El embajador en retiro de Estados Unidos y diplomático de carrera, Stephen McFarland sostuvo una breve entrevista con La Hora, en la que opinó a título personal, que sí bien no puede hablar por el gobierno de Estados Unidos respecto a la decisión de incluir en la Lista Engel a la fiscal general, María Consuelo Porras, es una señal de alarma que evidencia la profunda preocupación de EE. UU. sobre la corrupción a gran escala en Guatemala.
La Hora: ¿A qué nivel está un MP en el que su fiscal general está en la Lista Engel?
Stephen McFarland: Es una señal de alarma. No puedo hablar por el gobierno de los EE. UU. ni por la información que maneja, pero la decisión de incluir en la Lista Engel a la Fiscal General de Guatemala y al Secretario General del Ministerio Público evidencia la honda preocupación de EE. UU. sobre la corrupción a gran escala en Guatemala, y su creciente impacto sobre las instituciones democráticas, y sobre la economía y la migración hacia Estados Unidos.
Es casi insólita una situación en la cual EE. UU. designa así a la máxima autoridad de la fiscalía de otro país; quiere decir que las alternativas simplemente no ofrecieron ninguna esperanza de cambio real.
Y si bien la decisión refleja el fuerte compromiso del gobierno de Biden con la democracia y el Estado de Derecho, la preocupación norteamericana sobre la Fiscal General, y el interés de EE. UU. de evitar el despido de jueces independientes, o de fiscales probos como Juan Francisco Sandoval de la FECI, comenzaron bajo el gobierno de Trump; también la ley que crea la Lista Engel, la cual se hizo durante el gobierno de Trump con apoyo bipartidista.
Esta decisión del gobierno de Biden refleja una política de EE. UU. con cierta base bipartidista, dado que la lucha contra la corrupción y el crimen organizado no es una cuestión de izquierda versus derecha.
LH: ¿Qué consecuencias puede traer para GT (la sanción de la Lista Engel) a lo interno de EE. UU.? ¿menos inversionistas o ayuda?
Haber tomado esta decisión señala que EE. UU. prioriza sus objetivos de largo plazo en Centroamérica y en Guatemala de apoyar a la democracia, el Estado de Derecho, y las acciones contra la corrupción.
Las situaciones tan negativas en Nicaragua y en El Salvador seguramente influyeron en esta decisión. También está claro que EE. UU. está dispuesto a tomar más acciones, incluyendo en otras áreas.
Sobre la cooperación oficial, ésta siempre depende de los acuerdos bilaterales entre los dos países sobre objetivos compartidos. EE. UU. piensa que la inversión extranjera es muy necesaria, pero para atraer esa inversión hace falta un Estado de Derecho.
El subsecretario de estado -Bryan A.- Nichols ha señalado que EE. UU. mantiene un interés en cooperar con Guatemala.
LA SANCIÓN A LA FISCAL GENERAL
El pasado lunes, la fiscal general, María Consuelo Porras y el secretario general del MP, Ángel Pineda fueron incluidos en la Lista Engel por el Departamento de Estado, señalados de obstruir investigaciones por actos de corrupción y por la destitución de Juan Francisco Sandoval extitular de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad.
