El presidente Bernardo Arévalo aún no define si sancionará o vetará el Decreto 18-2026, aprobado por el Congreso de la República, que elimina el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) para viviendas y establece nuevos cobros para inmuebles de uso comercial y otros usos.
El decreto fue aprobado el 29 de julio con 107 votos y posteriormente ingresó a la Secretaría General de la Presidencia, donde comenzó el proceso de análisis previo a que el mandatario tome una decisión. Hasta ahora, el Ejecutivo no ha establecido una fecha para concluir la revisión ni para determinar si la normativa será sancionada o devuelta al Congreso.
Consultado por La Hora el pasado 10 de agosto, Arévalo aseguró que todavía no existe una decisión sobre el futuro del decreto y señaló que el Gobierno analiza tanto sus implicaciones técnicas como políticas.
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“Ahorita la estamos analizando para fijar una posición”, afirmó el mandatario.
El presidente también cuestionó si la reforma responde realmente a una necesidad de la población o si detrás de su aprobación existe un interés electoral.
“Uno tiene que ver si efectivamente la legislación responde a un genuino interés en atender a un problema o a una necesidad del pueblo guatemalteco o responde a una política electorera”, expresó Arévalo.
¿QUÉ CAMBIA EL DECRETO?
La reforma establece una tasa de cero por millar para los inmuebles de uso residencial y de uso mixto, con lo cual se elimina el cobro del IUSI para las viviendas. Para los inmuebles de uso comercial y otros usos se establece una tarifa escalonada de hasta 9 por millar.
Además, el decreto prohíbe a las municipalidades condicionar la prestación de servicios básicos al pago del IUSI y modifica la distribución de los recursos provenientes del Impuesto de Timbres Fiscales relacionado con las transferencias de inmuebles.
Los cambios al IUSI entrarían en vigencia 90 días después de la publicación del decreto en el Diario Oficial, mientras que otras modificaciones incluidas en la normativa comenzarían a aplicarse en fechas distintas.
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FINANZAS YA HABÍA ADVERTIDO SOBRE EL IMPACTO
Previo a la aprobación del decreto, el Ministerio de Finanzas Públicas manifestó preocupación por la eliminación del IUSI sin establecer un mecanismo que sustituya los ingresos que las municipalidades reciben mediante este impuesto.
Según lo expuesto por Finanzas, esta situación podría afectar los recursos destinados al desarrollo y la infraestructura de los gobiernos locales e incluso enviar una señal negativa a las calificadoras de riesgo.
A esto se suma que la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia señaló el 5 de agosto que al Ejecutivo le “preocupa” la medida y que el análisis buscará determinar si existe un beneficio real para la población.
Por ahora, la decisión permanece en manos de Arévalo. El decreto ya fue trasladado al Ejecutivo, pero no existe confirmación de que será sancionado ni de que será vetado, por lo que ambas posibilidades continúan abiertas mientras Presidencia concluye el análisis.
