Recientemente se conmemoró el Día Internacional Contra la Corrupción y la fecha, así como lo que representa, contrasta con las decisiones dictaminadas en los últimos días por los juzgados en Guatemala.
A criterio de analistas consultados por La Hora, hay un retroceso en la lucha anticorrupción, debilitamiento del sistema de justicia y preocupaciones a las que se les debería poner atención.
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Algunos de los beneficiados en las últimas semanas son: Alejandro Sinibaldi, Manuel Baldizón, Sandra Torres, Juan de Dios Rodríguez,, señalados en el caso La Línea, entre otros.
IBARRA: MP TIENE UN DEBILITAMIENTO EN SU ESTRUCTURA Y ESPECIALIZACIÓN
Carmen Aída Ibarra directora del Movimiento Pro-Justicia expresó que la dinámica que se instaló en el país a partir del 2015, con el Caso La Línea develado por la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG y del Ministerio Público (MP), abrió una nueva perspectiva sobre una Guatemala con una justicia independiente.
“Esa perspectiva, ese horizonte que se planteó desde el 2015 que la gente tenía que responder por sus delitos independientemente de cuánto poder tuviera, cuánto dinero o poder político, cargo o rango tuviera en el país tenía que enfrentar la justicia, esa dinámica no gustó porque se plantearon numerosos casos contra gente con muchísimo poder político y económico”, indicó Ibarra.
Por ello, explicó que los poderes reales del país dijeron “basta ya” y frenaron esa dinámica por lo que empezaron a restituir los viejos patrones de impunidad y con ese reacomodo las acciones judiciales planteadas quedaron frustradas.
“Ahora tenemos un Ministerio Público que por un lado está debilitado por las decisiones de la Fiscal General, todas las decisiones que ella ha tomado han provocado un debilitamiento de estructura y especialización, ahora los mega casos y los casos de alta sensibilidad política están en manos de personas recién llegadas a las fiscalías”, señaló.
Ibarra agregó: “Pareciera ser que el Ministerio Público está tomando decisiones que lleva a los tribunales que están implosionando los casos igualmente grandes, complejos, de alta sensibilidad política”.
“En el día a día estamos viendo decisiones del Ministerio Público o de los jueces a petición del Ministerio Público o como consecuencias del Ministerio que están trayendo abajo casos emblemáticos”, enfatizó Ibarra.
ORTIZ: “ESTAMOS MUY MAL”
Edgar Ortíz, analista de la Fundación Libertad y Desarrollo mencionó que recientemente World Justice Project publicó un índice del Estado de Derecho que mide la justicia y la ausencia de corrupción en el cual Guatemala está en el puesto 114 de 140 países, es decir, “nos están diciendo que estamos muy mal”.
“Los datos nos están diciendo que estamos muy mal y eso tiene que ver con el Estado de la Justicia, nosotros podemos estar o no de acuerdo con la lucha contra la corrupción (…) pero lo que no podemos es estar en desacuerdo en que los datos duros nos dicen que estamos mal en ausencias de corrupción y en términos de justicia”, explicó Ortiz.
Por ello, indicó: “Un día como este -contra la Corrupción- sirve para recordarnos como sociedad y como país que estamos haciendo las cosas mal y que definitivamente necesitamos ponernos de acuerdo en cuáles van a hacer las medidas para mejorar esos indicadores, unos niveles de corrupción bajos y controlados son buenos para todos, para la inversión, para el país y para la gente”.
SANTOS: HAY UNA QUEBRANTAMIENTO ABSOLUTO DE LA LEGALIDAD
Jorge Santos, Coordinador General Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), expresó que es indescriptible la condición del sistema de justicia en Guatemala, ya que hay un quebrantamiento absoluto de legalidad que está revestido por un manto de impunidad.
“No es más que el reflejo de la cooptación institucional tan profunda que tiene el estado guatemalteco y que prácticamente es un Estado que a partir de esa cooptación institucional se está organizando para garantizar los privilegios de una pequeña élite y garantizando la impunidad para otros grupos a partir de una determinada fecha para acá”, mencionó.
Santos explicó que cuando se analiza todo el ataque sistemático a la CICIG hasta lograr su expulsión y lo que considera la captura general del Ministerio Público a través de un acto pro-corrupción de la Fiscal General, María Consuelo Porras, son evidencias de un proceso que está destinado a garantizar la impunidad a todos los sujetos que cometieron actos de corrupción que tuvieron consecuencias ulteriores sobre ciudadanos guatemaltecos.
“Esto es un hecho indescriptible y en extremo grave que va nuevamente a tener consecuencias en contra de la población guatemalteca”, aseguró.
ESTRATEGIA DE SINIBALDI Y BALDIZÓN DAN RESULTADOS
En la nota publicada por La Hora “Estrategias de Sinibaldi y Baldizón rinden frutos en el Ministerio Público”, señala como Manuel Baldizón y Alejandro Sinibaldi ahora resultarían beneficiados con las acciones del MP.
El pasado 19 de octubre, el expresidenciable del desaparecido partido Libertad Democrática Renovada (Lider), Manuel Baldizón, fue ligado a proceso por uno de los cuatro delitos que se le señalaba en el caso Transurbano.
Baldizón fue beneficiado con medidas sustitutivas, entre ellas: arresto domiciliario, prohibición de salir del país, prohibición de hablar con otros imputados, la obligación de colocar su huella cada 15 días en el sistema biométrico en el MP y una caución económica de Q1 millón.
