Guatemala tiene energía para crecer. Hay proyectos de generación en marcha, capital dispuesto a invertir y una demanda que seguirá aumentando. Pero hay una pieza que puede frenar todo lo demás: la red que debe llevar esa electricidad hasta donde se necesita.
Ese es el punto de coincidencia entre reguladores, transportistas, generadores y comunidades: el desafío ya no es solo producir más electricidad, sino construir a tiempo la infraestructura para transportarla.
EL DIAGNÓSTICO: UNA RED QUE SE QUEDÓ ATRÁS
Entre 2015 y 2025 la red pasó de 470 km a cerca de 6 mil 793 km en 230 kV y 69 kV, según AGER. Un crecimiento importante, pero insuficiente. En la actualidad, el sistema no se da a abasto para conectar 1 mil 600 MW solo de la PEG-5, más lo que venga de la PEG-6, más la demanda que crece cada año.
La Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) reconoce que la infraestructura sigue siendo insuficiente en varias regiones y que los retrasos encarecen la inversión y desincentivan a nuevos actores, explicó Luis Ortiz, Presidente de la CNEE.
El Instituto Nacional de Electrificación Eléctrica (INDE), por su parte, opera hoy en día más de 3 mil 400 km de líneas y subestaciones y garantiza que la energía fluya 24/7. Pero operar lo existente no es lo mismo que expandir lo que el país necesita mañana.
El Plan de Expansión plantea prácticamente duplicar la infraestructura. La cuenta es grande: entre USD 2 mil 500 a USD 3 mil millones, 5 mil km de líneas y más de 200 subestaciones en los próximos años, según los datos de la Asociación Guatemalteca de Transportistas de Electricidad – AGTE.
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EL PROBLEMA CENTRAL: EL TIEMPO
Un proyecto de transmisión eléctrica puede construirse en tres o cuatro años. En Guatemala, sin embargo, el proceso puede extenderse entre seis y ocho años, y en algunos casos llegar hasta 13 años.
Para Ana Beatriz Sánchez Melgar, directora ejecutiva de AGTE, el desafío es claro: “acelerar el desarrollo de la red para que esté disponible cuando Guatemala la necesita”. El problema, explica, se concentra en cuatro nudos críticos:
Permisología: La duplicidad de trámites ambientales, forestales y municipales, sumada a la falta de criterios uniformes, alarga los procesos. Una autorización que se retrasa puede terminar bloqueando todo el proyecto.
Municipalidades: Cada comuna puede establecer requisitos distintos. Para los inversionistas, el reto no es eliminar las competencias municipales, sino contar con reglas claras y procesos previsibles y eficientes.
Servidumbres y derecho de vía: La gestión de estos derechos puede tomar entre dos y cuatro años. El desafío está en encontrar mecanismos que protejan los derechos de los propietarios, pero que también permitan resolver los procesos dentro de los plazos que requiere la infraestructura.
Conflictividad social: La oposición comunitaria puede detener o retrasar las obras. Pero detrás de algunos de estos conflictos también existe una demanda histórica: comunidades que llevan años esperando presencia del Estado en servicios como salud, educación e infraestructura.
EL DEBATE DEBE SER INCLUYENTE, PIDEN COMUNIDADES
Para las comunidades indígenas, además, el debate trasciende la construcción de una línea de transmisión.
El 9 de agosto presentaron un amparo contra la iniciativa 6665, “Ley de Infraestructura Urgente”, al considerar que podría vulnerar derechos relacionados con la propiedad comunal, la consulta previa, el ambiente, el agua y los lugares sagrados.
Su posición es de fondo: no puede haber nuevas líneas de transmisión sin diálogo previo y sin respeto a los territorios y derechos de las comunidades.
LA PEG 5 REPRESENTA UN ÉXITO Y UN RETO
La mayor licitación eléctrica en la historia de Guatemala fue la PEG-5, con la cual se contrataron 1,258 megavatios de energía, en su mayoría de fuente renovables, que redefinirán el futuro energético del país para los próximos 15 años.
