La Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac) se encuentra en un nuevo proceso para elegir al rector que ha de conducir la más grande casa de estudios del país, pero en medio de nuevos señalamientos contra algunos de los candidatos y por llamados a una reforma que permita rescatar el nivel académico y científico que ha tenido en sus más de 360 años de historia.
Para contribuir con este debate, La Hora conversó con el licenciado Manuel González Ávila, profesor jubilado de la Usac, quien señala como requisito fundamental construir un proceso de cambio que tenga como base la democracia representativa, que garantice la legitimidad de los acuerdos que se alcancen.
¿Qué balance observa actualmente de la Usac?
En la actual fase en que presenciamos una trascendental elección de una nueva administración en la Universidad de San Carlos nos encontramos como electores con dilemas o problemas que debemos superar. Algunos de ellos como la indiferencia, la desconfianza y la falta de compromiso constituyen retos formidables, además de ser sumamente complejos. Las soluciones que acordemos para superarlos tienen el potencial para conducirnos a una gran diversidad de resultados, desde los esperados cambios importantes y trascendentales hasta solo documentos y textos.
El peor resultado posible es un cambio que sólo parece serlo; ya lo hemos vivido. Una posible contribución que podemos hacer todos los interesados en los procesos del cambio institucional es la construcción colectiva de un movimiento institucional con cuyos procesos y resultados nos sintamos identificados, sintiéndolos propios. Esto es la construcción colectiva de la legitimidad del cambio universitario. Es un proceso largo; sin embargo, un primer paso en la dirección correcta es la elección de autoridades idóneas.
¿Cómo es el cambio universitario que necesitamos?
El proceso de cambio universitario es un movimiento complejo que incluye importantes ejes de naturaleza política y ética, además de lo académico y lo propio de la vida institucional de las universidades; significa la creación, por medio de un esfuerzo colectivo, de oportunidades de comprensión en todos los órdenes de la vida institucional, especialmente en lo académico, en la calidad y cantidad de la contribución que como una universidad hacemos al Estado y la sociedad.
¿Qué otros aspectos implica ese proceso de cambio?
Las respuestas que institucionalmente encontremos a los dilemas sobre cómo participar y cómo articularnos en el esfuerzo, cómo tomar decisiones, qué hacer para llevar a la práctica y conducir el proceso general, por qué medios podemos canalizar nuestras propuestas e iniciativas y muchos otros asuntos que determinarán en gran medida los resultados del gran empeño que supone el cambio institucional.
¿A qué puede llevar ese proceso?
Si aceptamos que la diferencia, el conflicto y la cooperación son elementos constitutivos de las sociedades y de las instituciones, al igual que también en nuestro caso en la universidad como institución pública, es obvio que la práctica política no debe aspirar a la reducción de la diversidad de opiniones, ni a la eliminación de los desacuerdos. Más bien se trata de conceptuar y llevar a la práctica las formas de expresión y de acción que ayuden a resolver los conflictos en un marco que respete la integridad y la dignidad de las personas como sujetos libres, participantes plenos en igualdad de condiciones.
¿Qué retos considera se encontrarán en esta fase?
Algunos de los grandes retos que tendremos que superar son la desconfianza y el desinterés. La importancia de estos y otros problemas merecen toda nuestra atención.
¿Qué esperamos de un movimiento de cambio universitario?
Deseamos construir las oportunidades y capacidades para introducir cambios institucionales que vinculen más responsablemente de la universidad a las condiciones y problemas que vivimos como país, a la vez que conducen a modos de relación coherentes con el hecho de que la Universidad de San Carlos de Guatemala es constitucionalmente la universidad estatal y pública.
Es decir, también ser coherentes con la razón misma de su existencia, por lo cual se responsabiliza de la educación superior en niveles de grado y postgrado universitarios, la investigación científica, tecnológica, humanística y filosófica, y la extensión universitaria.
¿Hacia qué podrá conducir el proceso que usted señala?
Esperamos que desde las primeras decisiones de la nueva administración haya conciencia de la necesidad de un cambio que conduzca a modificaciones reales y profundas en el sistema político y de gobierno, en la estructura organizativa y administrativa, y especialmente en los programas académicos y de proyección social que constituyen la razón de ser de la universidad.
En ese sentido, la producción de documentos como resultado de un proceso de cambio institucional, es solo una contribución minúscula e insuficiente. Desafortunadamente esa ha sido la experiencia en los anteriores esfuerzos de “reforma” y “transformación” universitaria.
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— Diario La Hora (@lahoragt) April 3, 2022
¿Qué actos deberían participar?
Esperamos lograr una renovación que se manifieste en las relaciones usuales de los alumnos y los profesores en el acto educativo; en el compromiso de los investigadores para cultivar la credibilidad en investigaciones que atienden las necesidades de conocimiento del entorno social y el país; en la calidad académica y ética en las múltiples interacciones con instituciones, sectores sociales y el Estado; en la alta valoración que da el pueblo de Guatemala a las contribuciones académicas y profesionales universitarias, así como la capacidad crítica y propositiva que hacemos como universidad pública y autónoma del Estado.
¿Cómo explicar los escasos resultados obtenidos en los esfuerzos de transformación anteriores y qué procesos influyeron sobre tal resultado?
En la década de los años 80 muchos profesores y estudiantes se involucraron en un proceso muy profundamente reflexivo y propositivo sobre la universidad; sin embargo, fue abortado por las fuerzas oscuras de este país. Hubo que suspenderlo por los asesinatos de dirigentes estudiantiles. Aparte de este intento, otras iniciativas de cambio institucional –aun cuando ambiciosamente fueron denominados de “transformación” (1974) y “reforma” (1994-1996)– produjeron excelentes documentos que lamentablemente no llegaron a tener arraigo en la población universitaria y fueron escasamente conocidos por algunos pocos universitarios únicamente. No llegaron a acercarse a las deseadas “transformación” y “reforma”.