Por otro lado, Sinibaldi, quien fuera diputado y posteriormente ministro de Comunicaciones del también extinto Partido Patriota (PP), suma cinco procesos diferentes, entre ellos: caso Arcas, Transurbano, Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Odebrecht.
El 24 de junio de 2022, la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal de Procesos de Mayor Riesgo otorgó una apelación que presentó Sinibaldi, con lo cual anuló los tres acuerdos de colaborador eficaz que se tenían en el caso Odebrecht, pesquisa en la cual también es señalado Baldizón.
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CIERRAN CASO CONTRA TORRES
El pasado 29 de noviembre, la jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez, cerró el caso en contra de la expresidenciable del partido Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Julieta Torres Casanova, y el de seis personas más por su presunta participación en ilícitos dentro del proceso judicial denominado Financiamiento UNE.
A criterio de la jueza Domínguez la investigación “carece de sustento legal”, asimismo, señaló que la pesquisa del MP “no señala roles de la supuesta estructura criminal”.
Durante toda la resolución expresó que “las pruebas no fueron suficientes para determinar los actos conclusivos, no reúnen los requisitos legales”; por lo tanto, dictó el desistimiento del proceso en contra de Torres y los otros seis implicados.
La FECI, dirigida por Rafael Curruchiche decidió no apelar el fallo.
ANULAN SENTENCIA DE CASO IGSS-PISA
La Corte de Constitucionalidad (CC) confirmó la anulación del fallo que emitió el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal en el caso IGSS-Pisa, y revirtió las condenas que dictó la referida judicatura.
En septiembre de 2018, el Tribunal Undécimo Penal condenó a doce acusados en el caso IGSS-Pisa y absolvió a otras nueve personas.
En la pesquisa el MP señaló un supuesto fraude millonario por la atención a los enfermos renales en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS)…
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Es importante mencionar que la investigación realizada por la FECI junto con la CICIG estableció que los señalados en el caso permitieron la contratación de la Droguería Pisa para brindar el servicio de diálisis a pacientes del IGSS con enfermedad crónica renal, sin contar con la capacidad para hacerlo.
También indicaron que hubo un grupo delictivo que se benefició de la administración pública por la contratación de servicios para la remodelación de instalaciones del IGSS en Chiquimula.
BENEFICIAN A JUAN DE DIOS RODRIGUEZ
El 5 de diciembre, el expresidente del IGSS, Juan de Dios Rodríguez, fue beneficiado con arresto domiciliario por el juez suplente Rudy Eleazar Bautista, asignado al Juzgado de Mayor Riesgo B, para conocer el denominado caso Cooptación del Estado.
El juzgador le impuso al extitular del Seguro Social arraigo, la prohibición de hablar con otros involucrados en el proceso y el pago de una caución económica de Q50 mil, como parte de las medidas sustitutivas que solicitó.
El presidente de la SIP aseguró que el caso más conocido de lo que consideran acoso judicial es el de José Rubén Zamora. Aquí más detalles: https://t.co/PSzrB9DtNj
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De esa cuenta, a Rodríguez le fue sustituida la medida de coerción que se le había impuesto al inicio del caso, la cual consistía en prisión preventiva.
Al exfuncionario también es señalado dentro del caso Cooptación del Estado por su presunta participación en una estructura criminal la cual sustrajo fondos de varias instituciones del Estado.
ANULAN ORDEN DE CAPTURA DE MOTO
El pasado viernes 2 de diciembre, el juez Jimi Bremer del Juzgado Décimo de Instancia Penal favoreció al exjuez Mynor Moto, revocando la orden de captura en su contra, así como el arraigo que se había decretado por “rebeldía” para asegurar su presencia antes la Justicia.
Moto es sospechoso en el caso Comisiones Paralelas 2020, dejó su cargo de juez en el Organismo Judicial (OJ) para ocupar una magistratura ante la CC, pero no pudo asumir.
La orden de detención también había alcanzado su ubicación fuera del territorio nacional, por lo cual se notificó a la Organización Internacional de Policía Criminal o Policía Internacional (Interpol). Pero con la reciente decisión del juez décimo penal, se informó a la entidad policial que ya no debía buscarlo.
PEREZ Y BALDETTI ABSUELTOS POR ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO
Tras siete años de proceso del caso La Línea, la sentencia llegó para el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicegobernante Roxana Baldetti, quienes fueron absueltos del delito de enriquecimiento ilícito por el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, que los encontró culpables por la comisión de casos especiales de defraudación aduanera y asociación ilícita.
La juzgadora Jeannette Valdés, detalló que, pese a que se señaló de un 61% de defraudación, esto no se reflejó en la prueba que el MP aportó en el debate. “En otras palabras no hay ninguna prueba relacionada que permitiera establecer ciertamente ese incremento patrimonial de que se aduce en la acusación”, sostuvo.
El MP en conjunto con la CICIG en abril de 2015 reveló el Caso La Línea, una red de defraudación aduanera, por lo cual se requirió la captura de los exjefes de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Álvaro Omar Franco Chacón y Carlos Muñoz Roldán, junto a 19 personas más, lo cual llevó a la renuncia del expresidente y la exvicemandataria.
Varios de los señalados fueron absueltos.
