En días recientes, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) recibió un memorial presentado por el abogado Julio César Salazar Aguirre en nombre de la farmacéutica Pharmalat, en el que se denuncia una supuesta contratación anómala dentro del personal administrativo del Organismo Judicial (OJ), debido a que uno de los trabajadores tendría un proceso penal que podría comprometer el desarrollo de las funciones para las cuales fue incorporado.
En el documento se señala que, a finales de mayo pasado, el OJ contrató a José Orlando Ruiz Coronado. De acuerdo con el texto suscrito con el Estado y registrado en Guatecompras, sus servicios fueron adquiridos para revisar expedientes de adquisiciones que sean trasladados a la Gerencia General.
Entre las funciones asignadas se encuentran realizar trámites relacionados con la aprobación de bases, solicitud de dictámenes, nombramiento de juntas y comisiones, aprobación de modificaciones, revisión y suscripción de contratos, así como la aprobación de liquidaciones efectuadas por la comisión receptora y liquidadora desde el ámbito financiero, entre otras acciones.
Sin embargo, el memorial señala que una semana antes de su contratación, Ruiz Coronado había sido ligado a proceso penal por el delito de chantaje. Además, el Ministerio Público (MP) recibió la orden de investigar la posible comisión del delito de amenazas.
EL CASO
En 2023, la farmacéutica Pharmalat presentó una denuncia por la extracción de fondos de la empresa y un supuesto intento de chantaje contra personeros de la entidad.
En enero del presente año, el Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno de Villa Nueva realizó la audiencia de primera declaración contra Ruiz Coronado, quien era señalado por los delitos de hurto agravado y chantaje.
Según la denuncia, Ruiz Coronado habría tomado sin autorización Q503 mil 824 de la empresa y, después de ser despedido, presuntamente amenazó a personeros de la farmacéutica con revelar información sensible de la compañía si no se le depositaban Q350 mil en una cuenta bancaria.
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La investigación del MP determinó que dicha cuenta pertenecía a una mujer residente en Escuintla, quien anteriormente había sido condenada, mediante aceptación de cargos, por prestar su cuenta bancaria para actos de extorsión.
No obstante, pese a que se contaba con mensajes enviados supuestamente por Ruiz Coronado mediante WhatsApp a los afectados, el juez decidió dictar falta de mérito por ambos delitos.
Posteriormente, el 21 de mayo de este año, la Sala Cuarta de Apelaciones Penal notificó que aceptó parcialmente la apelación presentada por los querellantes.
Según el criterio de los magistrados, no correspondía ligar a proceso a Ruiz Coronado por el delito de hurto agravado, debido a que existe un documento firmado por él en el que se compromete a devolver el dinero sustraído. En cambio, respecto al delito de chantaje, la Sala consideró que existían suficientes indicios para ligarlo a proceso y permitir que la investigación continuara.
No obstante, el OJ generó el contrato de prestación de servicios el 28 de mayo, una semana después de que Ruiz Coronado quedara vinculado a un proceso penal.
Si bien la Constitución Política de la República de Guatemala (CPRG) garantiza la presunción de inocencia mientras una persona sindicada no haya sido vencida en juicio, los requisitos establecidos por el OJ en sus convocatorias señalan que los aspirantes deben presentar constancias laborales de «todos» los lugares donde hayan trabajado, con el detalle del puesto desempeñado, período laborado y la razón por la cual finalizaron sus labores en cada institución o empresa.
OTRO INDICIO
Desde la resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal hasta que el juzgado dio cumplimiento a lo ordenado transcurrieron aproximadamente tres meses. Fue el 17 de agosto pasado cuando el juez Marvin Cermeño ligó a proceso a Ruiz Coronado por el delito de chantaje.
Tras la resolución, el MP solicitó que se dictara prisión preventiva contra Ruiz Coronado, al argumentar que existían indicios de posibles amenazas provenientes de un número telefónico que se encuentra bajo investigación. Debido a ello, la Fiscalía consideró que existía un riesgo que justificaba mantenerlo privado de libertad.
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Sin embargo, Cermeño le otorgó medidas sustitutivas, entre estas arresto domiciliario, arraigo, prohibición de acercarse a la farmacéutica y a las personas involucradas en el proceso, obligación de firmar el libro de asistencia y una caución económica de Q20 mil.
Asimismo, el juez ordenó que la resolución fuera informada a la Unidad de Recursos Humanos del OJ.
Derivado de los señalamientos sobre posibles amenazas, Cermeño ordenó al MP iniciar una investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.
Mientras tanto, el Juzgado de Villa Nueva tiene previsto realizar el 12 de enero de 2027 la audiencia de etapa intermedia, en la que se decidirá si Ruiz Coronado debe enfrentar juicio por el delito de chantaje.
SIN EXPLICAR
Derivado de los hechos que se detallan en diversa documentación judicial, La Hora consultó, a través del vocero del OJ, Rudy Esquivel, sobre cuál ha sido el actuar del organismo en torno a la situación de Ruiz Coronado.
Sin embargo, tras varios días de espera, este únicamente informó que las autoridades aseguran que este Ruiz Coronado ya no labora para el organismo, sin que se puedan dar detalles de su salida, ya sea porque se rescindió su contrato porque este haya tomado la decisión de dejar de laborar.
Según indicó Esquivel, ese tipo de detalle debe requerirse a la Unidad de Acceso a la Información.
No obstante, según Guatecompras, el contrato firmado entre Ruiz Coronado y el OJ continúa vigente.