La PEG-5 (quinta licitación del Plan de Expansión de Generación Eléctrica en Guatemala) fue adjudicada a 57 proyectos que comenzarán a operar el 1 de marzo de 2030.
El proceso marca no solo la magnitud de la contratación energética, sino también un cambio estructural en la matriz energética, con una fuerte apuesta por tecnologías renovables y soluciones innovadoras como el almacenamiento de energía a través de baterías.
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Los 57 proyectos adjudicados que aportarán al sistema 1 mil 258 megavatios (MW), equivalen al 90 % de la demanda proyectada.
La PEG-5 adjudicó 73% de su energía a tecnologías renovables y 49% de los proyectos corresponden a plantas nuevas, incluyendo proyectos solares con almacenamiento en baterías; los efectos de estos contratos en las tarifas se verían hasta 2030.
LA URGENCIA: PET-4 Y UNA VISIÓN DE ESTADO
Los consultados coinciden en que el PET-4 (Plan de Expansión del Sistema de Transporte) debe lanzarse ya. «Más que hablar de obras adjudicadas, Guatemala debe pensar en lanzar PET-4 lo más pronto posible y en licitaciones consecutivas», plantea Sánchez Melgar.
Acá, vale la pena recordar lo que sucedió con la PET-3, el cual fue un proceso anterior que pretendía ampliar la red de transporte; sin embargo, lo no logró adjudicar las obras previstas, por lo que el Gobierno prepara la PET-4 con un nuevo planteamiento.
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El reto adquiere mayor urgencia tras la PEG-5 ya que Guatemala debe asegurar que las líneas y subestaciones necesarias estén listas cuando esas plantas entren en operación.
En otras palabras, el país avanzó en contratar nueva energía, pero necesita acelerar la infraestructura que permitirá transportarla.
AGER es aún más directo: el PET-4 es «prioritario y urgente» y debe enfocarse en reforzar la red troncal de 138 mil 230 y 400 kV para conectar la generación de PEG-5 a los centros de consumo, reducir pérdidas y dar estabilidad al sistema.
Para el regulador, la solución pasa por diálogo con resultados. «Tenemos que entrar en un diálogo que involucre a todos los actores, pero que genere resultados. Si no, los proyectos no generarán la electricidad que necesitamos», advierte Ortíz.
La propuesta de AGTE va más allá de la ingeniería. «La expansión no debería verse como un proyecto de una institución. Debe entenderse como un proyecto estratégico de Estado».
Eso implica acompañar a las comunidades antes, durante y después de la obra. Informar qué es el proyecto y por qué sirve al país.
Adicionalmente, coordinar con municipalidades y que la llegada de una línea se traduzca también en desarrollo territorial.
Además, Guatemala tiene una oportunidad regional. Con una red robusta de 230 kV y pensando en 400 kV, el país puede posicionarse como «carretera eléctrica» entre México y Centroamérica.
Pero eso requiere planificación regional coordinada, no solo construir dentro de Guatemala, advierte la AGTE.
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¿QUÉ SE NECESITA AHORA?
El marco jurídico ya existe y podría mejorarse. Hay mecanismos de licitación e inversión privada. Lo que falta, coinciden todos, son condiciones:
- Certeza y previsibilidad: Reglas claras, plazos definidos, asignación adecuada de riesgos. Que el inversionista no cargue con riesgos que no controla, como permisos y servidumbres.
- Rentabilidad acorde al riesgo: Actualizar las condiciones económicas para atraer capital de largo plazo.
- Coordinación interinstitucional real: Entre Gobierno central, municipalidades, CNEE, MEM e INDE.
- Gestión social preventiva: No esperar a que llegue el topógrafo para hablar con la comunidad.
Guatemala no tiene un problema de generación. Tiene un problema de transporte. Si el PET-4 no arranca ya, la nueva generación se quedará varada, la demanda crecerá sin respuesta y se perderá la oportunidad de ser un hub regional.
La transmisión no puede seguir esperando. O el país acelera los permisos, ordena el territorio y construye con las comunidades, o el desarrollo eléctrico de los próximos 10 años se frena aquí.