¿Qué implicó no haber concretado al menos un proceso de esos esfuerzos?
Los procesos de conducción del pretendido cambio institucional fueron similares en ambos casos: decisiones iniciales tomadas centralmente en el Consejo Superior Universitario, tutela demasiado cercana del proceso deliberativo y decisorio por parte de dicho Consejo, burocratización y formalización de los procesos de decisión basados más en la representación formal que en la legitimidad.
La experiencia que tenemos de ambas iniciativas indica la necesidad de construir constantemente la legitimación del proceso que hemos iniciado, por medio de una participación amplia, libre, informada y activa de todos los sectores de la universidad y miembros de instituciones y organizaciones sociales en el proceso de cambio institucional.
¿Qué características necesitamos en todos los procesos genuinos de cambio institucional?
Para hacer realidad las aspiraciones, es necesario que los acuerdos de cambio universitario respondan realmente a las convicciones y valores de los universitarios. Será necesario comprender cuáles fueron los errores cometidos antes para evitar que lleguemos a los mismos resultados y superar dichos errores con modalidades diferentes de trabajo. Solo así podemos construir un aceptable grado de viabilidad a dichos acuerdos.
En otras palabras, si esperamos que los acuerdos y las propuestas aprobadas superen el nivel de meros enunciados para ser prácticas cotidianas en la vida universitaria, debemos construir procesos en que todos podamos identificarnos, sintiéndolos propios y reconociéndonos en sus expresiones e implicaciones.
¿Qué aspectos debe contener este esfuerzo?
El término que implica todo ello es “legitimidad”. En contraste, el de “representatividad” es insuficiente, en el sentido que no responde exactamente a las necesidades actuales. La representación, especialmente cuando se logra por votaciones muy divididas y cuando solo responden a la sola designación de la autoridad, no es automáticamente legítima. Puede ser legal, pero no legítima. Solo lo es cuando amplios sectores de la sociedad, de la universidad en nuestro caso, se sienten identificados con los representantes; cuando se sienten bien representados en sus necesidades centrales. Y aun así la legitimidad de los representantes es solo transitoria, pero dura solo mientras se sostenga tal identificación.
¿Qué más afectó los procesos anteriores?
Los intentos anteriores de cambio universitario se basaron en la pretensión de representación, no en la búsqueda de la legitimidad. Esta última es indispensable e insustituible porque constituye la vía por la cual serán internalizados los acuerdos. La legitimación es el camino por el cual las orientaciones que produciremos en el proceso deliberativo se convertirán en convicciones. Esto no se logra por medio de la determinación autoritaria de normas legales.
Pero, ¿Cómo entender y cómo construir la legitimidad?
Para intentar una respuesta es necesario considerar en qué consiste lo político en una institución académica como es la universidad, ya que como en cualquier otro ente social, en la universidad el poder es algo constituyente de lo institucional. Los antagonismos internos en relación con intereses o prejuicios son inherentes a las relaciones humanas. Se dan en muchas formas. Adicionalmente, por el hecho de ser una universidad tenemos antagonismos relacionados con ideales académicos y de vinculación social.
¿Es necesario un proceso democrático?
El problema para una política democrática de cambio institucional no es disolver los antagonismos, incluyendo las diferencias y los conflictos, sino manejarlos conforme a los procedimientos básicos del respeto mutuo y los valores de una democracia pluralista, no como conflictos entre enemigos que quieren excluirse o destruirse entre sí. El manejo de los antagonismos en un enfoque democrático, no autoritario ni excluyente, implica principios y procedimientos incluyentes que favorecen la plena participación.
La plena participación solo puede ser así, plena, cuando se da completa a todo lo largo del proceso de participación política, lo cual abarca, entre otras formas de acción:
• El reconocimiento de todos aquellos dispuestos a contribuir al proceso de cambio como interlocutores participantes e interesados.
• La participación en la definición de los problemas y la planificación.
• El derecho a ser consultado.
• El ejercicio de la libertad de expresión en forma oral y escrita, emitiendo opinión, expresando objeciones, interrogando, haciendo propuestas.
• El derecho y la participación en las reflexiones, las deliberaciones y las acciones vinculadas.
• La participación en los procesos de toma de las decisiones.
• La participación en la conducción y programación de los momentos de deliberación por medio de los acuerdos sobre las condiciones de las reuniones, la elaboración de la agenda, la facilitación de las reuniones, la elaboración de los acuerdos e informes, y otros.
• La participación en la divulgación, la evaluación y la retroalimentación
¿Qué puede afectar para no lograr el objetivo?
En contraste, hay una obstrucción real a dicha construcción de legitimidad cuando, por procedimientos que son formales, arbitrarios o autoritarios, efectivamente se cierra la oportunidad a la plena participación. La obstrucción a la participación, la exclusión, la imposición autoritaria, el formalismo, el soborno en sus múltiples manifestaciones, son las maneras de los procesos ilegítimos.
La participación solo es plena cuando los sujetos tienen la oportunidad de participar en la medida de sus recursos, condiciones y posibilidades en todo el proceso, sin que les sea coartada, ni negada, ninguna fase o parte del proceso político.
Finalmente es importante destacar que la construcción de la legitimidad pasa por el ofrecimiento de esa oportunidad abierta a la participación.
