3,100 millones presidente guerra
El presidente Alejandro Giammattei presentó el plan este jueves para minimizar los efectos de la guerra Ucrania-Rusia en Guatemala. Foto La Hora/Presidencia

El presidente Alejandro Giammattei presentó el “Programa Nacional de Emergencia Conflicto Rusia-Ucrania”, el cual tiene un costo total de “Q6,742 millones”, en cuyo monto están incluidos los Q3.1 mil millones de infraestructura que aprobó el Congreso de la República el 15 de marzo según Decreto No. 21-2022, sobre el que pesan señalamientos de opacidad.

El mandatario explicó durante la conferencia de prensa “que la economía guatemalteca ha mostrado resiliencia”, aunque “empezamos a resentir (…) la prolongación del conflicto armado entre Rusia y Ucrania”.

Afirmó que “habrá sin duda alguna un menor crecimiento económico mundial como ya está previsto en especial en EE. UU., lo que reducirá la inversión extranjera” y que “posiblemente se vean afectadas las remesas familiares”, por lo que crearon un Comité de crisis (…) hace ocho semanas.

Comentó que “se trata de iniciativas de política fiscal, protección social y políticas sectoriales, política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera, cooperación internacional y otras acciones inmediatas”, aclaró.

Según el gobernante, “el objetivo de esto es contrarrestar lo más que se pueda los efectos económicos que pudieran derivarse del conflicto bélico y prevenir desabastecimientos de granos básicos entre otros”.

Agregó que “la estrategia asegura la continuidad de políticas para atender las emergencias del COVID-19”.

 

En la actividad también participó Sergio Recinos, presidente del Banco de Guatemala, y quien preside la Comisión interinstitucional creada por el gobierno para el seguimiento y recomendaciones sobre cómo afrontar la crisis derivada de la invasión de Rusia en Ucrania.

Recinos dio a conocer que el Programa tiene un costo aproximado de “Q6,742 millones”, el cual se divide en “Q3,131.2 de infraestructura (Decreto No. 21-2022); otros Q129.1 millones de infraestructura portuaria; Q2,881.5 de protección social; Q540 millones en políticas sectoriales; Q450 millones de seguridad alimentaria y Q90 millones de Energía (tarifa social)”.

SEGÚN DECRETO 21-2022 FUERON APROBADOS LOS Q3 MIL MILLONES

El 15 de marzo pasado fue aprobada por el Congreso de la República la Ley para Fortalecer el Mantenimiento y Construcción de Infraestructura Estratégica el Decreto 21-2022 por Q3.1 mil millones.

Según el Decreto la millonaria asignación está a cargo de cuatro unidades ejecutoras: la Dirección General de Caminos (DGC), con Q1 mil 286 millones 809 mil 853.90; la Unidad Ejecutora de Conservación Vial (Covial), con Q1 mil 748 millones 670 mil 146.10; la Unidad de Construcción de Edificios del Estado (UCEE), con Q120 millones y el Fondo Social de Solidaridad (FSS) con Q35 millones 762 mil 500.

En relación con el tema, el pasado 17 de marzo La Hora dio a conocer que Covial es la única unidad ejecutora de las cuatro beneficiadas que no está incluida en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), una herramienta creada para garantizar la formulación, evaluación, análisis técnico-económico, ejecución y seguimiento de las iniciativas de inversión; así como “evitar la discrecionalidad en el uso de los recursos públicos”.

 

Luisiño Sánchez, relacionista público de Covial, explicó que se debe a que el mantenimiento vial es clasificado por el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) como gastos de funcionamiento, no de inversión.

Agregó que solo existen dos mecanismos de control para las obras de Covial: el Sistema Integral de Control de Proyectos (Sicop) y Guatecompras. En el primero se actualiza “regularmente” el avance físico de los proyectos, pero es únicamente de uso interno de Covial; ninguna persona ajena puede acceder a estos informes.

Adicionalmente, el exministro de Finanzas, Julio Héctor Estrada, expuso que los detalles de los proyectos de Covial son únicamente visibles en los anexos de los contratos de Guatecompras, mismos que desde 2019 a la fecha contienen detalles cada vez más escuetos, como se evidencia en las imágenes de los siguientes concursos.

COVIAL UNIDAD DIFÍCIL DE FISCALIZAR

Además, el 26 de marzo La Hora en la nota “Covial, una unidad difícil de fiscalizar, abre 604 eventos para mantenimientos”, expuso que Covial del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que obtuvo la mayor parte del incremento presupuestario de Q3.1 mil millones de la cartera, tiene vigente un total de 604 procesos de adjudicación, de los cuales 600 están próximos a recibir ofertas y otros cuatro en evaluación.

