Esta nueva ampliación del subsidio, en precio y en tiempo ha causado revuelo en la ciudadanía. Foto La Hora
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El Congreso aprobó el pasado 18 de mayo, de urgencia nacional, la iniciativa 6078 para reformar la “Ley de Apoyo Social Temporal a los Consumidores de Diésel y Gasolina Regular” Decreto 20-2022. Con esta medida se autorizó un subsidio a partir del 31 de mayo y durante dos meses de Q7 por galón de diésel y Q5 por el de gasolina regular y superior.

Para financiar las reformas al Decreto 20-2022 los diputados aprobaron Q1,515 millones, que sumado a Q750 millones destinados en el primer subsidio, suma un total de Q2 mil 260 millones de ampliación al Presupuesto General de Ingresos del Estado. Según lo establecido en el decreto, de la “Disminución de caja y bancos” o también conocida como “saldos de caja” se extraerán dichos fondos.

Esta nueva ampliación al subsidio, en precio y en tiempo ha causado revuelo en la ciudadanía, pues el primer apoyo social no fue percibido por los consumidores, además, esta medida implementada por el gobierno de Alejando Giammattei para mitigar los efectos externos del aumento del petróleo, ha sido criticada por expertos en el tema e incluso por el propio Ministro de Finanzas Públicas.

 

BARRIENTOS: UNA MEDIDA CON FINES POLÍTICOS

Según Ricardo Barrientos, analista del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), al considerar que Guatemala es un país “tomador de precios” del petróleo y que el aumento responde a una situación ajena (conflicto entre Rusia y Ucrania), el gobierno debe accionar para mitigar los efectos económicos sobre la población, sin embargo, indica que la aplicación del subsidio en el país ha sido mal diseñada y dirigida, así como utilizada para fines políticos.

“El gobierno de Giammattei y la alianza oficialista en el Congreso de la República está tratando de usar este subsidio con fines políticos; están tratando de redituar políticamente esto, y por esa razón el subsidio es una medida que se aprobó inicialmente, y ahora se extendió sin el debido análisis técnico, o sea está mal diseñado y peor implementado”, aseveró el economista.

Desde su perspectiva, el apoyo social a los consumidores de combustibles debería dirigirse al segmento de la población vulnerable o a los sectores de transporte colectivo y transporte de carga de mercancías como alimentos, en lugar de generalizarlo a las importadoras y a población que, de acuerdo con su nivel socioeconómico, sí pueden amortizar dicho aumento.

Para Barrientos, el subsidio sería más efectivo y transparente si se hubiera preparado una mesa técnica que tomara en cuenta dichas consideraciones, ya que la inversión de recursos públicos que se destinan para su financiamiento se diluye por la gran cantidad de beneficiarios.

“Por eso es que no hay presupuesto que alcance para bajar el precio de los combustibles porque son muchos usuarios y generalmente consume más quien más posibilidad tiene”, explicó Barrientos.

Agregó que el gobierno de Giammattei “ha comprado apoyo político, alcahueteando la corrupción y la impunidad”, un ejemplo son las recientes controversias por la reelección de Consuelo Porras como Fiscal General y de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dichas relaciones habrían abierto la puerta a “abusos”.

“Ojalá lo llegue a investigar la Contraloría General de Cuentas (…) ha habido abuso en el manejo del subsidio”, sostuvo.

 

EL PROBLEMA DE UN BENEFICIO GENERALIZADO

Para Erick Coyoy, economista especializado en macroeconomía y Coordinador del Departamento de Investigaciones de la Universidad Rafael Landívar, desde que entró en vigencia el subsidio se ha evidenciado que es una medida “totalmente ineficiente” porque se trata de un beneficio generalizado a todos los consumidores de combustibles cuando existe “un importante grupo de personas que tiene capacidad de pago” y no requieren el beneficio.

“Deberían buscar formas de beneficiar a la población realmente más necesitada, las más pobres no tienen vehículos, por lo tanto no compran de manera directa combustible”, explicó el analista, quien considera que un cupón de asistencia monetaria para el transporte urbano hubiera sido más efectivo, ya que es un servicio que se ha incrementado potencialmente.

“Eso afecta severamente a las personas que ganan el salario mínimo o por debajo. Alguien con salario mínimo gana Q100 diarios y hay quienes gastan entre Q30 a Q40 cada día en transporte. Hacia ese segmento tuvo que haberse dirigido una ayuda monetaria”, anotó.

GT ATADA AL PANORAMA INTERNACIONAL

Al ser Guatemala un país netamente importador de petróleo, el economista asegura que será imposible para el gobierno mantener un subsidio indiscriminado, pues no hay certeza de cuándo se detendrá el alza del “oro negro”, y además, con la ampliación aprobada más la de Q3.1 mil millones al Ministerio de Comunicaciones (CIV), indica que la administración de Giammattei ya se agotó los Q12 mil millones de saldos de caja con lo que inició el Ejercicio Fiscal 2022.

