El juez de Mayor Riesgo “B”, Miguel Ángel Gálvez presentó este martes una acción constitucional de amparo en contra de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), señalando una serie de deficiencias en la solicitud de antejuicio por parte de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT) en su contra. Entre las inconsistencias destaca que de los cinco casos utilizados como respaldo para el pedido de retiro de inmunidad, tres no estuvieron a su cargo.
De acuerdo con el juez, la CSJ no llevó a cabo un análisis exhaustivo de la solicitud de antejuicio y al admitir para su trámite el recurso habría vulnerado sus principios y garantías constitucionales. Asimismo, puntualizó que el tribunal no se ha pronunciado concretamente ante las amenazas y coacciones en su contra derivadas del caso.
“En un verdadero Estado de Derecho, una solicitud de antejuicio sin elementos de racionalidad suficientes y además basada en motivos espurios, ilegítimos o políticos debe ser rechazada in limine”, se lee en el amparo entregado la mañana de este martes en la sede de la Corte de Constitucionalidad.
El juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez se presentó a la Corte de Constitucionalidad para interponer un procedimiento de amparo en virtud de que no comparte el criterio de la corte respecto al procedimiento de antejuicio en su contra.
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TRÁMITE CONTIENE DEFICIENCIAS
En el recurso, el juez expuso que luego de haber dictado auto de apertura a juicio en el caso “Diario Militar” comenzó a ser objeto de amenazas, intimidaciones y hostigamientos por parte de la FCT. De este modo, el 11 de mayo la Fundación dirigida por Ricardo Méndez Ruiz presentó una querella y solicitud de antejuicio en su contra, aduciendo un abuso a la medida de prisión provisional.
Dicha solicitud fue aceptada por la CSJ para su trámite el 15 de junio lo cual, en criterio de Gálvez, además de ser resuelto con una “celeridad inusual”, carece del análisis respectivo.
CASOS QUE NO LLEVABA GÁLVEZ
En principio, indicó que la solicitud de la FCT contiene únicamente como prueba un estudio del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), que hizo referencia a cinco casos en los que se aplicó la figura de la “prisión provisional” contra Jorge Rolando Barrientos Pellecer, exalcalde de Quetzaltenango; Luis Carlos De León Zea, exdirector del Sistema Penitenciario; Ronny Elías López Jerez, exfiscal del Ministerio Público (MP); Claudia Azucena Méndez Ascencio, exintendente de Aduanas de la SAT y Héctor Mauricio López Bonilla, exministro de Gobernación.
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Asimismo, en el amparo el juez indicó que si al CSJ hubiera efectuado el análisis correspondiente habría notado que:
a) Los casos de Jorge Rolando Barrientos Pellecer y Luis Carlos De León Zea nunca estuvieron a cargo de su judicatura.
b) En el caso del exfiscal Ronny Elías López Jerez, fue otro juzgado el que dejó de resolver la situación jurídica del procesado manteniéndolo en prisión. Incluso en este caso la propia CSJ promovió un amparo con el cual se dejó sin efecto una resolución del Procurador de los Derechos Humanos en la cual se condenaba una violación de los Derechos Humanos a la Jueza Claudette Domínguez por mantener la prolongada privación de libertad del exfiscal sin escuchar su primera declaración.
c) En los casos de Claudia Azucena Méndez Ascencio y Héctor Mauricio López Bonilla sí fueron conocidos por el Juez Gálvez y en ellos se respetaron plenamente las garantías y derechos de los procesados resolviendo su situación jurídica en un plazo razonable, conforme los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
“La querella y solicitud de antejuicio ni siquiera especifica cuáles son las resoluciones en las que supuestamente por mi parte se ha incumplido con la ley, por ende, tampoco se acompañaron u ofrecieron como “ELEMENTOS DE PRUEBA”, por lo que, para analizarse y resolverse respecto de la solicitud de antejuicio promovido en mi contra; devenía imprescindiblemente necesario establecer si dicho requerimiento contaba o no con elementos de razonabilidad suficientes para acreditar que la misma no era una solicitud espuria, ilegítima o política”, se lee en la nueva acción de amparo.
DERECHOS VULNERADOS
El juez manifestó la violación a los siguientes derechos, principios y garantías:
a. Derecho a la Seguridad Jurídica
b. Derecho al Debido Proceso
c. Principio de Legalidad
d. Principio de Preeminencia del Derecho Internacional
e. Garantía de Independencia Judicial
La acción también resalta que estas garantías deben ser restituidas a través del amparo.
CSJ EVADE PROTECCIÓN AL JUEZ
Asimismo, en la acción de amparo el juez detalló que el 16 de mayo de 2022, presentó a la CSJ una solicitud expresa y escrita para que adoptara las medidas de protección y garantía de independencia judicial y de ese modo, cesar la interferencia al ejercicio de sus funciones como juez.
Además, solicitó a la CSJ su pronunciamiento respecto a las coacciones y amenazas de las cuales ha sido víctima; sin embargo, señala que hasta ahora dicha solicitud no ha sido atendida y tampoco obtenido una respuesta concreta.
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Entre las amenazas descritas por el juez están los ataques a través de redes sociales y medios de comunicación, donde asegura que “personeros de la Fundación contra el Terrorismo han arremetido contra las resoluciones emitidas en el ejercicio de mi función jurisdiccional”.
Incluso refirió un tuit del presidente de la FCT del 8 de mayo de 2022: “Al prevaricador Miguel Ángel Gálvez, la @FCTGuatemala lo hará pagar por los graves delitos que cometió al frente de su judicatura, la cual prostituyó ante la agenda socialista. Lo vamos a ver preso o exiliado, como Virginia Laparra o Erika Aifán. Empeño mi palabra en eso”.
En el mismo sentido se ha manifestado Raúl Falla Ovalle, abogado de dicha Fundación, quien el 9 de mayo de 2022 en su cuenta de Twitter afirmó: “@Miguelgalvezag amenaza con denunciar a la @FCTGuatemala @RMendezRuiz y su servidor. Yo lo insto a que lo haga y deje de andar quejándose como cobarde. Nos vemos en el @MPguatemala o los juzgados que quiera. Muerte civil al juez prevaricador Gálvez. Denuncia en camino por cierto”.
Dichos mensajes, de acuerdo con el juez, han sido intensificados y difundidos por cuentas de “netcenter”.