Asimismo, que de acuerdo con el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras), entre enero y marzo Covial lanzó 604 eventos para contratar servicios para el mantenimiento de la red vial en distintos puntos del país, número que es más del triple al de 2021, que fueron 165, y de esos 71 se encuentran vigentes, es decir, aún no han abierto la recepción de ofertas; el año pasado Covial declaró “finalizados anulados 596 eventos” y “finalizado desierto 1”.

ANALISTAS CUESTIONAN GASTO SIN MAYOR TIPO DE FISCALIZACIÓN

Según Paúl Botero, de la Fundación Libertad y Desarrollo, “es obvio que Guatemala necesita mayores niveles de inversión e infraestructura, que se dediquen mayores recursos para ese tema, por supuesto que es bienvenido, la cuestión es si hay un plan estratégico para poderse gastar ese dinero realmente en infraestructura que necesita el país o es un dinero que está dedicado a proyectos que no van a tener mayor seguimiento o fiscalización”.

De acuerdo con el analista “la lectura que uno le puede dar es que muchos de esos Q3 mil millones son una carta blanca para el gasto sin mayor tipo de fiscalización y sin un destino para las inversiones estratégicas que necesita con urgencia el país en tema de infraestructura”.

Asimismo, que “entonces el monto es bastante grande, pero, los resultados no están garantizados porque no van acompañados de un plan y una fiscalización por parte de los órganos reguladores del Estado”.

 

Además, recordó que “históricamente el dinero que se ha gastado en infraestructura, lamentablemente ha sido señalado de poco transparente o incluso de actos de corrupción, eso es lo que preocupa creo yo, de ese dinero en específico destinado a infraestructura”.

PUEDE UTILIZARSE PARA TEMAS ELECTORALES

Ricardo Rodríguez, de Central American Business Intelligence (CABI) consideró que “en papel es un plan bastante atinado, una respuesta adecuada a la coyuntura que estamos viviendo. Ahora, cuando entramos en pormenores en el tema, es preocupante, tomando en cuenta que es año preelectoral, cualquier disponibilidad de recursos que no son del todo fiscalizables que pudieran irse para temas electorales”.

Agregó: “Con lo que está pasando poco puede hacer Guatemala y eso lo hemos dicho nosotros en CABI, desde inicios de año que hemos estado teniendo entrevistas, que hay que considerar que los efectos no son causados (refiriéndose al alza de los precios) y por ende es poco lo que se puede hacer como país”.

 

También señaló que “somos importadores netos de combustible. Por ejemplo, es muy poco lo que se puede hacer para controlar un precio que no está en nuestras manos, pero el plan de alguna manera trata de atender esos temas”.

Sin embargo, advirtió que “esas preocupaciones de transparencia son las que quedarían siempre como materia pendiente y también la temporalidad de cualquier acción y poniendo el caso de los subsidios al combustible por poner un ejemplo, siguen subiendo y no es por el empresariado guatemalteco sino porque los precios internacionales del petróleo y los combustibles siguen subiendo también, entonces, hasta cuándo será adecuado mantener esos subsidios, es lo que no sé si lo tiene el Gobierno claro”.

Además “de momento fueron tres meses, empezamos con Q1.5 o Q2.5 por galón, ahora ya vamos por Q5 entonces, eventualmente si va a generar una presión en las finanzas públicas, de momento no genera tanta preocupación y la recaudación fiscal ha estado buena pero la perspectiva es que el problema sigue el resto del año y no sé si las finanzas públicas aguantan para un año de subsidios a combustible”, concluyó.

ICEFI YA SE HABÍA PRONUNCIADO SOBRE LOS 3 MIL MILLONES

De acuerdo con Abelardo Medina Bermejo, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), “lamentablemente hasta este momento a pesar de que es un tema de interés nacional el documento no se encuentra disponible”.

Con respecto al plan de emergencia del gobierno, manifestó la falta de temporalidad y de identificación concreta de cuáles son las medidas que incorpora cada caso, hace difícil, primero, evaluarlo y dos, verificar si va a tener algún impacto positivo.

 

En cuanto a la incorporación de los Q3.1 mil millones aprobados por una ampliación presupuestaria para infraestructura, recordó que Icefi se pronunció en su momento para advertir sobre la opacidad en el manejo de los recursos.

Además, no ve ahora que se plantee que “con los recursos para infraestructura se vaya a generar mejor empleo, se sabe que con una carretera no hay resultados inmediatos, aunque se manejen bien los recursos”.

Fabiola Toledo
Fabiola Toledo
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