“Con los Q2,200 millones que tiene el MEM con la nueva ampliación del subsidio se pudo haber pagado un salario mínimo a 700 mil personas”, señaló Coyoy.

Agregó que esta nueva ampliación “es peor” porque se incluyó la gasolina superior, el combustible más utilizado para vehículos de alta gama.

Desde las finanzas públicas indica que ya no se debería pensar en ampliar un subsidio ineficiente, pues implicaría empezar a financiarlo con deuda pública. “Sería muy delicado seguir con este tipo de subsidio ineficiente financiado con préstamos, porque esos créditos al final los paga la población”, agregó.

 

PELIGRO PARA LA SOSTENIBILIDAD FISCAL

Por su parte, Abelardo Medina Bermejo, analista del área macrofiscal del Icefi, comentó que el problema del incremento en el precio de los combustibles también ha migrado al del maíz, trigo y fertilizantes, por lo cual considera que al provenir de un conflicto internacional, los países no pueden hacer frente a esos problemas en el largo plazo.

Lo anterior significa que pueden adoptar algunas medidas transitorias, pero si la situación se mantiene durante más meses es “técnicamente imposible” continuar con acciones como el subsidio porque afecta la sostenibilidad de las finanzas públicas y pone en riesgo el alcance de otros propósitos que están definidos en el Presupuesto General de la Nación.

“Normalmente, cuando se recomiendan ese tipo de medidas por parte de los gobiernos deben ser dirigidas de dos maneras: primero directamente al que es perjudicado, al usuario, y en segundo, únicamente a aquellos que viven en condiciones de vulnerabilidad”, explicó Medina Bermejo.

 

El analista reconoce que el aumento en el costo del petróleo afecta a toda la población, pero por tratarse de una situación de emergencia, los gobiernos deben apoyar inicialmente solo a aquellos grupos que están en situación de pobreza o tienen ingresos fijos, como los trabajadores con salarios mínimos, los desempleados y los pensionados.

“Hubiera sido más productivo para la sociedad que se diera un subsidio general al diésel, pues hay menos efectos sobre el transporte público; no hay impacto sobre el precio del transporte de mercancías, lo que implica que no hay impactos sobre los precios a los productos, entre otros., pero como lo hace el gobierno no se ha logrado ninguno de los propósitos, en general, tenemos un subsidio mal aplicado”, agregó el economista.

Adicionalmente, considera que la razón de que el precio de los combustibles en Guatemala sea el más alto de la región se atribuye a la ausencia de un mecanismo de verificación de precios, aunque no se refiere a un control estricto o una fijación, ya que “no tiene sentido” que quien más está ganando con este aumento de precios sean las empresas importadoras y las gasolineras.

De esa cuenta recomienda que al MEM y la Diaco verificar que los precios finales al consumidor vayan en concordancia con el costo internacional del petróleo “pasado y no el futuro”.

GASOLINA SÚPER: “SE PIERDE EL ENFOQUE SOCIAL”

Asimismo Pedro Prado, coordinador del Departamento de Investigación y Consultoría Económica de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), indicó que el subsidio sí es una medida de política pública que se puede considerar bajo el escenario actual; sin embargo, subrayó que debe ser temporal y el Estado debe contar con la capacidad financiera para su implementación.

Además, cuestionó que la nueva prórroga incluya un subsidio a la gasolina superior, ya que “se pierde el enfoque social” y también advierte que “no es una barita mágica”, lo cual significa que el estar aprobado ese beneficio no significa que dejará de aumentar el precio internacional del petróleo.

Entre otras medidas, recomienda para controlar el impacto de la “inflación importada” se podría analizar la posibilidad de impulsar un programa de transferencias condicionadas en beneficio de aquella población más afectada con el aumento de los bienes y servicios.

 

GONZÁLEZ RICCI: “EL SUBSIDIO NO ES SOSTENIBLE”

La noche del martes 17 de mayo, en cadena nacional, Alberto Pimentel, ministro Energía y Minas, dijo que con el nuevo monto del subsidio, el galón de gasolina superior pasaría de Q43.46 a Q38.46, el de regular de Q42.86 a Q37.86 y el diésel de Q40.00 a Q33.08.

En la misma transmisión, Álvaro González Ricci, titular del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin) respaldó la postura de Pimentel al asegurar que Guatemala cuenta con recursos suficientes para sufragar el pago a las gasolineras y que estas apliquen el descuento a los combustibles.

De forma contradictoria, ese mismo día, horas antes de la transmisión, Gonzáles Ricci había afirmado que el subsidio a la gasolina “no es sostenible porque distorsiona el mercado y lo vuelve ineficiente”.

