier sospecha de obstaculización política.
Para Samayoa, no es que los PDH se lo receten, sino que se debe de diferenciar al Procurador de un ejercicio de un cargo, como una oficina del Estado que tiene un aparato administrativo donde el encargado de la institución devenga un salario como cualquier otro trabajador con derecho a esta indemnización.
Tanto en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como en casos presidenciales ocurre el pago de esta indemnización, según Samayoa, únicamente no sucede en el Congreso debido a diferentes secciones del poder Legislativo.
“Pero podemos decir que sí, es normal que en el ejercicio de un cargo, aun siendo electo, siendo designado por cuestión de confianza o a través de una comisión, en la tradición de nuestro país ha generado pago de indemnizaciones, entonces no es que se lo paguen a sí mismos, sino que es la institucionalidad pagando el trabajo que desempeñó la persona a partir del cargo que le fue designado”, concretó.
ROSAL DICE QUE DENUNCIA SERÍA DE ORDEN POLÍTICO
Respecto al tema, el politólogo Renzo Rosal, sostuvo que la acción de Córdova tiene una orientación muy política, por lo que, el supuesto central es generar una suerte de argumentos con base o sin base, así como orientar a inviabilizar la candidatura de Rodas junto con Thelma Cabrera.
De tal cuenta, a criterio del analista se seguirán acumulando otros expedientes y señalamientos bajo la misma línea de justificar dejar fuera de la contienda electoral a Rodas, por lo que la decisión sería de “orden político”.
Aseguró que esta denuncia podría generar el avance para otros funcionarios públicos, sin embargo, reafirmó que el objetivo central es descalificar la candidatura a la vicepresidencia, ya se presagiaba desde el momento en que el partido decide postularlo. “Creo que el partido se dio cuenta o no, que las baterías iban a venir dirigidas hacia inutilizar esa candidatura”, comentó.
Según Rosal puede que sean denunciados otros exfuncionarios que han recibido indemnización pero que el objetivo primario era comenzar el caso, que argumentaría que no se justifica o bien que su intención como candidato no procede porque no es idóneo, ya que tiene denuncias penales en su contra.
“Pueda que Rodas tenga otros expedientes abiertos en el MP, también denuncias de irregularidades en la CGC, todo ese tipo de cosas anti Jordán se van a seguir moviendo en los siguientes días, por eso es que también creo que él hizo alguna solicitud de información pública donde está preguntando, “¿bueno qué denuncias hay en mi contra?”, porque el mismo puede saber que tiene varias, inclusive algunas no les han sido conocidas y que va a tener más en los siguientes días”, finalizó.
PAGO DE INDEMNIZACIÓN PROVOCÓ DISCUSIÓN EN CONGRESO
Antes de dejar el cargo como magistrado de conciencia, el PDH fue citado por la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, en el cual el diputado del Partido Unionista, Álvaro Arzú Escobar, cuestionó al director financiero, Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, sobre el momento que recibiría Rodas, quien aseguró que sería de Q534 mil 601.
“Señor Procurador tuvo 7 días para reflexionar sobre la posibilidad de requerir indemnización, le vuelvo a preguntar, ¿la va a requerir?”, cuestionó Arzú Escobar a Rodas en su momento.
El entonces Procurador respondió: “Me lo estoy pensando seriamente, el exprocurador se lo cobró y al ver que su fontanero de la Ciudad Capital gana Q400 mil al mes, déjeme pensarlo que hay altas posibilidades, no le doy certeza, pero por favor pare de sufrir”.
ESTOS SON LOS EXPROCURADORES QUE HAN COBRADO INDEMNIZACIÓN
Según el reportaje de La Hora “Al menos Q95.4 millones en indemnizaciones del OJ, CC, PDH, PGN y CNEE”, publicado en septiembre de 2016, según la Unidad de Acceso a la Información el exPDH, Sergio Fernando Morales Alvarado, cobró la cantidad de Q1 millón 068 mil 187.50 por concepto de indemnización universal.
Dentro de la información de la cartera se mencionan reuniones y conversaciones con congresistas y senadores sin detallar quienes son estos. Entérate aquí:#LaHoraDeActualizarnos
— Diario La Hora (@lahoragt) January 25, 2023
Morales Alvarado fue indemnizado con Q544 mil 510.42 durante su primer periodo del 21 de agosto de 2002 y el 20 de agosto de 2007, mientras que cuando fungió en la PDH del 21 de agosto de 2007 al 20 de agosto de 2012, este cobró Q523 mil 677.08.
El exprocurador Julio Arango Escobar recibió Q302 mil 625 por el tiempo que fungió en la oficina del PDH durante el período de 1997 al 2022.
En el caso de Rodas, el entonces director financiero de PDH, Henry Buldemaro Momotic Pisquiy, tras ser cuestionado por el diputado Álvaro Arzú Escobar, aseguró que el exPDH recibiría Q534 mil 601.
La Hora consultó con Comunicación Social de la PDH para ratificar estos montos, a lo que respondió que por la hora se complicaba apoyar con esa información, pero aseguró que realizaría la consulta.
OTROS FUNCIONARIOS QUE HAN COBRADO
La referida nota indica también que cinco instituciones del Estado cobraron entre 2009 y 2015, recibieron Q95 millones 470 mil 857.98 por concepto de indemnización universal tras dejar los cargos, incluyendo los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
En dicho momento, Gloria Patricia Porras Escobar recibió Q581 mil 533.40, mientras que Mauro Roderico Chacón Corado y Alejandro Baltazar Maldonado Aguirre Q396 mil 286.15 cada uno y en el caso de Héctor Hugo Pérez Aguilera y Roberto Molina Barreto se les fue entregado Q484 mil 733.40.
El Organismo Judicial (OJ) en 2015 desembolsó Q90 millones en indemnizaciones a trece magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Corte de Apelaciones, por lo cual dicho organismo solicitó una ampliación presupuestaria.
De igual forma, la Procuraduría General de la Nación (PGN) ha utilizado Q157 mil 538.98, para el pago a los exprocuradores Guillermo Antonio Porras Ovalle, Larry Mark Robles Guibert y Vladimir Osmán Aguilar Guerra.
En el caso de los expresidentes de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), Carlos Colom Bickford, Carmen Urizar Hernández, así como los exdirectores César Augusto Fernández Fernández y Enrique Moller Hernández, la entidad tuvo que devengar Q1 millón 563 mil 861.35, en ese entonces.
