Debido a una citación al Congreso de la República solicitada por la jefa de la bancada Semilla, Ligia Hernández, a funcionarios administrativos del Ministerio Público (MP), la fiscal general, María Consuelo Porras, interpuso una denuncia por abuso de autoridad en contra de la legisladora.
“Fui notificada de una denuncia por abuso de autoridad, interpuesta por la Fiscal General (…), pero de entrada lo considero un ataque político y un exceso del MP. Y esto lo fundamento en que la solicitud de retiro de antejuicio fue notificada al Organismo Judicial (OJ) un día después de la reelección de Consuelo Porras”, explicó la diputada Hernández.
En ese contexto, Hernández comentó que Porras nunca fue citada sino a funcionarios administrativos del MP para conocer la política pública de protección de fiscales en cumplimiento de una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
“Que quede claro que todo funcionario puede ser citado por sus funciones administrativas…pero puedo adelantarle que el caso es espurio, político, y completamente infundado”, enfatizó.
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SOBRE LA CITACIÓN
El 15 de febrero, la bancada Semilla programó una citación con el Secretario de Política Criminal, el secretario contra la Corrupción y el fiscal Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), a la cual no asistieron.
En su lugar, enviaron un oficio que expresaba que los fiscales no podían ser citados por el Congreso, ya que el MP es “una institución auxiliar de la administración pública y de los tribunales con funciones autónomas”.
Otro argumento utilizado por el ente investigador fue el artículo 1 de su ley orgánica, “es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública”.
Además, en el oficio expresaron, “lo anterior evidencia que la facultad del Congreso de la República, para citar a los funcionarios y empleados públicos a acudir e informar, no es absoluta, pues al realizar la interpretación armónica de la Constitución Política de la República de Guatemala, la propia Corte de Constitucionalidad, establece que es imperativo garantizar la autonomía de los funcionarios que integran los tribunales de justicia, con el objetivo de garantizar objetividad e independencia en sus funciones”.
MP NIEGA DENUNCIA, LUEGO SE RETRACTA
La Hora consultó al Departamento de Comunicación del MP para confirmar la denuncia interpuesta en contra de Hernández, la cual negaron tener registro de denuncias recientes, sin embargo, al confrontar la existencia de la denuncia argumentaron que consultarán directamente en Fiscalía de Delitos Administrativos, ya que posiblemente ahí podría estar registrada.
A LA ESPERA
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“Respecto al registro puede ser que la persona al filtrar en el sistema para la búsqueda únicamente haya trasladado nombre Ligia, apellido Hernández y posiblemente esté registrada con dos nombres y dos apellidos, podría ser”, explicó el vocero del MP, Juan Luis Pantaleón.
Finalmente el ente investigador, señaló que se presentó la denuncia por “posible ilegalidad ya que según lo que establece la Constitución Política de la República, Ley Orgánica del MP y tratados internacionales, los diputados no pueden requerir información ni citar a los fiscales respecto a investigaciones en curso, proceso penales en trámite o aspectos legales relacionados a la persecución penal y el ejercicio de la acción pública del Ministerio Público”.
El MP señala que la denuncia está a cargo de la Fiscalía de Delitos Administrativos y fue presentada por las personas que fueron citadas, el exsecretario contra la Corrupción, el Jefe de la FECI y Secretario de Política Criminal.