«Tenemos que ser muy creativos para no vulnerar el presupuesto, ya que ahorita hemos estado usando los saldos de caja, que son los ahorros que teníamos del año pasado, por eso vemos que los números del presupuesto actual no han variado», aseguró el ministro, quien posteriormente apoyó la iniciativa del Ejecutivo.

 

¿SALDOS DE CAJA O DEUDA NO USADA?

En relación con los saldos de caja que se utilizarán para financiar los subsidios, Barrientos comentó que el gobierno ha mentido al asegurar que dichos saldos provienen de un incremento en la recaudación de impuestos en 2021, pero que realmente son recursos que provienen de deuda pública contratada “en exceso” el año pasado. Esto convierte al gobierno de Giammattei en la administración “que más dinero ha tenido”.

“Un ejemplo es el eurobono de mil millones de dólares que se colocó el 30 de septiembre de 2021, casi Q7 mil 700 millones de deuda pública. Este es un bono que se colocó en el Mercado Internacional de Capitales en septiembre del año pasado y no se gastó. No había necesidad de colocar esa deuda pública, entonces ese dinero quedó guardado en las cuentas del Banco de Guatemala y ese es el saldo de caja en exceso con el que arrancó este Ejercicio fiscal 2022”, recalcó.

“Imagínense el impacto en las finanzas públicas, no solo en el 2021 se contrató deuda en exceso y además, se está malgastando en este tipo de cuestiones. Es algo que vamos a pagar caro, es deuda pública que aún no hemos pagado”, recalcó.

¿QUÉ HACEN OTROS PAÍSES?

El Salvador

En marzo pasado, el Congreso de El Salvador aprobó una serie de medidas para congelar los precios de los combustibles con la suspensión de dos impuestos por tres meses; redujo el Impuesto al Valor Agregado.

A lo anterior se atribuye que sea el país con los precios más bajos, como se evidencia en la nota de La Hora Economía: Guatemala con los precios en combustibles más altos de la región.

Costa Rica

Costa Rica, el segundo país centroamericano con los precios más altos, no ha implementado subsidios ni descuentos en los impuestos. Cabe resaltar que a diferencia de Guatemala, los costos en dicho país son regulados por el gobierno.

Honduras

En abril, el Gobierno de Xiomara Castro anunció que subsidiará un 50% del incremento al precio por galón de diésel hasta que la tendencia al alza haya cesado razonablemente. Además, el 17 de mayo el Estado hondureño ordenó a sus organismos implementar un modelo de trabajo híbrido entre presencialidad y virtualidad, con el fin de reducir el gasto público de combustibles de las entidades gubernamentales.

Nicaragua

Por su parte, el Gobierno de Daniel Ortega informó hace una semana que congelaría los precios y asumiría el costo del aumento para no afectar a sus habitantes.

Q433.4 MILLONES SE HAN OTORGADO A CINCO GASOLINERAS

El diputado Orlando Blanco, integrante del Grupo Parlamentario de Oposición, asegura que el subsidio no ha beneficiado a la población y propuso una iniciativa de ley para exonerar temporalmente de impuestos a las gasolinas y el diésel; además, compartió vía Twitter la ejecución del subsidio a los combustibles y gas propano con base en datos del Sistema de Contabilidad Integrada.

Entre abril y mayo, el MEM ha otorgado Q433 millones (Q433,444,746.05) en fondos a cinco gasolineras y Q154 millones (Q154,595,160.00) a 23 distribuidoras de gas propano de enero a mayo, según datos confirmados al pasado 17 de mayo.

DIACO

POCA TRANSPARENCIA

Finalmente, el analista Coyoy puntualiza que en definitiva este subsidio “no tiene ninguna medida de transparencia”, ya que los pagos los reciben las empresas distribuidoras por las ventas que reportan, cuestión que está estrechamente relacionada con los pagos de impuestos.

“La SAT debería estar haciendo un control muy estricto sobre la fiscalización de estas ventas reportadas porque en un escenario extremo de poca opacidad una empresa podría reportar más ventas de las que realmente tiene porque se beneficiaría por el subsidio”, subrayó.

DIACO: TRES GASOLINERAS SANCIONADAS

Este lunes 23 de mayo, Gerber Ordóñez, director de la Dirección de Asistencia al Consumidor (Diaco), informó que tres gasolineras ubicadas en Quiché, Zacapa y Chiquimula fueron sancionadas con el equivalente de 30 salarios mínimos por no aplicar el Apoyo Social Temporal y vender el producto por encima del precio de referencia.

El funcionario comentó que han verificado los precios en 345 estaciones de servicio, de los que han seleccionado 27 expedientes de gasolineras y uno de expendio de gas propano; como resultado tres gasolineras fueron sancionadas debido a que encontraron indicios de incumplimiento al subsidio.

 

Andrea Solórzano
Andrea Solórzano
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